Hace poco más de una década, en 2015, la edad de consentimiento sexual en España era de 13 años. Trece. No en 1984. No en un pasado remoto que podamos despachar como “otros tiempos”. En 2015. El mismo año que llegó Netflix a España, para que se hagan una idea. Prácticamente antes de ayer.
Durante décadas, la ley consideró que una niña de 13 años podía consentir una relación sexual con un adulto. Y lo hizo sin provocar una conmoción social ni debates acalorados. Esa ausencia de indignación no fue un despiste, no fue ignorancia. Fue coherencia con una realidad, según muestran las estadísticas, mucho más amplia.
Una de cada cinco mujeres y alrededor de uno de cada siete hombres en todo el mundo han sufrido violencia sexual antes de los 18 años, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
No son monstruos
En España, los datos apuntan en la misma dirección. Un estudio basado en encuestas retrospectivas a población adulta, publicado en 2023 en la European Journal of Psychology Applied to Legal Context, revela que el 22,1 % de las mujeres y el 9,2 % de los hombres declararon haber sido víctimas de abuso sexual en su infancia
Distintos informes incrementan su prevalencia cerca del 30 por ciento. No hablamos de casos excepcionales ni de episodios aislados, sino de una experiencia que ha marcado la vida de miles y miles de personas. Una violencia estructural e invisible.
Durante años, la violencia de género se explicó como una suma de casos aislados cometidos por monstruos. Hoy sabemos que no lo eran: son hombres socializados en un sistema que tolera y justifica su violencia. Con el abuso sexual infantil ocurre algo similar.
En la inmensa mayoría de los casos, el agresor no es un extraño. Es un hombre conocido por la víctima, muchas veces un familiar, integrado en su hogar o en su entorno escolar y social. No son monstruos. Y precisamente por eso el problema es tan difícil de asumir.
Epstein y las élites económicas, políticas y culturales
El caso de Jeffrey Epstein nos ha abierto los ojos a golpe de fotos, correos electrónicos y testimonios. Y ha terminado de desmontar la coartada de que la pedofilia y la pederastia son patrimonio de sujetos marginales y aislados.
Todo apunta a que las élites económicas, políticas y culturales —e incluso varios miembros de casas reales europeas— participaron, directa o indirectamente, en una red de trata y explotación sexual de niñas, mujeres y adolescentes. ¿Todos son monstruos? ¿O estamos descubriendo un patrón?
Esa lógica no pertenece solo a islas privadas ni a élites globales. En España, una investigación del diario infoLibre reveló esta semana que, entre 2020 y 2024, al menos 56 niñas de entre 13 y 15 años fueron madres de hijos cuyo padre era un hombre adulto.
En muchos de esos casos, las diferencias de edad eran extremas: padres de más de 30 años, y también de 40 y 50, con niñas que ni siquiera habían alcanzado la edad legal de consentimiento sexual. Algunos expedientes recogen diferencias de más de treinta años entre la menor y el adulto.
Lo más significativo no es solo que estos casos existan, sino cómo fueron registrados. Aparecen en estadísticas oficiales, en registros civiles, en bases de datos administrativas. No activaron una alarma ni una respuesta institucional proporcional a la gravedad de lo que implican.
La pornografía como termómetro social
Otra pregunta interesante, y que arroja luz sobre este fenómeno es: ¿con qué fantasean los hombres? Un simple vistazo a las plataformas pornográficas más conocidas es un libro abierto sobre el deseo masculino. Y asusta. Adolescentes. Uniformes. Coletas. Rostros aniñados. Cuerpos sin vello, despojados de cualquier signo visible de madurez. Escenarios de dominación, violencia sexual y violaciones representadas como fantasía. Muchas de esas escenas guardan una inquietante similitud con los relatos de las víctimas sobre lo que ocurría en la isla de Epstein. Que los hombres consuman este contenido no los convierte en pederastas, pero sí habla de la normalización de sexualizar a la infancia y adolescencia.
A la pregunta de si vivimos en una sociedad pedófila, la socióloga experta en Género e investigadora Social, Beatriz Bonete, responde sin ambigüedades: “La sociedad no es pedófila; los hombres lo son”.
Bonete se apoya en los datos disponibles. La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, publicada hace unos meses, indica que el 98,3 % de los agresores en violencia sexual son hombres. En la otra cara de la moneda están las víctimas: en torno al 80 % son niñas y adolescentes, según el informe ‘Por una justicia a la altura de la infancia’ (2023).
A partir de ahí, Bonete rechaza de forma explícita la idea de los “monstruos”. “Estos datos no describen a sujetos excepcionales ni desviados”, sostiene, “sino un patrón estructural” que se vuelve especialmente visible en casos como el de Epstein, donde hombres con poder accedían a menores a través de redes de trata sin quedar inmediatamente expulsados del sistema”.
Una forma de deshumanización
“La violencia sexual no se ejerce desde la fuerza, sino desde el poder“, explica. Aunque los hombres puedan ser físicamente más fuertes, “no buscan imponerse a quienes consideran sus iguales, sino a quienes perciben como vulnerables”. “No es una demostración de fortaleza, sino una imposición sobre la debilidad“.
Para Bonete, ahí reside la clave más incómoda. “No hay nada de heroico ni de viril en estas conductas”. Lo que aparece es “una profunda falta de humanidad”: “Saben que agredir a una niña o a una adolescente va a dejar una marca, que las hará aún más vulnerables y, a sus ojos, menos humanas”.
Ese proceso, concluye, no se queda en el delito, sino que permea la cultura. “La sexualización de las niñas se normaliza sin que se nombre como lo que es: una forma de deshumanización“.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.