El Tribunal de Cuentas ha quedado en el centro de una nueva polémica institucional tras la aprobación de la Cuenta General del Estado de 2024. Lo que en otros ejercicios suele ser un trámite técnico, de lectura compleja y escaso recorrido político, se ha convertido esta vez en un foco de tensión por el uso de fondos europeos Next Generation para atender pensiones y otros gastos de la Administración Central.
La controversia estalló después de que el pleno del Tribunal de Cuentas aprobara el pasado martes 28 de abril la Cuenta General del Estado correspondiente a 2024. Según la información publicada por El Mundo, la fiscalización detecta que recursos europeos no adjudicados fueron redirigidos para cubrir necesidades urgentes del Estado en un ejercicio marcado por la ausencia de presupuestos actualizados.
La cuestión no es menor. Los fondos Next Generation fueron diseñados por la Unión Europea para impulsar reformas, inversiones y proyectos de transformación económica tras la pandemia. Por eso, su eventual utilización para sostener gasto corriente, incluidas pensiones u otras obligaciones ordinarias del Estado, ha abierto una discusión política y técnica sobre los límites de su uso.
Una aprobación con división interna
El Tribunal de Cuentas aprobó la Cuenta General del Estado de 2024, pero lo hizo con una fractura poco habitual. Fuentes próximas al sector crítico del organismo sostienen que no se podía validar sin más un informe que, a su juicio, refleja unas cuentas públicas deterioradas por la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado y por movimientos de crédito discutibles.
“No se puede aprobar sin más un informe sobre unas cuentas del Estado deterioradas por la falta de presentación de Presupuestos y que además contienen desviaciones indebidas: el Gobierno está usando fondos europeos para pagar pensiones y otros gastos”, afirmaron esas fuentes próximas a la crítica del organismo.
La expresión resume el fondo de la controversia. No solo se cuestiona el destino concreto de determinados recursos, sino también la forma en la que el Estado ha gestionado sus necesidades financieras en un contexto de prórroga presupuestaria. Para los consejeros más críticos, el problema es que la Administración habría recurrido a fondos europeos para cubrir gastos que no encajan con el espíritu original de esas transferencias.
La tensión fue suficiente para que los consejeros propuestos por el Partido Popular emitieran un voto concurrente, una fórmula poco frecuente en este tipo de procedimientos. Más llamativo aún fue el voto en contra del consejero Javier Morillas, señalado como el primero de la historia contra una Cuenta General del Estado. Desde ese sector se reprocha que “el Gobierno tenía una limitación para hacer eso, pero no la siguió”.
El debate sobre los fondos europeos
La polémica en el Tribunal de Cuentas llega en un momento sensible para la gestión de los fondos europeos. España ha recibido miles de millones procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pero esos recursos están vinculados a compromisos, hitos, reformas e inversiones concretas. Esa arquitectura busca evitar que el dinero europeo se diluya en el funcionamiento ordinario de las administraciones.
Por eso, la acusación de que una parte de esos fondos pudo terminar financiando pensiones u otros gastos estatales tiene una carga política evidente. Las pensiones son una de las mayores partidas del gasto público y forman parte de las obligaciones estructurales del Estado. La controversia, por tanto, no está en que se paguen, sino en qué recursos se utilizan para hacerlo y si esos movimientos respetan las reglas de control presupuestario.
El Tribunal de Cuentas no es un órgano político. Pero sus informes suelen tener consecuencias políticas. Su función fiscalizadora consiste en examinar la actividad económico-financiera del sector público y advertir de irregularidades, debilidades o prácticas que puedan comprometer el uso adecuado de los recursos públicos. En este caso, la discusión interna añade un elemento de gravedad: ni siquiera dentro del organismo hubo una lectura pacífica de las cuentas.
Irregularidades en INGESA y Melilla
La polémica no se limita a la Cuenta General del Estado. La Memoria 2025 del Tribunal de Cuentas también recoge advertencias sobre la gestión del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el INGESA, especialmente en Melilla. Según las informaciones publicadas sobre el informe fiscalizador, el organismo detectó que el 93% de los aprovisionamientos se realizaron mediante compras directas, sin acudir a procedimientos abiertos de contratación, lo que vulneraría los principios de publicidad y transparencia.
El informe también señala deficiencias en el Hospital Comarcal de Melilla y una elevada temporalidad laboral. En concreto, se apunta a una tasa del 23% al cierre de 2023, muy por encima del objetivo legal inferior al 8% para las plazas estructurales. Además, se recogen problemas en el control de la presencialidad del personal y en la supervisión de determinadas retribuciones variables.
Otro de los puntos sensibles afecta a contratos de servicios esenciales como limpieza, seguridad, restauración o tratamiento de residuos. El Tribunal de Cuentas advierte de prolongaciones irregulares, importes superiores a los inicialmente previstos y debilidades en el seguimiento de los servicios externalizados. En la práctica, el informe describe una gestión con fallos de planificación, control y transparencia.