La mujer que denunció al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González por una agresión sexual ha recurrido la decisión del juez de rechazar la “plena reserva” de las pruebas aportadas por su defensa, que ha pedido ahora su “confidencialidad garantizada”.
Así lo ha solicitado el abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, en un escrito, en el que remarca que las pruebas -“mensajería, audios y listados de llamadas”- son “información de máxima intimidad y datos especialmente sensibles”.
Asimismo, Piedrafita aprecia “riesgo concreto y acreditado”, al existir “filtraciones previas que ya han forzado la implantación de escolta policial para salvaguardar la seguridad de la querellante”.
Por ello, el abogado solicita “una medida procesal de mínima intensidad” con el objetivo de “evitar nuevas difusiones y a proteger contenido potencialmente sensible”.
La denegación de la solicitud previa de Piedrafita, según el escrito, “implica que no se ha ponderado la intensidad del sacrificio impuesto a la víctima frente a la utilidad real” de la medida
“Al optar por una entrega digital irrestricta, la providencia” del juez que rechazó la total reserva reclamada “se decanta por la alternativa menos protectora posible, dejando la pretendida confidencialidad reducida a una declaración puramente formal mientras el riesgo material de difusión permanece intacto”, puntualiza.
Filtración de datos personales
Piedrafita solicitó “la plena reserva y salvaguarda de la prueba en sede judicial”, para que pudiera ser consultada “únicamente en la misma bajo la presencia de la letrada de la Administración de Justicia para evitar más filtraciones que vulneran la identidad” de la denunciante.
Al respecto, avisó al juez de “la reprobable situación” de la mujer -agente de la Policía- por la filtración de sus “datos personales”, lo que precisó de “la implantación de escolta policial para garantizar su seguridad”.
Según detallaba en el escrito, el abogado entregó al juzgado un listado de llamadas realizadas a la denunciante por el exdirigente policial, pantallazos de los mensajes recibidos vía WhatsApp aludidos en la querella y grabación de los audios realizados por ella y que también son descritos en la misma.
El juez aseguró “la confidencialidad”
Posteriormente, el juez dio traslado a la defensa de González de las pruebas aportadas por la mujer denunciante y aseguró su “confidencialidad”, pero rechazando la “plena reserva” que pedía ella.
Según una providencia, el juez respondió así a la mencionada solicitud de la denunciante. El juez tomó cuenta de esa prueba y dio “traslado de la misma al querellado, a través de su representación procesal, y al Ministerio Fiscal”.
“No accediéndose”, apostilló, “a lo solicitado de que sólo pueda ser examinada en sede judicial, en presencia de la letrada de la Administración de Justicia, habida cuenta que el traslado se realiza a las partes personadas y a Ministerio Público a través de un canal seguro que garantiza la confidencialidad”.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid, que instruye la causa, reclamó la semana pasada al abogado de la agente de Policía que se ha querellado contra el exDAO tanto los audios como el resto de pruebas del presunto delito de agresión sexual.
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