En un esfuerzo por fortalecer las políticas de igualdad de género, el Consejo de Ministros de España, impulsado por la iniciativa de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, aprobó el pasado 5 de diciembre de 2023 el Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. También se conoce sencillamente como Ley de Paridad. Esta legislación representa un paso significativo hacia la materialización de la igualdad de género en el ámbito empresarial y político del país. Refleja el compromiso del Gobierno con la igualdad real de oportunidades y con el cumplimiento de los estándares internacionales impuestos por la Unión Europea.
¿Qué es la Ley de Paridad?
La Ley de Paridad es un instrumento legal destinado a asegurar la representación equitativa de mujeres y hombres en los puestos de toma de decisiones tanto en el sector público como en el privado. Inspirada en los principios ya establecidos por la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, esta nueva normativa amplía y refuerza el marco legal existente. Aborda directamente las desigualdades estructurales en el liderazgo y la gestión.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa (EFE)
El Proyecto de Ley no solo recalca la importancia de una representación balanceada en los consejos de administración y otros órganos decisorios. También introduce requisitos específicos y mecanismos de cumplimiento para las empresas que operan en España. La ley se cimenta sobre la premisa de que la verdadera meritocracia solo puede alcanzarse en un contexto de paridad, donde los techos de cristal se rompan de manera efectiva y se promueva un acceso equitativo a las oportunidades de liderazgo sin discriminación de género.
Requisitos y obligaciones de las empresas españolas
La implementación de la Ley de Paridad impone una serie de requisitos y obligaciones concretas para las empresas españolas, especialmente aquellas que tienen una influencia notable en la economía del país. Para las sociedades cotizadas y las entidades de interés público, la ley estipula que el consejo de administración debe tener al menos un 40% de sus miembros del género subrepresentado. Esto se aplica a:
- Sociedades cotizadas y entidades de interés público con más de 250 trabajadores.
- Entidades con una cifra de negocios superior a 50 millones de euros.
- Empresas con activos totales que superen los 43 millones de euros.
Para asegurar el cumplimiento de estos requisitos, las empresas deben adaptar sus procesos de selección y promoción, garantizando que en situaciones de empate entre candidatos de igual mérito se dé preferencia al individuo del género menos representado. Además, el incumplimiento de estas disposiciones puede resultar en sanciones consideradas como infracciones graves bajo la normativa española.
¿A qué empresas afecta?
22 de las grandes cotizadas ya tienen a un 40% de mujeres en sus consejos de administración (EFE)
La Ley de Paridad está diseñada para impactar a una amplia gama de entidades. No se limitará exclusivamente a las grandes corporaciones. Aunque las directrices son particularmente estrictas para las sociedades cotizadas y las grandes empresas, cualquier empresa que aspire a contratos públicos o subsidios gubernamentales también se verá obligada a demostrar su compromiso con los principios de igualdad de género. Esto significa que la ley tiene un alcance potencialmente expansivo, influenciando la manera en que las empresas de todos tamaños y sectores abordan la igualdad de género en sus estructuras de gobernanza.
¿Cuál es el propósito de la Ley de Paridad en España?
El objetivo principal de la Ley de Paridad es asegurar que la igualdad de género se refleje en la legislación y en la práctica diaria de las instituciones y empresas españolas. Al hacerlo, España avanza hacia el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y sus compromisos bajo los mandatos de la Unión Europea. Y también contribuye al objetivo global de igualdad de género delineado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Además, la ley busca ser un catalizador para el cambio cultural. A fin de cuentas, desafía y trata de eliminar las barreras sistemáticas que impiden a las mujeres acceder a roles de liderazgo y decisión. Al integrar estas políticas, las organizaciones mejorarán su equidad interna y podrán beneficiarse de una diversidad de perspectivas que es crucial para la innovación y la adaptabilidad en un mercado global competitivo.
