Tulia Ester, la mujer asesinada el lunes en Córdoba por su expareja pidió ayuda. Denunció dos veces las agresiones que sufrió por parte de su agresor. El viernes tras un ataque y el sábado cuando el presunto asesino quebrantó la orden de alejamiento y se presentó en su casa con un martillo. Sin embargo, él quedó libre, sin vigilancia y el lunes a las nueve de la mañana, apenas una hora antes del juicio por la agresión del viernes, la apuñaló hasta la muerte en el portal de su casa.
La cadena de errores de este caso no es un caso aislado. Casi la mitad de las mujeres asesinadas este año por violencia de género habían acudido al sistema en busca de ayuda y no encontraron la protección suficiente. Siete de las dieciséis víctimas mortales, un 43,8% del total.
“El fallo es el modelo”
El problema, advierte el médico forense y experto Miguel Lorente, no es un error puntual. Es estructural. “No me gusta hablar de fallo porque entonces creemos que esto se soluciona corrigiendo esas cosas, cuando el fallo es el modelo, el sistema que tenemos”.
Denunciar, explica, no es un paso cualquiera. Es, de hecho, la excepción. “La mayoría de las mujeres no denuncia”. Aunque cada año se registran en torno a 200.000 denuncias, las estimaciones sitúan en más de dos millones las mujeres que sufren violencia. “La denuncia representa un porcentaje muy bajo”, apenas una minoría. En algunos cálculos, en torno al 8%.
Por eso, insiste, el simple hecho de denunciar ya debería activar todas las alertas. “El hecho en sí de romper con todos esos obstáculos ya es un elemento de riesgo a considerar”. No es un trámite más: es un momento crítico en el que el agresor pierde el control y la violencia puede escalar.
En ese contexto, que un caso sea catalogado como de riesgo medio no debería interpretarse como una situación contenida. Al contrario. “La inmensa mayoría de las mujeres que denuncian tienen un riesgo bajo”, explica. Por eso, cuando una valoración arroja un riesgo intermedio, “ya es muy preocupante”.
Actuar en cada caso concreto
Pero el sistema sigue respondiendo muchas veces con esquemas generales. Protocolos. Categorías. Medidas estándar. “No lo que hay que hacer ante un riesgo moderado, sino ante el caso concreto”, subraya. Es decir, no basta con clasificar, hay que entender qué está pasando en cada historia individual.
Y en el caso de Tulia, lo que estaba pasando era evidente. El sábado, apenas un día después de la denuncia, su agresor quebrantó la orden de alejamiento. No solo se acercó, se presentó en su casa con un martillo, destrozó objetos y la agredió. Para Lorente, ese episodio cambia el escenario. “Con más motivo todavía”, insiste. “Estás viendo que quebranta la orden con violencia”.
No se trata de un incidente menor. Es la suma de dos delitos: el quebrantamiento de una medida judicial y un acto de violencia directa. Y, sobre todo, es una señal inequívoca de escalada. “Si una persona con riesgo medio lleva a cabo un acto de violencia rompiendo una medida de alejamiento, lo que te está diciendo es que ese componente de la violencia está presente”.
En cualquier otro contexto, un comportamiento así tendría consecuencias inmediatas. “Si tú te vas a la puerta de un ministerio y empiezas a romper con un martillo, veremos si te detienen o no”, ejemplifica. Sin embargo, en el ámbito de la violencia de género, esa gravedad no siempre se traduce en una respuesta proporcional.
Lo que debería haber ocurrido, sostiene, es una reevaluación urgente del riesgo y la adopción de medidas más intensas: desde la prisión provisional hasta dispositivos de control como la pulsera telemática o un seguimiento policial. “No dejarlo ahí”, resume.
Pero eso no pasó.
Orden de alejamiento, la eficacia de la protección depende de quien ejerce la violencia
La respuesta volvió a ser la misma: una orden de alejamiento. Una medida que, en la práctica, tiene un límite evidente. “Estamos dejando en manos del agresor el cumplimiento de esa orden”, advierte. Es decir, la eficacia de la protección depende de quien ejerce la violencia.
A esa debilidad estructural se suma otra, la tendencia a trasladar a la víctima la responsabilidad de su propia seguridad. En el caso de Tulia, se le ofreció acompañamiento policial hasta el juzgado el día del juicio. Ella lo rechazó.
Pero, como recuerda Lorente, ese rechazo no puede cerrar el problema. “Las víctimas minimizan el riesgo”, explica. Y, además, lo hacen en un contexto social que constantemente cuestiona su percepción de la violencia. “Hay una imagen creada de que las mujeres denuncian falsamente, de que exageran”.
Ese clima tiene consecuencias. Las mujeres dudan. Restan importancia. Creen que pedir determinadas medidas es excesivo. Y el sistema, en lugar de corregir esa percepción, a veces la reproduce.
“No puedes decir: ‘como la víctima no quiere, ya no hago nada’”
Por eso, insiste, la protección no puede depender de la voluntad de la víctima. “No puedes decir: como la víctima no quiere, ya no hago nada”. Porque la intervención no responde a una decisión privada, sino a la prevención de un delito. “Tú estás ahí porque el sistema entiende que se puede producir un delito que debes evitar”.
Si una medida se plantea para evitar una agresión, añade, no basta con ofrecerla, hay que garantizar la protección por otras vías si esa opción falla. Vigilar al agresor. Intensificar el control. Actuar.
Y ese es, precisamente, el problema de fondo. No solo lo que pasó el lunes, sino todo lo que ocurrió antes sin que se considerara suficientemente grave. Porque, como advierte Lorente, si el asesinato no se hubiera producido, probablemente este caso no habría trascendido. Habría sido uno más entre los miles de quebrantamientos de órdenes de alejamiento que se producen cada año.
Hasta que deja de serlo.
“Es inadmisible que la mitad de las mujeres que han acudido al sistema hayan sido asesinadas sin que el sistema haya sido capaz de responder”, concluye.