El nombre de Erfan Soltani se ha convertido en un símbolo del drama que vive Irán. Con solo 26 años, este joven manifestante se enfrenta a una ejecución inminente después de haber sido detenido durante las protestas que sacuden el país desde finales de diciembre. Su caso, procesado a una velocidad que ha alarmado a organizaciones de derechos humanos, ha generado una oleada de indignación dentro y fuera de Irán.
Según varias oenegés que han hablado con su familia, Erfan Soltani fue arrestado el pasado 8 de enero en su domicilio de Fardis, una ciudad del norte del país. En apenas unos días fue juzgado, condenado y sentenciado a muerte. La organización Derechos Humanos Hengaw ha descrito el procedimiento como “insólitamente rápido”. Una señal más de la represión que atraviesa el sistema judicial iraní.
Un juicio exprés sin garantías
El proceso contra Erfan Soltani se desarrolló en apenas dos días. Así lo explicó un familiar suyo a la edición persa de la BBC. Cuatro días después de su detención, la familia recibió la notificación oficial de que la sentencia era firme y que la ejecución se llevaría a cabo este miércoles.
Durante todo el procedimiento, Erfan Soltani fue privado de derechos básicos. No tuvo acceso a un abogado, no pudo presentar una defensa efectiva y ni siquiera se permitió a su familia consultar el expediente del caso, lo que hizo imposible cualquier intento de apelación.
La organización Hengaw ha denunciado que Erfan Soltani ha sido sometido a una violación sistemática de las garantías procesales. “Desde su arresto, ha sido privado de sus derechos más básicos”, subrayó el grupo, que ha pedido una intervención urgente de la comunidad internacional para frenar la ejecución.
Amnistía Internacional también ha advertido que el régimen iraní podría estar retomando una estrategia ya conocida. El uso de juicios rápidos y ejecuciones arbitrarias como herramienta para aplastar las protestas. El caso de Erfan Soltani encaja en ese patrón, según los defensores de derechos humanos.
Una represión que deja miles de víctimas
Las protestas que sacuden Irán han sido reprimidas con una dureza extrema. Según la Agencia de Noticias HRANA, más de 2.400 personas han muerto y al menos 18.400 han sido arrestadas. En este contexto, Erfan Soltani es solo uno de los muchos nombres que se enfrentan a un sistema judicial diseñado para castigar la disidencia.
Tras las protestas de 2022 por la muerte de Mahsa Amini, el régimen ya utilizó las ejecuciones como arma de intimidación. El año pasado, Irán ahorcó al menos a 1.500 personas, según una organización iraní de derechos humanos con sede en Noruega, un dato que subraya la magnitud de la crisis.
El caso de Erfan Soltani ha llegado incluso a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que si Irán empieza a ejecutar manifestantes detenidos, Washington “actuará con mucha contundencia”. En una entrevista con CBS News, el mandatario recordó acciones pasadas de Estados Unidos para dejar claro que la amenaza no es retórica.
El Departamento de Estado estadounidense también se pronunció en su cuenta en persa en la red social X, denunciando que Erfan Soltani fue condenado a muerte sin un proceso legal ni un abogado defensor, lo que calificó como una farsa judicial.