El asesinato de Tulia Ester tras una cadena de errores ha desatado la indignación de las asociaciones de víctimas de violencia de género. Rabia, frustración e impotencia ante lo que llevan años denunciando: un sistema que falla cuando más debería proteger.
“No se nos cree”
La reacción es unánime, pero uno de los ejes más repetidos es la falta de credibilidad hacia las víctimas. “No se nos cree”, resume Ana Bella. Recuerda que las mujeres que sufren violencia tienden a minimizar el riesgo, algo ampliamente estudiado. “Es uno de los síndromes de la mujer maltratada”, explica. Por eso, insiste, no se puede trasladar a ellas la responsabilidad de evaluar el peligro ni de decidir sobre su propia protección.
A su juicio, el problema no es solo de medidas, sino de enfoque, “no hay que proteger solo a la mujer, hay que controlar o encerrar al que va a causar el daño”. Además, advierte de una carencia estructural: muchas víctimas no saben realmente el riesgo que corren. “Ni siquiera saben cuál es su nivel de riesgo”, señala, lo que condiciona sus decisiones cuando se les ofrece protección.
“No estaba en condiciones de decidir”
En la misma línea, desde el colectivo Madre Mía: “No vale poner el foco en ella. No estaba en condiciones de tomar ninguna decisión”, subrayan.
Recuerdan que Tulia acababa de sufrir una agresión grave —con un martillo y dentro de su propia casa— y que eso, por sí solo, ya era un indicador de riesgo extremo. “A nadie se le puede pasar por alto una situación así”, denuncian.
Desde el colectivo cuestionan también cómo se gestionó su atención tras la agresión. “Se vende como que la acompañan, pero en la práctica es un traslado”, explican. Y critican la falta de apoyo real en un momento de shock: “Esa mujer necesitaba acompañamiento especializado, alguien que pudiera decidir por ella o ayudarla a entender la situación”.
“No te explican tus derechos antes de declarar”. Denuncian que muchas víctimas firman documentos sin saber realmente qué implican ni qué opciones tienen. “No tienen las herramientas para decidir”, insisten.
Además, cuestionan directamente la eficacia del sistema de protección, “un riesgo medio es que un policía te llame por teléfono y te pregunte cómo estás”. Y lanzan una crítica de fondo: “Si no se puede proteger a todas las víctimas, habrá que controlar a los agresores”.
Para el colectivo, el problema es estructural: “La policía, los jueces y los fiscales no están haciendo bien su trabajo”. Y concluyen con una idea clara: “Esa mujer tendría que estar viva y ese hombre tendría que estar vigilado”.
Fallos en la valoración y la respuesta
Tras esa falta de credibilidad, las asociaciones señalan directamente a los fallos en el sistema de evaluación del riesgo y en la respuesta institucional.
Gregorio Gómez, de la asociación ALMA, cree que el problema es de base: “Las órdenes de alejamiento no valen para nada”. Considera que el sistema no se centra adecuadamente al agresor. “Si no analizamos al que puede causar el riesgo, no sabremos hasta dónde puede llegar”.
También insiste en que la protección no puede depender de la voluntad de la víctima, “hay que dársela sí o sí”. Y cuestiona que, tras un quebrantamiento violento de una orden de alejamiento, no se adoptaran medidas más contundentes: “Esa persona debería estar en prisión preventiva”.
La “trampa” de denunciar
Para Olga Caldera, de la asociación AMAR, “el sistema ha fallado a Tulia”. Y va más allá: “Pedimos a las mujeres que denuncien, pero el juzgado las deja desprotegidas en el momento de mayor riesgo”.
La libertad provisional del agresor sin medidas de control, advierte, “es en la práctica una sentencia de muerte”.
El foco en la víctima
Otra de las críticas recurrentes es la tendencia a responsabilizar a la mujer incluso después de haber denunciado.
Desde la asociación Somos Más lo resumen así: “Seguimos poniendo el foco en la víctima y no en el agresor”. Denuncian que se sigue dejando en libertad a hombres que ya han demostrado comportamientos violentos. “Seguimos poniendo en la calle a un maltratador que ha destrozado una casa y amenazado a una mujer”.
Para la organización, es “inadmisible” insinuar que la víctima tiene responsabilidad por rechazar medidas de protección. “Pretender que una mujer en esa situación esté en condiciones de decidir es inadmisible”.
Órdenes de alejamiento “de papel”
Las órdenes de alejamiento son otro de los puntos más cuestionados.
Desde la Asociación MAMI, Rosalía González, lo resume así: “Son una pantomima”. Critica que su eficacia dependa de la voluntad del agresor: “Se basa en su buena fe, y eso no funciona”.
En la misma línea, desde Somos Más insisten en que se trata de “una simple hoja de papel que no protege de nada” si no va acompañada de medidas reales.
González plantea alternativas claras: “El que tiene que estar controlado es él. Si ya ha golpeado, ¿por qué no lo va a volver a hacer?”.
Un fallo que se repite
Todas las asociaciones coinciden en el diagnóstico, no se trata de un caso aislado. El asesinato de Tulia no evidencia la ausencia de protocolos, sino sus límites. Un sistema que se activa, pero no siempre protege. Que clasifica, pero no siempre interpreta. Y que, en demasiadas ocasiones, sigue reaccionando tarde. Una vez más, una mujer denunció. Una vez más, el sistema no fue capaz de protegerla.
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