La publicación de más de tres millones de páginas de documentos judiciales y policiales sobre Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reabierto una de las heridas más profundas de la última década: la sensación de que el poder político, económico y social ha operado durante años en una zona de impunidad casi absoluta. La magnitud de la divulgación, la mayor realizada hasta la fecha sobre el caso, no solo afecta a Estados Unidos, sino que proyecta sus consecuencias a escala global, al incluir referencias a dirigentes, miembros de casas reales y figuras influyentes de distintos países. Entre los nombres que aparecen citados figura incluso el del expresidente del Gobierno español José María Aznar, sin que exista acusación alguna en su contra.
La documentación, difundida el viernes tras meses de prisión política y social, responde al mandato del Epstein Files Transparency Act, una ley aprobada por el Congreso estadounidense para obligar a la Administración a revelar lo que sabía sobre las actividades del financiero, acusado de abusar sexualmente de menores durante años con la colaboración de su entorno. El plazo legal para hacerlo vencía el pasado 19 de diciembre, pero el Departamento de Justicia incumplió la fecha y solicitó una prórroga alegando la complejidad de revisar millones de documentos para proteger la identidad de las víctimas.
Según explicó en rueda de prensa el fiscal general adjunto, Todd Blanche, la revisión ha requerido la movilización de cientos de abogados y técnicos. El resultado es una liberación masiva de archivos que incluye documentos judiciales, informes del FBI, correos electrónicos, transcripciones de entrevistas, fotografías, vídeos y material incautado durante años de investigación. Todas las identidades de víctimas y posibles víctimas han sido tachadas, así como aquellos datos que, según el Departamento, podrían comprometer investigaciones aún abiertas.
“Esta publicación marca el final de un proceso muy exhaustivo de identificación y revisión documental para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley”, afirmó Blanche. Sin embargo, el propio responsable reconoció que la divulgación difícilmente colmará las expectativas de una opinión pública que lleva años exigiendo una rendición de cuentas completa. “Existe hambre, una sed de información que probablemente no se verá satisfecha con estos documentos”, admitió.
Nombres conocidos, ausencia de acusaciones
Como en anteriores entregas del archivo Epstein, los documentos incluyen menciones a figuras de primer nivel de la política y el poder internacional. Entre ellas aparecen los expresidentes estadounidenses Donald Trump y Bill Clinton, así como miembros de la familia real británica, empresarios como Bill Gates, académicos y personalidades del mundo cultural. Ninguno de ellos ha sido acusado formalmente de delitos relacionados con los abusos, un matiz que el Departamento de Justicia y los propios documentos subrayan de manera reiterada.
La aparición de nombres, sin contexto acusatorio, ha alimentado sin embargo una oleada de inquietud y especulación global. En España, la mención del expresidente José María Aznar, que recibió un sobre de Epstein, como ocurre con otros dirigentes internacionales, ha provocado sorpresa y debate público, pese a que no existe ninguna imputación ni indicio de conducta delictiva. El fenómeno se repite en otros países y pone de relieve uno de los dilemas centrales de la transparencia radical en su necesidad de equilibrar el derecho a la información con el riesgo de generar sospechas infundadas.
El propio Blanche rechazó que el proceso de revisión haya buscado proteger a personas concretas, incluido Donald Trump, con quien Epstein mantuvo una relación social en los años noventa antes de romperla. “No protegimos al presidente Trump. No protegimos, ni dejamos de proteger, a nadie”, aseguró.
Críticas por opacidad y posibles litigios
Pese a la dimensión del archivo liberado, las críticas no se han hecho esperar. Norm Eisen, exasesor de ética de Barack Obama y actual responsable del Democracy Defenders Fund, acusó al Departamento de Justicia de incumplir la ley y de retener documentos de forma indebida. Según Eisen, aunque se han revisado cerca de seis millones de registros, incluidos duplicados, sólo se han hecho públicos unos tres millones, con un nivel de censura que, a su juicio, excede lo permitido.
“Intentan vender esto como un cumplimiento total y como el expediente completo de Epstein. Pero todo en su estrategia apunta al viejo manual: tachaduras masivas, divulgación selectiva y un archivo público que no refleja de forma fiable lo que el Gobierno posee realmente”, señaló en un comunicado. Eisen anunció que su organización revisará página por página los documentos y que está dispuesta a recurrir a los tribunales para forzar una publicación íntegra, siempre salvaguardando la privacidad de las víctimas.
El caso Andrew y la persistencia del escándalo
Entre los documentos difundidos figuran correos electrónicos que refuerzan el escrutinio sobre Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés. Los archivos sugieren que asistió a una reunión privada en la residencia de Epstein en Nueva York en diciembre de 2010, meses después de que el financiero hubiera salido de prisión tras cumplir condena por delitos sexuales contra menores.
El propio Mountbatten-Windsor sostuvo en su célebre entrevista con la BBC en 2019 que viajó a Estados Unidos para romper definitivamente su relación con Epstein, una decisión que, según dijo, prefirió comunicar “en persona” y no “por teléfono”. Aquella entrevista fue ampliamente considerada un desastre mediático y aceleró su retirada de la vida pública y la pérdida de sus títulos honoríficos. Aunque siempre negó haber mantenido relaciones sexuales con la víctima Virginia Roberts Giuffre, acabó alcanzando un acuerdo extrajudicial con ella por una suma no revelada.
Pistas inverosímiles y trabajo policial
El archivo también arroja luz sobre el trabajo cotidiano de los investigadores durante años. Los fiscales y agentes del FBI recibieron innumerables pistas de personas que afirmaban haber sido víctimas de abusos por parte de Epstein o de figuras poderosas. Algunas denuncias resultaron ser inverosímiles, con relatos que incluían teorías conspirativas, rituales ocultistas o sacrificios humanos. Aun así, los agentes documentaron meticulosamente esas declaraciones, elaborando informes serios y remitiéndolos a sus superiores.
Entre los materiales se incluyen miles de correos electrónicos enviados o recibidos por Epstein, recortes de prensa, notas internas y resúmenes de entrevistas con testigos y presuntas víctimas. Muchas páginas aparecen completamente tachadas, una práctica que ha sido constante en todas las entregas del archivo y que alimenta la desconfianza de parte de la ciudadanía.
Jeffrey Epstein fue hallado muerto en su celda de una cárcel de Nueva York en agosto de 2019, oficialmente por suicidio, un mes después de ser acusado de tráfico sexual de menores. Su muerte, rodeada de fallos de seguridad, se convirtió en el epicentro de teorías conspirativas que han proliferado durante años.
En 2021, Ghislaine Maxwell, su expareja y colaboradora, fue condenada a 20 años de prisión por ayudar a reclutar a menores para los abusos. Ninguna otra persona ha sido procesada penalmente por los hechos, una circunstancia que sigue generando frustración entre las víctimas y amplios sectores de la opinión pública.
La publicación masiva de los archivos no cierra el caso Epstein. Al contrario, lo reabre en un momento de creciente desconfianza hacia las instituciones democráticas y judiciales. Para muchas personas en todo el mundo, la avalancha de documentos no aporta respuestas definitivas, aunque provoca la sensación de que el acceso al poder sigue ofreciendo, demasiadas veces, un escudo frente a la rendición de cuentas.