El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, estudia acciones judiciales contra el Gobierno de Pedro Sánchez para obligar a convocar la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y aprobar el informe sexenal sobre el estado del lobo. Según el ejecutivo autonómico, el documento sería favorable y permitiría a España enviarlo a la UE para flexibilizar la gestión.
Así lo afirmó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien denunció que el Gobierno “no haya tenido tiempo en todo el año 2025 para mandar el informe”, una queja para la que la Junta cuenta con el respaldo de las organizaciones agrarias.
Con ello, se pretende reducir su población ante los ataques a la ganadería, que en el primer semestre de 2025 ascendieron a 1.991 (73% sobre vacuno), dejando 2.628 cabezas muertas. Los datos de la Junta arrojan que el lobo ha pasado en Castilla y León de 279 manadas a 333, extendiéndose por todo el territorio.
“Castilla y León necesita su ganado”
Suárez-Quiñones argumentó la necesidad de esta gestión por la “zozobra de los ganaderos, que sufren una presión psicológica intolerable“. «A pesar de que les compensamos las pérdidas, el ganadero no quiere compensaciones, quiere su ganado. Y Castilla y León necesita su ganado, necesita los productos de calidad que derivan del mismo, como los productos lácteos y la carne. Eso es lo queremos todos, pero Gobierno de España no, porque piensa en razones ideológicas, que es incomprensible, no quiere que haya ningún tipo de control y de gestión del lobo”, criticó.
El consejero recordó que la Junta “enarboló” una acción en Europa que “consiguió de una forma verdaderamente muy meritoria la modificación de la directiva para toda Europa, para flexibilizar y permitir la gestión de la especie del lobo, que convenció a Europa y a los 50 países del convenio de Berna“.