Los primeros 100 días del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el cargo se han caracterizado por un drástico alejamiento de la gobernanza tradicional. Un aluvión de órdenes ejecutivas y memorandos que ha arrinconado a los organismos gubernamentales y ha provocado una preocupación generalizada por la erosión de las normas establecidas y los contrapesos existentes. Sus declaraciones sobre política exterior -desde amenazas contra Groenlandia y Canadá hasta afirmaciones sobre el control sobre el Canal de Panamá– conmocionaron a aliados y adversarios por igual. En el ámbito doméstico, la utilización del Departamento de Justicia como arma contra los opositores políticos y la purga sin precedentes de trabajadores federales han alimentado las acusaciones de extralimitación autoritaria. Pero también, sus primeros días han sido testigos del comienzo de su prometida ofensiva contra la inmigración, que han implicado la movilización de varias agencias gubernamentales y controvertidas tácticas de deportación a países como El Salvador.
El estilo de confrontación de Trump ha escalado significativamente y se ha extendido más allá de sus oponentes políticos para abarcar universidades, medios de comunicación, empresas como Amazon y otras instituciones. El mero volumen y alcance de sus acciones, desde iniciar una guerra comercial con aranceles devastadores hasta indultar a personas condenadas en relación con el asalto al Capitolio del 6 de enero, ha dejado atónitos a los analistas así como a miembros de su propio partido. En este contexto, preguntamos a la experta Alison Brysk por varios de los asuntos más preocupantes en Estados Unidos tras el paso del huracán Trump: los derechos humanos, los derechos de las mujeres y de los migrantes.
Los primeros 100 días de Trump
Brysk, profesora distinguida de Estudios Globales y Ciencias Políticas en la Universidad de California Santa Bárbara, detalla la lista de ataques de Trump en sus primeros 100 días, lo que supone la “destrucción sin precedentes del derecho internacional avalado por Estados Unidos, de nuestra propia Constitución y del ejercicio de la democracia”.
Así, Brysk recuerda a Artículo14 que incluso “algunos republicanos de la corriente principal no MAGA y muchos independientes están preocupados por la falta de garantías procesales y la inhumanidad” de las deportaciones de Trump de las que, por cierto, alardean a bombo y platillo en el Gabinete.
-¿Ha infligido la Administración Trump un enorme daño a los derechos humanos en Estados Unidos y en todo el mundo?
-Los primeros cien días de Trump han causado más daño a los derechos humanos en Estados Unidos que cualquier administración estadounidense anterior.
La desaparición forzada de migrantes, la deportación de ciudadanos estadounidenses, la persecución de ciudadanos por su ejercicio de la libertad de expresión y reunión, la suspensión de las protecciones de búsqueda y privacidad para medios de comunicación y denunciantes, la remoción politizada de funcionarios legales y judiciales sin el debido proceso, la eliminación de las protecciones contra la discriminación en agencias gubernamentales y escuelas, la exclusión de los medios de comunicación y los abogados que han desafiado al presidente de los espacios públicos controlados por el gobierno federal, el desacato de las órdenes judiciales, la retirada de la financiación autorizada por el Congreso a universidades, investigadores y medios de comunicación independientes por motivos de identidad u opinión política, entre otras cosas, representan una panoplia de destrucción sin precedentes del derecho internacional avalado por Estados Unidos, de nuestra propia Constitución y del ejercicio de la democracia. La destrucción de los programas humanitarios de ayuda estadounidense para paliar la hambruna y prevenir el SIDA ya ha provocado miles de muertes, mientras que la congelación de las solicitudes de asilo y el desmantelamiento de la ayuda estadounidense a la democracia amenazan las vidas y las libertades de los disidentes y las minorías de todo el mundo. El otro día, el FBI arrestó a una jueza en ejercicio porque insistió en recibir una orden apropiada del ICE para detener a un migrante en su sala y le permitió salir; esto es un abuso autoritario en toda regla.
-¿Y en cuanto a los derechos de las mujeres?
-Ha habido ataques a todas las áreas de los derechos de las mujeres. La Administración Trump ha perdonado y respaldado a manifestantes violentos contra el aborto que atacaron clínicas de mujeres, ha despedido a funcionarios antidiscriminación de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo y del Departamento de Justicia, ha desfinanciado importantes programas e investigaciones sobre la salud de la mujer, ha congelado la financiación y la implementación de programas de violencia doméstica y prevención de violaciones, ha bloqueado los esfuerzos para abordar la agresión sexual en los campus universitarios de EE UU y en el Ejército (en concreto, eliminando el programa del proyecto de ley de autorización de gastos de Defensa), suprimió la información sobre cuestiones de género y salud sexual de las páginas web del gobierno, y bloqueó el acceso de las minorías de género a la atención sanitaria y a la protección frente a los delitos de odio.
-Trump ha tomado medidas drásticas para despojar del estatus migratorio legal a cientos de miles de personas, aumentando el grupo de aquellos que potencialmente pueden ser deportados mientras intenta aumentar las expulsiones a niveles históricos. ¿Es esto legal? ¿Cómo se puede combatir?
-Las medidas de Trump para despojar de su estatus legal a los inmigrantes combinan órdenes ejecutivas, cambios en las categorías de estatus migratorio, cambios en las políticas y procesos de aplicación de las leyes de inmigración y ataques a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Algunas órdenes ejecutivas -como los cambios en el Estatus de Protección Temporal para los inmigrantes venezolanos- son legales, pero aún requieren el debido proceso para las deportaciones, que varios jueces hasta nuestro propio Tribunal Supremo han dictaminado que la Administración no está proporcionando. Muchos de los cambios en la aplicación de la ley van más allá de la discrecionalidad presidencial normal en materia de inmigración, eluden la autoridad del Congreso y la legislación vigente y, en consecuencia, han sido bloqueados o impugnados por los jueces, como el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros en tiempo de guerra contra presuntos miembros de bandas. La ciudadanía por derecho de nacimiento se deriva de la 14ª Enmienda de la Constitución de EE UU y no puede ser modificada por el presidente -sólo el Congreso debería estar autorizado a cambiar algunos aspectos de la aplicación- y los bloqueos emitidos por tribunales inferiores serán examinados por el Tribunal Supremo de EE UU en mayo.
-Las deportaciones a la prisión CECOT en El Salvador están siendo elogiadas por Trump y su Administración en lugar de ser ocultadas. ¿Es esto un gesto para sus votantes? ¿Para los partidarios de MAGA? ¿Puede ser contraproducente? Ya está teniendo muchas consecuencias desastrosas…
-Cerca de la mitad de la opinión pública estadounidense -y la gran mayoría de los demócratas- dice ahora que Trump ha “ido demasiado lejos” en las deportaciones. Aunque entre los republicanos hay un apoyo generalizado a la idea de las deportaciones masivas, algunos republicanos de la corriente principal no MAGA y muchos independientes están preocupados por la falta de garantías procesales y la inhumanidad. La política simbólica que atraviesa los cálculos políticos normales es la actuación política de Trump para demostrar el dominio patriarcal de un enemigo construido para asegurar partidarios xenófobos enfadados e inseguros, que se acentúa a medida que fracasan sus políticas económicas y de seguridad.