UGT y CCOO han acordado con el Ministerio de Trabajo elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros brutos en 14 pagas. Es decir, un 3,1% más que en 2025, cuando la retribución mínima se fijó en 1.184 euros al mes. En este sentido, el Consejo de Ministros aprobará próximamente el incremento que, además de no tributar al IRPF, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero del presente año. Además, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha segurado que el Ministerio reformará las reglas de compensación y absorción para evitar que la mejora “no llegue al bolsillo de las personas trabajadoras”.
La nueva subida del SMI será únicamente suscrita por los sindicatos. La patronal, que no se adhiere al acuerdo desde el alza de 2020 hasta los 950 euros, ha vuelto a rechazar el aumento del sueldo base.
El ‘no’ de la CEOE
Trabajo redobló recientemente los esfuerzos por atraer a la patronal al pacto. Así, el Ministerio de Hacienda, y en apoyo al empeño de Díaz, propuso el miércoles un incentivo fiscal en el Impuesto de Sociedades para las empresas que paguen salarios por encima del sueldo base.
Sin embargo, no tuvo el efecto esperado. Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han manifestado su rotunda oposición a la bonificación planteada para compensar el aumento del SMI. En este sentido, la patronal tildó de “fórmula trilera” con requisitos “inalcanzables” la medida. Y ha denunciado que se trata de un movimiento para sustituir la indexación de los contratos públicos.
Además, la patronal ha criticado que el diseño del incentivo “deje fuera a todos los autónomos y a la inmensa mayoría de las empresas de todos los sectores”. “De hecho, la medida excluye también, de manera insólita, a las empresas en pérdidas, que son las que más lo necesitan, a las cooperativas y a las entidades sin ánimo de lucro”, argumentaron CEOE y Cepyme.
La oferta de Hacienda
La iniciativa defendida por el departamento de Hacienda permitía acogerse a esta rebaja a las empresas con menos de 100 trabajadores si contratan, al menos, a un empleado a tiempo completo durante un año con un sueldo superior al SMI. En el caso de empresas con plantillas de 100 o más asalariados, el mínimo exigido sería de dos nuevas contrataciones bajo las mismas condiciones.
Por otro lado, el importe de la deducción fiscal iba a estar supeditado al aumento de plantilla acometido. Así, si el crecimiento de contrataciones por encima del SMI es inferior al 5%, la deducción equivaldría al 25% del coste adicional que genera el alza salarial. El porcentaje de la rebaja se incrementará según la intensidad del aumento de contrataciones.