Las protestas contra las políticas migratorias de la Administración Trump han estallado en Los Ángeles y se han extendido rápidamente a otras ciudades de Estados Unidos, generando una ola de indignación a nivel nacional. Lo que comenzó el viernes como una manifestación en el centro de Los Ángeles contra las redadas migratorias y la creciente presencia de agentes de ICE en colegios o puestos de trabajo, se ha convertido en un movimiento que ya abarca ciudades como Chicago, Dallas, San Antonio y Austin. El martes, se registraron cientos de arrestos, y las tensiones siguen en aumento.
El presidente Donald Trump ha contribuido a la escalada de las protestas al ordenar el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y de los Marines en Los Ángeles. Esta decisión ha sido duramente criticada por líderes demócratas tanto a nivel estatal como local. El gobernador de California, Gavin Newsom, expresó su preocupación por la militarización de las ciudades y acusó al presidente de agravar la situación en lugar de buscar una solución pacífica. Newsom declaró que “la respuesta del gobierno federal es desproporcionada y peligrosa”, y enfatizó que las comunidades migrantes necesitan apoyo y justicia, no intimidación armada.
En Chicago, el alcalde Brandon Johnson fue aún más contundente. En una conferencia de prensa el miércoles, calificó a Trump como “un autoritario” y “un tirano en la Casa Blanca que no respeta nuestra Constitución”. Johnson denunció que el uso de fuerzas militares en ciudades estadounidenses representa una amenaza directa a la democracia y a los derechos civiles de los ciudadanos.
A pesar de las críticas, la Administración Trump continúa considerando invocar la Ley de Insurrección, lo que permitiría a los militares asumir funciones de aplicación de la ley en casos de disturbios civiles. La fiscal general Pam Bondi y otros líderes del gabinete han defendido esta posibilidad como una medida necesaria para restaurar el orden. Sin embargo, expertos legales y oficiales militares han expresado preocupaciones sobre las implicaciones constitucionales y prácticas de tal decisión.
El comandante de la Fuerza Aérea, el general Gregory Guillot, aclaró en una entrevista con The Times que los Marines y los miembros de la Guardia Nacional desplegados en Los Ángeles no tienen autoridad para realizar arrestos. “No son oficiales del orden público y no tienen esa facultad”, explicó. Señaló que sólo en situaciones excepcionales, como en caso de que alguien arrojara un artefacto explosivo, entonces podrían detener temporalmente a una persona hasta entregarla a las autoridades correspondientes.
Actualmente hay aproximadamente 700 Marines y 2.100 miembros de la Guardia Nacional en el área metropolitana de Los Ángeles. Su función principal es proteger edificios federales y al personal de ICE durante sus operaciones. Guillot añadió que estas tropas han sido entrenadas en tácticas de control de multitudes, desescalada de conflictos y uso de fuerza no letal, como requisito previo para asumir sus tareas actuales.
Mientras tanto, las consecuencias humanas de estas políticas siguen siendo devastadoras. La reciente deportación de un niño de 9 años y su padre, residentes de Torrance, California, ha conmovido a la comunidad. Ambos fueron enviados de regreso a Honduras tras presentarse voluntariamente a una audiencia migratoria. Esta historia simboliza el profundo impacto de las decisiones de la Administración Trump en las vidas de familias inmigrantes.
Las protestas siguen creciendo, impulsadas por un sentimiento de injusticia y una demanda colectiva de cambio. Lo que comenzó en Los Ángeles ya es un clamor nacional por dignidad, derechos y justicia.