Después del maltrato, rehacer la vida exige recursos: un lugar seguro donde vivir, atención psicológica e ingresos para sostenerse si no puede trabajar. Si hay hijos, también hay que cubrir su comida, sus cuidados y la atención psicológica que puedan necesitar, además de procurar que tengan espacios y actividades propias. A veces, la madre necesita pagar a alguien que los atienda mientras trabaja o acude a sus citas. En muchas familias, si no se fija una pensión de alimentos o el padre se niega a pagarla, esos gastos no desaparecen: recaen sobre ella. Las ayudas públicas buscan cubrir necesidades concretas y dar a la mujer y a sus hijos margen para reconstruir su vida.
¿Tiene sentido que una ayuda concedida por la violencia que una mujer ha sufrido reduzca también la parte de los gastos que debe pagar quien, según ella, ejerció esa violencia?
Eso es lo que se pregunta Marta (nombre ficticio) después de que le concedieran una beca de comedor por su condición de víctima de violencia de género. La ayuda cubre solo una parte del coste del comedor. El colegio decidió repartir esa cuantía por mitades: aplicar una mitad al gasto que paga ella y la otra al que corresponde a su expareja, siguiendo la resolución de separación de 2020. Para que la beca se descuente solo de la parte que paga ella, le dijeron que tendría que pedir una modificación de medidas en el juzgado, un proceso que podría alargarse más de un año.
Una ayuda acreditada
“Yo nunca denuncié”, explica Marta. Su médica de cabecera la derivó a un servicio especializado en violencia de género, donde profesionales de la psicología y del trabajo social valoraron su situación y la acreditaron como víctima. Este año le hablaron por primera vez de la beca: “Lo único que tenemos que presentar es un certificado que nosotros desde aquí te lo hacemos y ya está”.
Marta tiene la custodia compartida y, además, un procedimiento abierto relacionado con el maltrato a su hijo. Distingue esa causa de una denuncia por violencia de género contra ella: no denunció a su expareja por violencia hacia sí misma. Su hijo tiene una discapacidad y ella cuenta que ha tenido que insistir ante el colegio para que reciba los apoyos que necesita.
Al preguntar a la Comunidad de Madrid cómo se aplicaría la beca, desde el departamento de ayudas le respondieron que debía decidirlo el colegio. A Marta le daba reparo escribir al centro y contar que era víctima: nunca había hablado allí de esa situación. Cuando lo hizo, le confirmaron que su hijo figuraba como beneficiario en la modalidad para víctimas de violencia de género. Ella les explicó que la ayuda se había concedido por sus circunstancias, “nada que ver ni con el papá ni con el niño”, y que le parecía lógico que se descontara de la parte que ella paga.
El colegio consultó a la inspección y aplicó el reparto establecido en la resolución de separación. Para Marta, el centro no tuvo en cuenta que la situación que daba derecho a la beca era la suya, no una circunstancia compartida por ambos progenitores. Sintió que el colegio se ponía de parte de su expareja.
“Debería existir un protocolo”
Marta no responsabiliza únicamente al colegio. Cree que la Comunidad de Madrid no debería dejar en manos de cada centro la decisión sobre cómo repartir una ayuda de este tipo. “Esto debería venir indicado en las bases por parte de la Comunidad de Madrid”, sostiene. “Debería existir un protocolo, punto”.
En convocatorias anteriores, explica, había una cláusula general para las ayudas vinculadas a las circunstancias de uno de los progenitores: si solo uno cumplía el criterio —por ejemplo, por sus ingresos—, solo ese progenitor podía beneficiarse. Marta afirma que esa previsión ya no aparece en la convocatoria actual.
Conoce a otras madres con el mismo problema. Una vecina tiene la custodia monoparental, pero su sentencia también establece que los gastos escolares se pagan al 50%. Su colegio, concertado, le dio la misma respuesta que al de Marta, cuyo centro es público. “No pueden hacer nada. Bueno, no pueden hacer nada, no quieren hacer nada”, dice sobre la contestación que recibió la otra madre.
La violencia económica
Marta relaciona la beca con la violencia económica que cuenta haber sufrido. Al divorciarse, explica, su expareja cerró sus empresas y declaró unos ingresos de 1.000 euros. Aunque la diferencia salarial entre ambos era considerable, no se fijó una pensión compensatoria. “Es una parte de la violencia que ha ejercido siempre sobre mí”, dice.
La situación también le ha provocado ansiedad. Después de una crisis acudió a una cita que ya tenía con la psicóloga y la trabajadora social del servicio especializado. Allí habló de cómo se había sentido en el colegio: “Lo que nos hacen sentir es que nosotros tenemos la culpa, que estamos locas, nos lo estamos inventando. El propio colegio me ha hecho sentir así”.
Al explicar que el descuento puede beneficiar también a su expareja, se ríe de impotencia: “Se le está premiando el maltrato”. Después reconoce que la situación le dan ganas de llorar. Para Marta, que una mujer acreditada como víctima tenga que volver al juzgado para reclamar una ayuda ya concedida es una forma de violencia institucional: una nueva carga que se suma a las que ya soporta.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.