La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026 ya es una realidad. El Gobierno ha acordado con los sindicatos CCOO y UGT un incremento del 3,1%, lo que sitúa el salario mínimo en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, es decir, 17.094 euros anuales. Más allá de la cifra, el dato que marca el carácter social de la medida es otro: el 61% de las personas beneficiadas son mujeres.
La actualización consolida la senda de incrementos iniciada en los últimos años, con el objetivo de aproximar el SMI al 60% del salario medio, tal como recomienda la Carta Social Europea. Según las estimaciones oficiales, alrededor de 1,66 millones de trabajadores verán mejorada su nómina a partir de la entrada en vigor de la medida.
Impacto directo en el empleo femenino
El hecho de que casi dos tercios de las personas beneficiarias sean mujeres no es casual. En España, la brecha salarial y la mayor concentración femenina en sectores con sueldos más bajos —como comercio, hostelería, cuidados o trabajo doméstico— explican este impacto diferencial.
La subida del SMI actúa como una herramienta de corrección estructural en un mercado laboral donde persisten desigualdades. Muchas mujeres trabajan a tiempo parcial o en categorías profesionales con menor remuneración, lo que hace que el salario mínimo sea un referente clave para sus ingresos.
Organizaciones sindicales han destacado que el incremento no solo mejora el poder adquisitivo, sino que contribuye a reducir la brecha salarial de género. Desde CCOO subrayan que el aumento “refuerza la cohesión social y protege especialmente a quienes se encuentran en la base de la pirámide salarial”. En términos similares se ha pronunciado UGT, que considera el acuerdo un avance en justicia retributiva.
Una cifra alineada con el contexto económico
El incremento del 3,1% para 2026 se sitúa en línea con las previsiones de inflación y crecimiento económico. El Gobierno defiende que la subida es “equilibrada” y compatible con la estabilidad empresarial, mientras que las organizaciones sindicales la valoran como un paso más en la consolidación de salarios dignos.
Desde el ámbito empresarial, algunas patronales han mostrado cautela ante el impacto en pequeñas y medianas empresas, especialmente en sectores con márgenes ajustados. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que la evolución del empleo y los datos de afiliación respaldan la viabilidad de la medida.
El nuevo SMI de 1.221 euros mensuales en 14 pagas implica que ningún trabajador a jornada completa podrá percibir por debajo de ese umbral legal. En el caso de contratos temporales o a tiempo parcial, la cuantía se ajustará proporcionalmente.
Reducción de la precariedad y efecto arrastre
Más allá del colectivo directamente afectado, la subida del salario mínimo suele generar un efecto arrastre en convenios colectivos y categorías salariales próximas al mínimo legal. Esto significa que el impacto real podría extenderse a un número mayor de trabajadores.
En sectores feminizados como el comercio minorista, la atención sociosanitaria o la limpieza, el SMI actúa como referencia directa. Por ello, el aumento previsto para 2026 se interpreta también como una medida de lucha contra la precariedad laboral.
Diversos estudios académicos han señalado que los incrementos progresivos del salario mínimo en los últimos años no han tenido efectos negativos significativos sobre el empleo, mientras que sí han mejorado la renta disponible de los hogares con menores ingresos.
Un paso más en la agenda social
La subida del SMI para 2026 consolida una política de refuerzo del salario mínimo como instrumento de redistribución. El hecho de que el 61% de las personas beneficiadas sean mujeres convierte la medida en un elemento clave dentro de la agenda de igualdad.
En un contexto donde el coste de la vida continúa siendo una preocupación central, la actualización del salario mínimo busca garantizar un umbral básico de ingresos. Aunque el debate sobre su impacto económico sigue abierto, el consenso entre Gobierno y sindicatos refleja la voluntad de mantener la senda de incrementos graduales.
Con 1.221 euros brutos mensuales como nueva referencia, el SMI de 2026 se presenta no solo como un dato económico, sino como una medida con claro componente social y de género, destinada a fortalecer la protección de quienes ocupan los escalones salariales más bajos del mercado laboral español.