El conflicto entre un grupo de militares españoles destinados en organismos internacionales y el Ministerio de Defensa ha dado un salto judicial de gran calado. Un total de 18 militares han presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra la subsecretaria del departamento, Adoración Mateos, a la que acusan de un delito continuado de prevaricación administrativa y de coacciones.
La acción judicial, dirigida contra la número tres de Defensa, se ha registrado esta misma semana en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, según ha confirmado el abogado que representa a los querellantes a El Mundo, Antonio Suárez-Valdés. El caso pone el foco en una práctica administrativa que, según los denunciantes, se ha mantenido pese a reiterados avisos judiciales en contra.
El origen del conflicto con Defensa
Los militares querellantes —entre los que hay oficiales y suboficiales— trabajan como personal civil internacional en la OTAN. El núcleo del conflicto con Defensa se sitúa en la negativa del ministerio a reconocerles la situación administrativa de “servicios especiales”. Una figura clave para quienes desempeñan funciones en organismos internacionales.
Esta situación permite a un militar incorporarse a otro destino —como la OTAN— sin perder su condición militar, conservando derechos como la antigüedad, los trienios o las opciones de ascenso. Según la querella, Defensa habría alterado de forma arbitraria el criterio que venía aplicando durante años.
Servicios especiales frente a excedencia forzosa
El problema, según los denunciantes, comenzó cuando Defensa empezó a denegar o a no responder a las solicitudes de pase a servicios especiales. En la práctica, esto obligó a muchos militares a solicitar una excedencia para no perder su puesto en la OTAN, con el consiguiente perjuicio profesional y económico.
La querella sostiene que esta actuación vulnera de forma directa la Ley de la Carrera Militar, que en su artículo 109.1.k establece que el militar debe ser declarado en servicios especiales cuando adquiere la condición de personal estatutario de la OTAN, siempre que se acredite mediante certificado oficial. Todos los querellantes aseguran haber aportado dicha documentación.
El cambio de criterio de Defensa
Según el escrito presentado ante el Supremo, el Ministerio de Defensa modificó su interpretación normativa en 2022, exigiendo una autorización previa del Estado español para conceder el pase a servicios especiales. Ese nuevo requisito, siempre según los denunciantes, no está recogido en la ley y ha sido rechazado por los tribunales en múltiples ocasiones.
Entre 2023 y 2025, varios juzgados y tribunales contencioso-administrativos han dado la razón a militares afectados, declarando ilegal el criterio de Defensa. Además, en 2024 el Consejo de Estado emitió un dictamen contrario a la intención del ministerio de restringir reglamentariamente el acceso a los servicios especiales.
Un patrón reiterado que apunta a prevaricación
La querella describe un esquema de actuación que se habría repetido de forma sistemática en Defensa: denegación o silencio administrativo, obligación de pedir excedencia, recurso judicial, sentencia favorable al militar y, pese a ello, mantenimiento del mismo criterio por parte del ministerio.
Para los querellantes, esta reiteración convierte el conflicto en algo más que un error administrativo. Sostienen que las decisiones fueron “arbitrarias y dictadas a sabiendas”, lo que encajaría en un delito de prevaricación continuada. Además, consideran que forzar a los afectados a elegir entre su carrera militar y su puesto en la OTAN podría constituir un delito de coacciones.
Defensa, pendiente de dar explicaciones
Por el momento, la querella contra la número tres de Defensa está pendiente de admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo. El caso abre un escenario delicado para el ministerio, ya que afecta a una política administrativa sostenida durante años pese a resoluciones judiciales en contra.
Este medio intentó recabar una valoración oficial del Ministerio de Defensa sobre la denuncia presentada, sin obtener respuesta al cierre de esta información. Mientras tanto, el conflicto se traslada al terreno penal y coloca a Defensa bajo el foco por la gestión de los derechos profesionales de militares destinados en organismos internacionales.