Apenas cuatro meses después de su llegada a la presidencia de Indra, Ángel Escribano, realizó un fichaje de calado: el de Carmen Pérez como nueva directora de Comunicación. Una periodista con más de tres décadas de experiencia televisiva que dio el salto a La Moncloa con la llegada de Pedro Sánchez. Desde 2018 y hasta hace prácticamente un año -cesó el 29 de enero de 2025-, Pérez fue directora general del Departamento de Información Internacional. Una persona de confianza del presidente para liderar la imagen internacional del Gobierno y la coordinación de sus actividades desde el Gabinete de Comunicación.
Tres meses después de abandonar La Moncloa, Carmen Pérez se incorporó a Indra para liderar la comunicación del nuevo “campeón de defensa nacional”. En este cargó, acaba de ser cesada, según informan fuentes conocedoras a Artículo14. Su sustituto será Rafael Moreno, quien en marzo de 2025 fichó por Indra después de mas de veinte años como director de Comunicación de General Dynamics European Land Systems (GDELS) Santa Barbara. Moreno reportará directamente al presidente y al CEO, José Vicente de los Mozos, como director de Comunicación del Grupo Indra.
La salida de Carmen Pérez, apenas siete meses después de su nombramiento, lanza un mensaje más allá de un relevo directivo en la compañía. Escenifica una ruptura con La Moncloa, cuando las relaciones se han enfriado tras las reticencias del Gobierno a la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).
Reticencias de SEPI a la unión EM&E
Indra reúne mañana a su consejo de administración, en el que se prevé la presentación de la estructura de la operación. Cabe recordar que el pasado 10 de diciembre, el máximo órgano de administración aprobó avanzar en la operación, tras acordar por unanimidad que es “coherente” con la estrategia de la compañía. En aquella votación se abstuvieron Ángel y Javier Escribano, pero la propuesta sí contó con el respaldo de los consejeros presentes (únicamente no asistió Oriol Pinya).
Sin embargo, con vistas a esta cita, desde el Ejecutivo se ha comunicado formalmente a la SEPI que no se siente cómodo con la estructura actual de la transacción. En concreto, preocupa el posible conflicto de interés derivado de la posición de los hermanos Ángel y Javier Escribano: propietarios al 100% de EM&E y, al mismo tiempo, presidente y consejero dominical de Indra, respectivamente. En este sentido, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), primer accionista con un 28% del capital, afronta la dificultad de justificar la valoración de la compañía propiedad de los hermanos Escribano.
Valoración de EM&E
En paralelo a Indra, EM&E también ha elevado su valoración de la mano de los contratos de los Programas Especiales de Modernización (PEM). Estos garantizan una carga de trabajo para los próximos diez años y el valor de Escribano podría acercarse a los 2.000 millones, frente a los mil que apuntó hace un año su presidente. Conjugar la posición de la SEPI como primer accionista, en una operación que previsiblemente se realizará mediante una ecuación de canje no será sencillo, en función de la valoración final. Indra se adjudicó el 45% de los PEM -más de 14.400 millones-, tanto en solitario como en UTE con otras empresas, como EM&E.
Esto explica la ronda de reuniones del presidente de Indra con varios consejeros para recabar apoyos de cara a esa cita. En este sentido, SAPA, tercer accionista con un 7,94% del capital, se mantendría contrario a la operación; mientras que Amber Capital (7,24%) sería favorable a la misma.
Mensajes indirectos desde Moncloa
En este enfriamiento de las relaciones entre Indra y parte del Gobierno, especialmente con La Moncloa, que no han ayudado los mensajes indirectos lanzados en los últimos meses. El pasado 3 de noviembre, Pedro Sánchez se reunió con los directivos de SAPA para analizar sus proyectos e inversiones en defensa y seguridad. SAPA está especializada en movilidad y transmisiones para vehículos militares. Previamente, el ministro de Industria, Jordi Hereu, recibió a los directivos de GDELS-Santa Bárbara. El contrato de obuses autopropulsados sobre ruedas y cadenas por más de 7.000 millones euros, adjudicado en UTE a Indra y EM&E, ha recrudecido la batalla con Santa Bárbara.
Las dudas de Moncloa coinciden también con el recurso de Santa Barbara ante el Tribunal Supremo contra los préstamos para el desarrollo de la nueva artillería móvil del Ejército de Tierra. Con todas estas aristas sobre la mesa, la salida de Carmen Pérez constata que, en Indra, el entendimiento con Moncloa pasa a un segundo plano.