Señoras y señores, el Gobierno lo ha reconocido: hacen falta más jueces especializados
en violencia machista. Y explican que por eso el Consejo de Ministros ha aprobado este
martes la creación de cincuenta plazas de jueces y 42 fiscales. Como titular está guay. Pero se les ha escapado dar algún que otro detalle. Vamos con ello.
Más jueces, no más juzgados
Ampliar el número de jueces es una respuesta casi inmediata a la nueva realidad a la
que se enfrentarán los juzgados de Violencia sobre la Mujer a partir de octubre: asumirán todos los delitos de violencia sexual, no solo los relacionados con el ámbito de pareja, como hasta ahora. Eso incluye los delitos de agresión sexual, trata sexual, matrimonios forzados y mutilación genital femenina, entre otros.
Ante el riesgo que suponía que el mismo número de juzgados atendiesen un aumento
significativo de casos, el Gobierno, ha actuado. Más jueces. Pero no más juzgados. Y eso que, por lo que sea, tras las puertas de un juzgado no solo la figura del juez es la que importa.
“Esto es como querer tapar un agujero con aire”
“Esto es como querer tapar un agujero con aire. Una vergüenza. ¿De qué sirve que haya un juez más si no hay más funcionarios, no hay más equipo psicosocial, no hay más forenses?”, es Cira García Domínguez, titular del Juzgado de Violencia sobre la mujer número 1 de Getafe, quien habla.
García Domínguez, junto a otros magistrados, ya alertó en este mismo periódico hace
meses de lo que supondría la asunción de nuevas competencias en estos juzgados: más
desprotección para las víctimas y una posible bomba de humo en varios juzgados en busca de una mejor calidad de vida.
No se tiene en cuenta a las víctimas
“Se crean plazas de jueces, pero de competencias en materia de dotación presupuestaria, ni hablamos”, explica la magistrada. “Esto es un parcheo, esto es hacer las cosas mal, es hacerlas sin tener en cuenta el impacto que van a tener las víctimas”.
Y esto último, para ella, es lo más importante: de una sala de tres metros cuadrados, por
la que antes podían pasar dos o tres víctimas diarias, ahora podrá haber ocho. Y aumentar el número de jueces no soluciona, por ejemplo, este problema. “Estamos
hablando, también, de que mediante estas -falsas- soluciones se pretendía reducir la
violencia institucional. Y así, desde luego, no se soluciona“, insiste García Domínguez.
¿Cómo adjudicarán las plazas?
Otro de los problemas que plantean al aumento del número de jueces es el cómo se van
a adjudicar estas plazas. De las cincuenta anunciadas, ocho de ellas serán de transformación. “Nosotros tenemos una reforma de la ley del Poder Judicial del 2018 que establecía que los juzgados de violencia éramos o somos una jurisdicción especializada. Pero el Consejo no ha hecho ninguna prueba de selección. Quiere decir que a fecha de hoy cualquier juez o jueza puede ir a un juzgado de violencia“, explica.
Y esto quiere decir que, a más vacantes, y más plazas, más posibilidades de que “ahora
mismo, dado que no se exige esa formación obligatoria” cualquier juez o jueza, puede
hacerse cargo de estos juzgados. Sin importar, por ejemplo, cuan de machista pueda ser ese nuevo juez o jueza.
La carga de trabajo supera el 20 por ciento
Hay más: según el ministro de Presidencia, Felix Bolaños, la nueva medida aliviará ese incremento del 20 por ciento de la carga de trabajo en los juzgados de violencia de género provocado por las últimas reformas judiciales.
García Domínguez, desmiente al ministro: “La carga, de primeras, es mucho mayor que
un 20 por ciento. Porque lo que siempre hemos estado reivindicando-los jueces- es que no se trata sólo de incremento del número de asuntos, sino del tipo de asuntos que llevamos”. No es lo mismo tramitar o instruir un procedimiento de un delito de hurto, que un delito de contra la libertad sexual o un delito de trata. Se necesitan más recursos y más tiempo. Y eso no se arregla con un nuevo juez.
“Un panorama serio y peligroso”
Esta es la realidad en los juzgados de violencia sobre la mujer. Pese a ello, el Gobierno
no ha olvidado recordar que, con esta ampliación, se prevé un incremento del 50 por ciento del número de jueces especializados en violencia sobre la mujer en España y, con ello, “se cumple con las obligaciones del Convenio de Estambul”. Pero, por lo que sea, una vez más, hablan de “previsión”.
Una sospecha. Un pensamiento. Un quizá. Así que, en realidad, aún no se estaría
cumpliendo con el Convenio de Estambul, solo se “cree” que se cumplirá.
El panorama, en palabras de la magistrada, “es bastante serio y peligroso“. Pero oye, como titular, esos nuevos 50 jueces y 42 fiscales anunciados hoy en Consejo de
ministros, está guay.