El 70% de los complementos por brecha de género para pensiones recae en mujeres: 76 euros más por nómina

Fedea denuncia que los modelos de proyección de gasto en pensiones no recogen bien el impacto de las reformas y pide más transparencia en los cálculos

Pensiones - Economía
Una imagen simbólica de las pensiones y el paso del tiempo

Las mujeres continúan copando la mayoría de complementos de pensiones por brecha de género, que recae sobre un total de 1,7 millones de nóminas: casi 1,2 millones de receptoras, el 70%, y un importe medio al mes de 77 euros. Del total de pensiones completadas, el 23,6% corresponde a pensionistas con un hijo (399.086) y el 50,9% a beneficiarios con dos hijos (862.404). Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 37 euros al mes por hijo.

Nuevo récord, un 6,3% más

Mientras, la Seguridad Social confirmó este viernes que destinó en septiembre 14.500 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,3% más que en el mismo mes de 2025, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el aumento del IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
EFE/Paco Paredes

La jubilación, copa la mayoría de pensiones

Por su parte, casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de septiembre correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 10.654,6 millones de euros, un 6,9% más que en septiembre de 2025.

Al pago de las pensiones de viudedad se destinaron este mes 2.288,4 millones de euros (+4,1% interanual), mientras que a la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.330,9 millones (+5,9%); a la de orfandad se destinaron 185,5 millones de euros (+3,9%).

La pensión media sube un 4,6%

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares) alcanzó los 1.374,6 euros al mes en septiembre, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior. Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas, se situó en septiembre en 1.576,1 euros mensuales, un 4,5% más interanual. Por su parte, la cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.711,4 euros de media. Además, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,4 años, frente a los 64,4 años de 2019.

Fedea pide transparencia en los cálculos

Por su parte, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierte en un estudio publicado este viernes de que los modelos contables utilizados por la Administración pública española para proyectar el gasto en pensiones presentan “limitaciones” para cuantificar el impacto de los cambios legales en el sistema público, al no estar diseñados para analizar reformas normativas ni recoger la respuesta de comportamiento de la población.

El director del think tank, Ángel de la Fuente, ha defendido esta tesis en la presentación del documento Modelos contables de proyección del gasto en pensiones: Estructura, limitaciones y propuestas para seguir avanzando, en el que analiza las herramientas empleadas por la Seguridad Social (modelo INTegraSS), la AIReF y por el Ministerio de Economía (modelo PeGaSo) para estimar el gasto en pensiones.

En el estudio, Fedea reconoce los recientes esfuerzos de estas instituciones por publicar y documentar sus herramientas públicas de cálculo, pero sostiene que “hay todavía un considerable margen de mejora que convendría explotar” y advierte de que su uso para evaluar reformas legislativas suele ser de una forma “problemática”.

 

Según explica, estos modelos parten de identidades contables útiles para proyectar la trayectoria del gasto bajo el supuesto de “política constante”, pero no están diseñados para predecir cómo reaccionarán las familias ante las nuevas normas. El informe señala que, para cuantificar los efectos de la reforma de pensiones de 2021-2023, los distintos organismos han tenido que recurrir a modificaciones manuales (“ajustes ad hoc“) sobre sus escenarios base. Estos ajustes, según de la Fuente, se apoyan en la intuición de los técnicos de cada institución, pero con frecuencia “no se justifican en detalle”.

Para superar las “limitaciones de los modelos utilizados hasta ahora“, Fedea plantea dos recomendaciones principales. Por un lado, sugiere documentar con transparencia los cálculos, es decir, explicar detalladamente en qué se basan tales ajustes para que el lector pueda “valorar su plausibilidad” sobre los patrones de jubilación e incentivos a la demora laboral.

Por otro, aboga por priorizar la inversión en el desarrollo de “modelos con comportamiento” que incorporen las decisiones reales de los hogares en cuanto a su oferta de trabajo, ahorro y momento de jubilación tras un cambio en la normativa.

Impacto del déficit

El documento contrapone las estimaciones oficiales con los resultados del modelo de comportamiento de Fedea. Mientras que los informes institucionales prevén un impacto moderado de la última reforma, los cálculos de Fedea estiman un deterioro del déficit básico del sistema de pensiones cercano a cuatro puntos de PIB hacia 2050 (frente a incrementos de gasto menores a los 2,5 o 3 puntos previstos por los organismos oficiales).

Fedea subraya que medidas como la revalorización de las pensiones con el IPC no sólo elevan el gasto de forma directa, sino también indirecta, al reducir el ahorro de las familias y anticipar el retiro, efectos que reducen el PIB y empeoran las cuentas del sistema.

Asimismo, el análisis proyecta que la jubilación demorada crecerá del 10% al 30% en las próximas décadas debido principalmente al aumento de la esperanza de vida, por lo que este retraso del retiro no puede atribuirse exclusivamente a los incentivos económicos fijados en la reforma.

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