Los Ángeles, símbolo de diversidad y de resistencia migrante con un 52 por ciento de población latina, se encuentra en el centro de una tormenta política y militar sin precedentes. Las protestas contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que se han intensificado desde principios de junio, han desencadenado una respuesta federal que muchos expertos califican de desproporcionada. Con el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 infantes de Marina, el presidente Donald Trump busca imponer su visión de “orden” y aprovechar la crisis para avanzar su agenda migratoria e imponer su autoridad.
La militarización de la protesta
Lejos de apaciguar los ánimos, el envío de tropas ha generado rechazo desde múltiples frentes. El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la acción de “ilegal” y una “extralimitación de poder presidencial”, mientras que la ONU advirtió sobre el riesgo de militarizar aún más el conflicto. La decisión ha sido tomada sin el consentimiento del estado, un punto legalmente cuestionable al violar la soberanía del estado según juristas y constitucionalistas.
El gobernador de California, Gavin Newsom, acusó a Trump de “inflamar” la situación en Los Ángeles con el envío de miles de militares, lo que forzó nuevas protestas y actos vandálicos que han llevado a la ciudad a imponer hoy un toque de queda nocturno.
Según dijo Newsom, la decisión de Trump de enviar a la Guardia Nacional y los Marines a Los Ángeles, pese a que las autoridades locales consideraron que las protestas estaban bajo control, “inflamó una situación potencialmente explosiva” y derivó en nuevos actos violentos.
Las palabras de Newsom llegan después de que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunciara un toque de queda en el centro de la ciudad, que está ya en vigor, desde de las 20.00 horas locales (2.00 GMT del miércoles) hasta las 6.00 hora del miércoles (9.00 GMT).
Precisamente es la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quien aseguró en conferencia de prensa que “Trump está utilizando nuestra ciudad como un laboratorio de pruebas para su proyecto de represión nacional. Los Ángeles, la segunda ciudad más importante de Estados Unidos, es su experimento. Si logra imponer control aquí, lo replicará en todo el país”.
Bass, ex trabajadora social y defensora de políticas progresistas, denunció que la intervención federal no busca proteger a nadie, sino sembrar el miedo entre las comunidades inmigrantes, activistas y gobiernos locales que no se alinean con la narrativa del expresidente.
Trump y la “Ley de Insurrección”
La referencia constante de Trump a los manifestantes como “insurrectos” reaviva los temores de que intente invocar la Ley de Insurrección de 1807, que permitiría el uso de tropas federales e imponer la Ley Marcial. “Si hay una insurrección, sin duda la invocaría. Ya veremos. Pero les puedo decir que anoche fue terrible. La noche anterior también fue terrible”, declaró Trump ante la prensa en el Despacho Oval.
Aunque esta ley ha sido utilizada en situaciones de extrema violencia (como en 1992 tras el veredicto del caso Rodney King), en este caso, juristas como Elizabeth Goitein, del Brennan Center for Justice, aseguran que su aplicación sería un “abuso alarmante de la ley”, pues no existen condiciones que justifiquen una intervención militar masiva.
El drama de los detenidos (y desaparecidos) en Los Ángeles
Mientras tanto, ICE continúa ejerciendo de brazo armado del Gobierno de Trump con operativos que muchos consideran deliberadamente provocadores: arrestos masivos en sitios de trabajo, redadas en ferreterías, bibliotecas, colegios, hospitales, o de familias enteras detenidas a la salida de las cortes de inmigración por agentes encubiertos sin orden judicial. José Ortiz, un inmigrante mexicano que llevaba 18 años trabajando en una fábrica textil en el sur de Los Ángeles, fue arrestado el 6 de junio. Desde entonces, su familia no ha tenido noticias suyas.
“Nos dicen que no está en el sistema, que no saben a dónde lo trasladaron”, cuenta su hija, Saraí, quien ha denunciado públicamente lo ocurrido junto a otros familiares de detenidos. “Mi padre repartía tarjetas con los derechos de los inmigrantes. Solo quería ayudar, y ahora está desaparecido”. Otros de los detenidos el 6 de junio ya han sido deportados a Tijuana.
Estas detenciones no son aisladas. Organizaciones comunitarias han documentado cómo los operativos ignoran incluso los procedimientos legales en curso. Menores ciudadanos estadounidenses son separados de sus padres sin que los agentes de ICE verifiquen su estatus por eso activistas de inmigración están grabando cada operativo para dejar constancia de posibles abusos.
Abogados denuncian una “crueldad institucionalizada” que castiga incluso a quienes cumplen con las leyes. En los pasillos de las cortes de inmigración, padres e hijos entran temblando, sabiendo que quizás no saldrán juntos.
Provocar para legislar
Para muchos analistas, Trump está instrumentalizando la crisis para justificar no solo la militarización, sino también un ambicioso proyecto legislativo. Su propuesta de la “Gran y Hermosa Ley”, que pretende ampliar el presupuesto y las competencias de ICE, es presentada como respuesta “necesaria” a la “violencia en las calles”. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, dijo esta semana que “los disturbios en Los Ángeles demuestran que necesitamos más recursos para hacer cumplir las leyes migratorias”.
Desde la Casa Blanca se insiste en una narrativa de caos: protestas violentas, migrantes criminalizados, gobiernos locales “incompetentes”. En realidad, muchas de las manifestaciones han sido pacíficas, aunque algunas derivaron en enfrentamientos tras provocaciones policiales. Pero el enfoque punitivo de Trump no busca diferenciar matices, sino consolidar una imagen de “mano dura”.
Choque con la presidenta Sheinbaum
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, acusó este martes a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de alentar las protestas desatadas en Los Ángeles contra las redadas migratorias.
“Sheinbaum alentó más protestas en Los Ángeles y lo condeno. No debería alentar las protestas violentas que están ocurriendo. La gente tiene derecho a protestar de forma pacífica pero la violencia que hemos visto es inaceptable”, declaró Noem en una comparecencia de prensa junto a Trump.
Los Ángeles, un laboratorio de represión
Lo que ocurre en Los Ángeles no es un fenómeno aislado. Es parte de una estrategia: presentarse como el único capaz de restaurar el orden frente a lo que describe como “ciudades santuario fuera de control”. Como lo expresó Karen Bass, Los Ángeles se ha convertido en un “laboratorio de represión” en el que se prueban tácticas que podrían extenderse a otros estados.
Newsom, por su parte, advirtió que “esta orden no solo aplica a California. Le permitirá ir a cualquier estado y hacer lo mismo”. Y agregó que “esto es exactamente lo que Trump quería. Avivó las llamas y luego actuó ilegalmente para federalizar la Guardia Nacional”.
Protestar también es proteger
Frente a la escalada autoritaria, la sociedad civil no se ha quedado en silencio. Hay redes de solidaridad documentando detenciones, ofreciendo asesoría legal gratuita y protegiendo a menores. Las comunidades migrantes —mujeres, madres, trabajadoras domésticas, cuidadoras, plomeros, electricistas— están enfrentando una campaña de terror estatal con valentía, pero también con un miedo creciente que impacta en la vida cotidiana.
El uso de Los Ángeles como terreno de ensayo para una política autoritaria generalizada no es solo una advertencia para California. Es un espejo que muestra lo que podría venir en otras ciudades si se normaliza la militarización de la protesta, la detención sin garantías y la criminalización del inmigrante. Lo que está en juego no es solo el futuro de miles de familias, sino el de una democracia capaz —o no— de proteger a sus ciudadanos más vulnerables.