El Gobierno ha puesto sobre la mesa un cambio relevante en la gestión de la baja por enfermedad de larga duración. La propuesta, impulsada desde la Seguridad Social, busca que quienes hayan pasado procesos graves —como cáncer, infarto o ictus— puedan volver al trabajo de manera progresiva una vez reciban el alta médica.
La idea está en negociación con patronal y sindicatos y, de momento, forma parte de un borrador que todavía puede cambiar.
El planteamiento intenta dar respuesta a un punto delicado: el regreso “de golpe” a la jornada completa tras meses de baja por enfermedad puede ser difícil, física y mentalmente. El objetivo declarado es suavizar esa transición. Pero la medida no está cerrada, no entraría en vigor de inmediato y, además, necesitaría superar un recorrido político y parlamentario que no se da por hecho.
¿En qué consiste la vuelta progresiva?
La pieza central del plan es un mecanismo de reincorporación paulatina. Según el borrador, se aplicaría a personas que, tras una baja por enfermedad larga, ya tengan el alta y puedan retomar la actividad con una jornada reducida durante un tiempo limitado.
La Seguridad Social está concretando qué patologías entrarían en ese “listado” de procesos cubiertos. En el texto se citan orígenes oncológicos, cardíacos isquémicos, accidentes cerebrovasculares y traumatológicos graves, con mención a situaciones post-trasplante. También se contempla que, de forma reglamentaria, puedan añadirse otras enfermedades consideradas igualmente graves.
Requisitos: seis meses de baja por enfermedad y un mínimo de jornada
No cualquier caso podría acogerse a este modelo. Para solicitarlo, el trabajador tendría que salir de una baja por enfermedad de al menos 180 días, es decir, unos seis meses.
Además, el retorno progresivo quedaría circunscrito a trabajadores a tiempo completo o parcial, pero con una condición concreta: desempeñar el 80% o más de la jornada. La medida, por tanto, no se plantea para empleos con dedicaciones muy reducidas, al menos en su redacción actual.
El borrador también contempla que el trabajador pueda tener contrato indefinido o temporal. En este último caso, se prevé que el contrato se prorrogue lo que dure el regreso hasta el 100% de la jornada.
Cuánto duraría y quién decide el horario
La propuesta fija un plazo máximo de un mes para esa reincorporación gradual tras la baja por enfermedad. El periodo exacto lo determinaría el médico de la sanidad pública, según el texto.
Durante ese mes, la persona trabajaría con una jornada reducida. Y el detalle importante es cómo se concreta esa reducción: la duración de la jornada durante el periodo de adaptación se fijaría mediante acuerdo entre empresa y trabajador dentro de la jornada ordinaria.
El borrador deja abierta una vía para evitar que cada caso sea un mundo: permite que los convenios colectivos den pautas sobre concreción horaria. Pero también contempla un escenario conflictivo: si no hay acuerdo, el trabajador debería acudir a la jurisdicción social.
Salario y prestación: reparto entre empresa y Seguridad Social
La medida también cambia el reparto del dinero durante el retorno. En el mes de reincorporación progresiva tras una baja por enfermedad, la jornada se reduce, pero el trabajador no quedaría con un único pagador.
Según el esquema propuesto, la mitad del sueldo la abonaría la empresa y la otra mitad la cubriría la Seguridad Social. Es un diseño que intenta equilibrar incentivos y costes: aligerar el impacto sobre el empleado, sin descargar todo el peso sobre la empresa o el sistema público.
Observatorio y posibles cambios tras un año
El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, anunció la creación de un observatorio para monitorizar la evolución de las bajas médicas, con participación también de patronal y sindicatos. Ese organismo tendría, entre otros objetivos, estudiar qué otras patologías podrían incorporarse al mecanismo de retorno progresivo tras una baja por enfermedad larga.
El borrador, además, incluye una cláusula de revisión. La Seguridad Social se compromete a evaluar el modelo al cabo de un año y deja la puerta abierta a modificar por vía reglamentaria el porcentaje de jornada y, en consecuencia, la cuantía del subsidio asociado al proceso previo de incapacidad temporal.
Un debate incómodo: negociación social y obstáculos políticos
La propuesta llega en un clima de negociación complejo. La mesa de diálogo social sobre incapacidad temporal se ha reactivado tras meses parada, pero el plan no ha generado entusiasmo claro ni en patronal ni en sindicatos. Y, además, el texto no tiene garantizado un camino fácil en el Parlamento, donde el Gobierno no dispone de mayorías sólidas.
El debate de fondo no es menor: cómo mejorar la gestión de la baja por enfermedad sin abrir una guerra de sospechas, sin tensar a las empresas y sin empujar a los trabajadores a volver antes de tiempo. Ahí se juega parte del éxito o fracaso de la medida.
Más cambios en la incapacidad temporal: papel de las mutuas
El borrador incluye otra modificación que puede ser polémica. Se plantea que la mutua de la empresa pueda formular, en cualquier momento, una propuesta de alta con propuesta de incapacidad permanente. La idea sería no esperar obligatoriamente a superar los 365 días de baja por enfermedad para que el circuito público valore si esa dolencia no va a recuperarse.
Este punto conecta con otro debate que está sobre la mesa: el control en las fases iniciales de la baja y la cronificación de dolencias, con impacto en listas, recursos y saturación del sistema.