Mientras la Administración Trump trata de consolidar una propuesta de paz para Ucrania basada en los polémicos 28 puntos presentados, en Kiev y en las capitales europeas se multiplican las dudas. El plan, fuertemente inclinado hacia las exigencias del Kremlin, impone concesiones territoriales, limita decisiones soberanas como la adhesión a la OTAN y contempla una amnistía general por los crímenes de guerra cometidos por el Ejército ruso. A ojos de múltiples gobiernos europeos, la iniciativa está lejos de sentar las bases de un “acuerdo de paz” y se parece más a un mecanismo para blanquear la responsabilidad de Moscú.
En este contexto de presiones diplomáticas, tensiones internas y una guerra que no da tregua, la situación humanitaria en Ucrania vuelve a quedar relegada. Los ataques rusos contra zonas residenciales y contra infraestructura crítica han aumentado respecto al año pasado, y la vida cotidiana en múltiples regiones -liberadas, de primera línea o bajo ocupación- sigue definida por la precariedad y el miedo.
Para entender qué está ocurriendo sobre el terreno y por qué cualquier negociación debe tener en cuenta la justicia y la protección de la población civil, Artículo14 conversa con Yulia Gorbunova, investigadora senior de Human Rights Watch (HRW) especializada en Ucrania desde 2013. “Soy abogada de formación, y mi trabajo se centra en documentar violaciones de derechos humanos y proteger a la población civil afectada por la guerra”, remarcó.
-¿Cómo interpreta la última versión del plan de paz impulsado por Trump?
-Primero es importante recordar que HRW no evalúa la legitimidad de las guerras en sí, sino cómo se libran, si las partes respetan las leyes internacionales y si protegen a la población civil. Dicho esto, el plan planteado por Trump está muy inclinado hacia las exigencias rusas. El borrador inicial incluía 28 puntos que coincidían casi punto por punto con líneas rojas que Ucrania ya había rechazado. Aunque el documento se ha ido reduciendo, sigue conteniendo elementos difíciles de asumir para Ucrania.
Mientras estas conversaciones avanzan, Rusia continúa intensificando sus ataques contra civiles. El aumento de víctimas civiles respecto al año pasado demuestra que Moscú no está enviando señales de paz, sino buscando una posición de fuerza antes de cualquier negociación.
-Algunos líderes europeos han dicho que este plan “perdona” a Putin por los crímenes cometidos. ¿Comparte esta lectura?
-Uno de los puntos del plan contempla una amnistía general por todos los actos cometidos durante la guerra, y esto es extremadamente preocupante. Lo decimos desde hace mucho: no puede haber paz sostenible sin justicia. La Corte Penal Internacional ya ha emitido seis órdenes de arresto, incluida una contra Vladimir Putin y otra contra la comisionada rusa de Derechos del Niño por la deportación forzosa de menores ucranianos. También hay cuatro órdenes relacionadas con ataques contra infraestructura civil. Estas decisiones no quedan invalidadas por un acuerdo político: no hay nada en un plan de paz que pueda anular el trabajo de la CPI.
La preocupación se centra en que una amnistía podría dejar impunes a mandos medios y agentes directamente implicados en crímenes graves. Ucrania ha registrado 178.000 presuntos crímenes de guerra, y también hay investigaciones en curso en países que aplican jurisdicción universal. Frenar estos procesos sería inaceptable.
-La sensación desde fuera es que Ucrania llega debilitada a la mesa de negociación. ¿Eso puede facilitar que se imponga esta amnistía?
-No debería ser así. Los principios del derecho internacional no dependen del equilibrio de poder entre los países. Es verdad que la coyuntura es desfavorable: la reciente macro investigación por corrupción en el sector energético ha dañado la confianza de los socios occidentales y ha generado inquietud dentro de Ucrania misma.
Pero también hay que subrayar algo: que una investigación anticorrupción de este calibre pueda avanzar en plena guerra demuestra que Ucrania es un país con instituciones democráticas operativas. Eso debería reforzar, no debilitar, la confianza de sus aliados.
-Se habla mucho de diplomacia, pero poco de lo que ocurre en el terreno. ¿Qué está pasando estas semanas en Ucrania?
-Desde el primer día de la invasión, hemos documentado ataques rusos contra civiles, contra zonas residenciales y contra infraestructura energética. Nos centramos en ataques desproporcionados o ilegales, en el uso de armas imprecisas o con efectos de amplio radio que causan un número muy elevado de víctimas civiles.
En los últimos meses investigamos de forma exhaustiva el uso de drones FPV por parte de Rusia en la región de Jersón. Analizamos cientos de vídeos publicados en canales militares rusos: se ve a los operadores apuntando deliberadamente contra civiles, no se trata de errores. Concluimos que esta práctica constituye crímenes contra la humanidad.
También trabajamos sobre la situación en territorios ocupados, donde la población vive bajo coerción. Quien no acepta el pasaporte ruso pierde acceso a empleo, sanidad o servicios básicos, y puede enfrentarse a interrogatorios o torturas. Rechazar el pasaporte significa no poder mantener una vida mínimamente normal; aceptarlo, renunciar a tu identidad. Es una elección forzada.
-¿Qué otros abusos se están produciendo en las zonas ocupadas?
-Uno muy grave es la expropiación sistemática de propiedades. Si un ciudadano ucraniano abandona su vivienda y no la reinscribe rápidamente en el registro ruso, su hogar puede declararse “no utilizado” y ser confiscado. Para reclamarlo debe volver físicamente y presentar un pasaporte ruso. Es una violación directa del derecho internacional de ocupación.
Otra área crítica es la rusificación educativa: se elimina el currículo ucraniano y se sustituye por uno ruso cargado de propaganda. Los niños pierden acceso a su lengua, su historia y su identidad. Es una forma de borrado cultural.
-¿Podemos hablar de cifras reales de víctimas civiles tras casi cuatro años de guerra?
-Human Rights Watch no recopila estadísticas globales de víctimas, pero sí lo hace la misión de derechos humanos de la ONU en Ucrania. Sus últimos datos hablan de entre 13.000 y 14.000 civiles muertos, y decenas de miles de heridos. La cifra exacta es difícil de verificar por la intensidad de los combates y la falta de acceso a zonas ocupadas.
-Destaca la dificultad de mantener la vida cotidiana bajo ocupación. ¿Cómo sobreviven quienes no pueden irse?
-Depende mucho de la zona, pero la situación es extremadamente dura. En la parte ocupada de la región de Jersón, por ejemplo, muchos pueblos pequeños están aislados, bombardeados con frecuencia y sin servicios básicos. Recientemente entrevisté a una mujer de Oleshki cuya historia ilustra bien la situación: su marido fue asesinado, un dron atacó su jardín y la hirió con metralla, no pudo recibir atención médica porque no tenía pasaporte ruso, perdió el acceso a electricidad, quedó sin combustible para el generador… En noviembre entendió que no sobreviviría al invierno si se quedaba.
Aun así, la resiliencia de la población ucraniana es impresionante. La red de voluntarios, la capacidad de autoorganización y la solidaridad social son extraordinarias. Esa fortaleza colectiva es uno de los elementos más decisivos para sostener al país.