El Gobierno aprobará hoy en el Consejo de Ministros la oferta de empleo público (OEP) para 2026. A diferencia de años anteriores, las cifras de la oferta permanecen ocultas en el cajón de Óscar López, ministro de Función Pública. No se han compartido con los sindicatos durante las negociaciones en la Mesa General de la Administración General del Estado. Precisamente, esta falta de transparencia, que impide que puedan valorarla, ha disparado su preocupación antes de conocerse.
Uno de los riesgos que vislumbran es una oferta a la baja en comparación con años anteriores. En 2025, se situó en 36.588 puestos de trabajo, incluidas las plazas en Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas. Para los sindicatos, si las cifras de este año se sitúan en este entorno o a la baja -como dejó entrever ayer el ministro- se agravará la pérdida de empleo neto de la última década. Solo en 2025, se jubilaron más de 12.000 trabajadores públicos, según datos de CCOO.
A su vez, advierten que, en paralelo a la oferta, el Gobierno debe dar respuesta a cuestiones prioritarias: como la convocatoria de 3.000 plazas de personal laboral pendientes desde 2023, que corren el riesgo de perderse, y otras 6.000 plazas de 2024 y 2025. Señalan también la incorporación de funcionarios con plaza pero sin destino y la necesidad de hacer más atractiva la promoción interna, entre otras cuestiones prioritarias.
Menos plazas que en 2025
Para algunas fuentes, la estrategia de Óscar López estaría relacionada con la decisión del Ejecutivo de controlar la información. Este calendario, también podría responder a la reducción de la oferta en comparación con 2025, como anticipó el ministro. En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, reconoció que “tampoco tiene sentido seguir creciendo eternamente“. No obstante, destacó que durante el Gobierno de Pedro Sánchez se han revertido los siete años de recortes anteriores en la Función Pública.
“Por lo tanto, hemos revertido los recortes de estos años anteriores, nos mantenemos en ese pico de la montaña, con una creación neta de empleo al final, y a la vez estamos digitalizando, sin destruir empleo”, aseveró.
“No ha existido voluntad política para negociar la OEP 2026 con la parte social. Se han mantenido tres reuniones sin ampliación de documentación y sin información que demuestre la creación de empleo neto, más allá de la palabra de la Administración que nos pide confianza respecto a los números que nutrirán la oferta y su compromiso con la atención al público y los sectores prioritarios”, advirtió ayer Montserrat Gómez Esteban, secretaria general del Sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO.
Irrupción de las tecnológicas
Esta nueva oferta de empleo público vendrá marcada por la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) en la gestión de la administración que ya anticipó en la presentación de la estrategia para la función pública el pasado verano. Óscar López apuntó que la oferta de este año será “un ejemplo de cómo transformar empleos para digitalizar la Administración Pública, para tener expertos en IA y a la vez no destruir empleo, sino crearlo”.
“Va a ser un ejemplo de cómo se puede seguir manteniendo una creación de empleo como está haciendo España, que está batiendo récord de empleo, mientras transforma empleos para que estén dedicados a eso, a digitalizar para tener mejores servicios”.
En este ámbito, uno de los riesgos que identifican los sindicatos es la externalización de servicios y el control de los algoritmos. “Estamos de acuerdo con la digitalización, pero nos preocupa la irrupción de empresas tecnológicas“, reconoce Monsterrat Gómez.
Destrucción neta de empleo
En este contexto, CCOO, CSIF, y UGT coinciden en la importancia del detalle de las cifras de la oferta de empleo público para asegurar la tasa de reposición y que no haya destrucción neta de empleo. Según CSIF, los datos aportados por el Ministerio en 2025 reconocían que en la última década se produjo una pérdida neta de 20.046 empleos. Además, el 21% de la plantilla (un total de 50.900 personas) tiene más de 60 años y por tanto se encuentran en edad de jubilación, lo que agravará más las necesidades de personal para la prestación de servicios a la ciudadanía.
El Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas de la AGE 2025 y proyección futura a 2035 del Ministerio de Trabajo, prevé que, en la próxima década, se jubile la mitad (49,53%) de la plantilla actual (89.690 efectivos),
“En la oferta, incluyen el empleo público con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas y la promoción interna. La creación neta de empleo es una falacia porque debería incorporarse una ratio de 2,4 por cada persona que se jubila para cubrir la tasa de reposición“, explican desde CCOO.
“Nos tememos que, una vez más, la oferta impedirá solucionar problemas estructurales en ámbitos tan sensibles como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la DGT o Instituciones Penitenciarias”, añaden desde CSIF, que ya rechazó en 2025 la oferta (3.558 plazas menos que en 2024).
Retos pendientes desde 2023
Según explican desde UGT, uno de los compromisos pendientes del Ejecutivo es la convocatoria de las plazas de personal laboral pendientes en las ofertas de 2023, 2024 y 2025. La OEP caduca a los tres años, por lo que si no se convocan este año las 3.000 plazas aún sin realizar de 2023 se corre el riesgo de que se pierdan. En los tres años, suman 9.000 plazas pendientes. Admiten que existe el compromiso del Ministerio de que saldrán las convocatorias en los próximos dos meses, pero efectivamente tienen que convocarse antes de final de año.
Para CCOO, otra cuestión pendiente es la promoción interna, ya que se están quedando muchas plazas sin cubrir. “También, estamos detectando con mayor frecuencia que en los niveles C1 y C2 aún cuando el candidato ha aprobado la oposición no toma posesión. Esta situación implica un problema de retención del talento”, añade Montserrat Gómez.
De momento, toca esperar al Consejo de Ministros.