El oro se ha revalorizado tanto que se ha convertido en un bien muy preciado para los Estados que lo atesoran. Pero también puede generar conflictos. El Gobierno de Giorgia Meloni quiere declarar las 2.452 toneladas de oro del Banco de Italia como “propiedad del pueblo italiano”. Es mucho dinero, unos 285.000 millones de euros en lingotes y monedas. La primera ministra quiere incluir este concepto en los Presupuestos como un gesto simbólico de soberanía nacional pero ha provocado las críticas de otra mujer, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, guardiana de la independencia monetaria de la eurozona. Lo que comenzó como una declaración de principios se ha convertido en un conflicto institucional.
Aunque el Ejecutivo italiano asegura que no busca vender reservas ni destinarlas a gasto público, el movimiento ha despertado preocupación en el Banco Central Europeo. El supervisor europeo considera que cualquier cambio en la titularidad o en las condiciones que rodean a las reservas debe revisarse con extrema cautela, porque puede afectar al marco legal que garantiza que los bancos centrales sean independientes de los gobiernos. Ese principio está recogido en el artículo 130 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Italia acumula estas reservas desde hace décadas, primero como respaldo de la lira y ahora como parte de los activos del euro. Su gestión corresponde exclusivamente al Banco de Italia. Esa separación entre política monetaria y política gubernamental es una pieza fundamental del euro. Una modificación en la definición de propiedad —aunque no implique un uso inmediato del oro— abre interrogantes sobre la posibilidad de que futuros gobiernos intenten presionar al banco central nacional para utilizar esos activos en momentos de tensión fiscal.
Christine Lagarde ha subrayado que no está claro qué efecto práctico persigue la propuesta y que el Banco de Italia tiene la responsabilidad de mantener y gestionar esas reservas con arreglo a la normativa europea. Ha advertido además de que cualquier cambio que afecte a la disponibilidad o al estatus del oro debe evaluarse para evitar interferencias políticas que comprometan la independencia del banco central.
El modo en que Roma ha gestionado el proceso también ha generado ruido. La enmienda se registró sin una consulta previa al BCE, pese a que el BCE debe ser informado de cualquier iniciativa que incida sobre los activos oficiales de un banco central del euro. El ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, sí trasladó después la propuesta al BCE, pero lo hizo cuando el texto ya estaba presentado, lo que ha reforzado la sensación de descoordinación institucional entre las instituciones.
En Italia, la oposición ha reaccionado con dureza. El Partido Democrático sostiene que la medida no aporta beneficios reales y que solo abre un conflicto institucional innecesario. Para los críticos, el Gobierno está rescatando una bandera ideológica más que abordando una necesidad económica concreta.
Hay inquietud sobre qué puede hacer un gobierno con sus reservas de oro. En el caso de Italia, tiene una deuda pública superior al 135% del PIB, y cualquier gesto que sugiera una posible intromisión política en la gestión del banco central italiano genera suspicacias.
Meloni ha evitado escalar el choque con Fráncfort tras las primeras críticas, lo que se interpreta como un intento de evitar que el conflicto se convierta en un pulso directo con el BCE en un momento en que la estabilidad financiera del país es especialmente sensible.
Es improbable que la enmienda avance tal como está redactada. Pero el episodio muestra una tensión entre intereses nacionales y las reglas europeas. Para Meloni, el oro representa un símbolo de soberanía. Para Lagarde, es parte de un armazón institucional que debe mantenerse al margen de la política gubernamental.
Y aunque el texto probablemente no prospere, el debate ya está sobre la mesa. El oro puede convertirse en un arma de doble filo.