El Ministerio de Trabajo y el diálogo social (CCOO, UGT y CEOE) se reunieron este miércoles en el seno de la mesa de negociación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del año 2027. Una cita en la que la cartera que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dio a conocer el V Informe de la
Comisión Asesora para el Salario Mínimo, en el que recomiendan una subida del 4,9% -tal y como adelantaron El País y El Confidencial-.
Se trata de una cita que ha servido de consulta con los sindicatos y la patronal, y a partir de la que Trabajo determinará la cifra definitiva para subir el salario más bajo de cara al próximo ejercicio.
Fuentes consultadas por Artículo14 cercanas a la reunión han señalado que el documento que el Comité de Expertos del Salario Mínimo Interprofesional -al que ha tenido acceso este medio- han situado la subida entre un 2,7% y un 11% con el objetivo de acercarse al 60% del salario medio, en función de si tributa o no.
Tres recomendaciones
El propio texto reconoce que, con una subida del 2,7%, el SMI alcanzaría el objetivo del 60% que establece la Directiva Europea sobre Salarios Mínimos. Con ese incremento, el SMI pasaría de 1.221 euros al mes en 14 pagas a 1.253,9 euros al mes en 14 pagas.
Si bien es cierto, los expertos justifican que se han decantado por el 4,9% “para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo” siempre y cuando el SMI no tribute.
De no contar con una exención para el Salario Mínimo, los expertos señalan que la subida del SMI debería ser del 11% (hasta los 1.355 euros al mes en 14 pagas).
Además, estas mismas fuentes aseguran que la cartera que dirige Díaz “está dispuesta” a incrementar el SMI de 2027 ese mismo 4,9%. Si bien es cierto, se trata de una cifra que se encuentra 2,1 puntos alejada de la petición de los sindicatos, que sitúan la subida en torno al 7%.
Una cifra acorde a la inflación
Tal y como ocurrió el año pasado, los expertos se han decantado por recomendar una subida del SMI en línea con la cifra más alta del Índice de Precios al Consumo (IPC) del año en curso. En 2025, la tasa más alta del IPC se registró en el mes de octubre y fue del 3,1%, coincidiendo con el aumento que se realizó ese mismo año para las nóminas más bajas y que situó el SMI en 1.221 euros mensuales en 14 pagas.
Para este año, la fórmula del Comité de Expertos ha sido similar. Debido al avance de los precios tras la irrupción de la guerra en Irán tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel y el posterior cierre del Estrecho de Ormuz, los precios se han disparado y en los meses de septiembre y octubre -el dato adelantado- se ha registrado una tasa del 4,9%.
El hecho de que el Ministerio de Trabajo se decante por esta cifra es “avalada” de manera directa por este motivo: que los trabajadores que cobran los salarios más bajos no pierdan poder adquisitivo respecto al año 2026.
Con el aumento recomendado, el SMI del año 2027 pasaría de los 1.221 euros mensuales hasta los 1.280,82 euros al mes en 14 pagas, una diferencia de 59,8 euros mensuales.
Los sindicatos piden un 7%
El hecho de que Trabajo opte por el alza del 4,9% podría abrir un cisma en su relación con las organizaciones sindicales, ya que tanto UGT como CCOO han señalado que su propuesta para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional para el año 2027 es del 7%, hasta situarlo en los 1.306,47 euros al mes en 14 pagas, 85,47 euros más que la nómina más baja del año 2026.
Además, fuentes cercanas a la reunión han trasladado que los sindicatos no avalarían la cifra del 4,9% ya que no serviría para recuperar parte del poder adquisitivo que se ha perdido durante este año.
Que se cumpla lo comprometido para 2026
Los sindicatos reclaman que el Gobierno cumpla con los compromisos adquiridos a lo largo del año 2026 como son el registro horario y la aprobación de una normativa que prohíba la absorción y compensación de pluses en el SMI.
Si bien es cierto que estos últimos se tratan de unos mecanismos que se encuentran avalados por el Tribunal Supremo, ni Díaz ni los sindicatos se muestran conformes a esta normativa; mientras que la patronal confronta con el cambio.
Esto se debe a que la compensación y absorción de pluses otorgan la posibilidad a las empresas de recortar o eliminar los complementos que sus trabajadores ya tenían reconocidos para repercutir lo mínimo la subida del SMI en sus nóminas.
Un registro horario parado por Economía
Respecto al registro horario, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, señaló ayer que “llevamos tiempo tratando de resolver asuntos del Consejo de Estado”, y no afirmó si se tratará de una medida que se aprobará antes de las próximas elecciones.
Ya en el mes de septiembre, los sindicatos presionaron a Trabajo para que aprobara la reforma ese mismo mes en Consejo de Ministros, mientras que el titular de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, no aseguró que vaya a salir adelante este mes.
Su retraso se debe a que el pasado mes de febrero, el Consejo de Estado emitió un informe desfavorable respecto a esta normativa y mostró sus discrepancias sobre aprobarla vía real decreto. Ante esta postura ya se había pronunciado la CEOE, que ha mostrado también una posición contraria y ha recurrido ante los tribunales de lo Contencioso-Administrativo, ya que considera que incumple el principio de jerarquía normativa y que lo que pretende hacer no puede llevarse a cabo a través de un reglamento. Y es que, dictamen del Consejo de Estado, también recoge que la norma propuesta “impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria”.
El Consejo de Estado también “tumbó” el registro horario por la ausencia de ayudas destinadas a facilitar la aplicación de los requisitos tecnológicos en las pequeñas y medianas empresas, por la falta de una evaluación económico que tendrá en las Administraciones Públicas y porque considera que lo que la norma pretende supondría una utilización masiva de datos personales especialmente protegidos.