El Gobierno de España ha iniciado los trámites para frenar la Ley de Concordia de Extremadura (en vigor desde octubre) y recurrirla ante el Constitucional. Para ello, el gobierno central y el ejecutivo autonómico en funciones de María Guardiola han iniciado conversaciones para tratar de resolver sus discrepancias.
Esta norma derogó la Ley de memoria histórica y democrática de Extremadura y se enmarcó en el acuerdo entre PP y Vox para la aprobación de nuevas rebajas fiscales a comienzos de 2025. Este texto no es una derogación de la Ley de memoria histórica, tal como hicieron comunidades como Aragón, sino un texto alternativo que en buena parte sigue las líneas de la normativa estatal. A pesar de ello, para Pedro Sánchez supone igualmente una vulneración de sus principios esenciales.
El paso previo al recurso es el dialogo entre las partes para tratar de resolver las discrepancias planteadas, para lo que se ha constituido un grupo de trabajo en la comisión bilateral de cooperación. El delegado del gobierno en la comunidad, José Luis Quintana, ya anunció que han interpondrán un recurso de inconstitucionalidad en caso de no acuerdo.
Artículos
En este caso, el Gobierno muestra su disconformidad con los primeros artículos de la ley. Entre ellos están cuestiones que abarcan hechos ocurridos entre la primera República y la actualidad, incluyendo a las víctimas de terrorismo. También se cuestionan los relacionados con derechos de las víctimas y sus familiares, el reconocimiento de la condición de víctima, el procedimiento administrativo a seguir y la elaboración de un censo autonómico.
Asimismo, se pone en duda la regulación sobre la colaboración con otras Administraciones públicas en materia de concordia y con asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro “constituidas con la finalidad de defender la dignidad de todas las víctimas“. Por último, las conversaciones incluirán la disposición transitoria y la que anula la Ley de memoria histórica del año 2019.
Negociación
Este choque por la Ley de Concordia llega en medio de las negociaciones para situar a María Guardiola al frente de la Junta de Extremadura. Desde el PP ofrecen un “diálogo leal” y añaden que “hay tiempo” hasta mediados de febrero para buscar un acuerdo que dé “estabilidad” a la región.
Desde Vox, exigen una vicepresidencia (para Óscar Fernández) y varias consejerías para llegar a un acuerdo. Pero a pesar de ello, la desconfianza es total entre ambas partes. En Bambú limitan a Extremadura su decisión de entrar en el gobierno, de momento. De fondo, en el entorno del líder nacional se insinúa la nula confianza que tienen en la presidenta de Extremadura. “Depende de la persona con la que se negocia en el PP, si es más fiable o no, si hay un PP echado al monte o no”.