Las autoridades iraníes se preparan para ejecutar a Bita Hemmati, una mujer señalada por su presunta participación en las protestas masivas registradas entre finales de diciembre de 2025 y enero de 2026. De concretarse la sentencia, se convertiría en la primera mujer ejecutada en relación con estas manifestaciones, en una época muy marcada por el aumento del uso de la pena de muerte en el país.
Según información difundida por organizaciones de derechos humanos y grupos de oposición, Hemmati fue condenada a la pena capital tras un proceso judicial llevado a cabo en un tribunal revolucionario en Teherán. En el mismo fallo también fueron sentenciados a muerte su esposo, Mohammadreza Majidi Asl, de 34 años, y otros dos hombres identificados como Behrouz y Kourosh Zamaninejad, vecinos del edificio donde residía la pareja. Además de las condenas, las autoridades ordenaron la confiscación de bienes de los acusados.
Un quinto implicado, Amir Hemmati, familiar de la mujer, recibió una pena cercana a seis años de prisión por cargos relacionados con asociación contra la seguridad nacional y propaganda contra el Estado.
¿De qué se le acusa?
Las acusaciones formuladas por el sistema judicial iraní incluyen el uso de explosivos y armas, la agresión contra fuerzas de seguridad, la destrucción de bienes públicos y la participación en concentraciones consideradas ilegales. También se les atribuye haber actuado en coordinación con lo que las autoridades describen como “gobiernos hostiles” y grupos contrarios al régimen.
Sin embargo, distintas organizaciones, entre ellas la Human Rights Activists News Agency (HRANA) y el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (NCRI), han cuestionado la solidez de estas acusaciones. Según estas fuentes, los procedimientos judiciales se caracterizaron por su rapidez y por la falta de garantías básicas para los acusados. También han señalado que existen indicios de confesiones obtenidas bajo presión o coacción, lo que pondría en entredicho la validez de las pruebas presentadas.
En paralelo, el Centro Abdorrahman Boroumand ha advertido sobre la difusión pública de interrogatorios televisados, práctica que considera una violación de los derechos fundamentales de los detenidos, especialmente cuando se trata de confesiones presuntamente forzadas.
1.600 ejecuciones en 2025
Las protestas que dieron origen a estas detenciones comenzaron en Teherán por el creciente malestar económico, marcado por la devaluación de la moneda y el aumento del costo de vida. Lo que inicialmente fueron paros comerciales se transformó en una movilización que involucró a estudiantes, trabajadores y otros sectores sociales en distintas regiones del país.
Durante enero, las manifestaciones se intensificaron y derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los datos recopilados indican que miles de personas habrían muerto o resultado heridas durante la represión, mientras que decenas de miles fueron arrestadas. Al menos siete personas ya han sido ejecutadas por su presunta vinculación con las protestas, y decenas más enfrentan sentencias similares.
El caso de Hemmati se produce en un escenario más amplio de incremento en la aplicación de la pena de muerte en Irán. Informes recientes de organizaciones como Iran Human Rights (IHR) y Together Against the Death Penalty (ECPM) señalan que en 2025 se registraron al menos 1.600 ejecuciones, la cifra más alta en más de tres décadas.
El gobierno iraní defiende las sentencias argumentando que los acusados incurrieron en delitos graves contra la seguridad nacional, tipificados en su legislación bajo figuras como el “moharebeh”, que se interpreta como una forma de enfrentamiento contra el orden establecido.
Mientras la fecha de ejecución de Hemmati no ha sido anunciada oficialmente, su caso se ha convertido en símbolo de la creciente tensión y ha intensificado las demandas de respeto a los derechos humanos por parte de la comunidad internacional.