La desaparición y muerte de al menos once científicos y trabajadores vinculados a investigaciones altamente sensibles en Estados Unidos ha encendido las alarmas en Washington, alimentando la especulación pública y provocando una respuesta coordinada del Gobierno federal.
El presidente Donald Trump ha elevado el tono al calificar el asunto como “bastante serio” y ordenar una investigación exhaustiva encabezada por el FBI, con la promesa de que “no quedará piedra sin remover”.
La causa combina de forma perturbadora homicidios, desapariciones y muertes sin explicación clara. Un asunto que afecta a profesionales relacionados con sectores estratégicos como la energía nuclear, la investigación aeroespacial y la defensa. Entre ellos figuran varios científicos ligados al Jet Propulsion Laboratory (JPL) de Los Ángeles, dependiente de la NASA, así como expertos vinculados al laboratorio nacional de Los Álamos en Nuevo México.
El FBI busca la conexión
El FBI confirmó que lidera una investigación “amplia” para determinar si existe algún vínculo entre estos casos. “Estamos trabajando con el Departamento de Energía, el Departamento de Defensa y las autoridades estatales y locales para encontrar respuestas”, señaló la agencia en un comunicado. Su director, Kash Patel, fue más explícito. “Vamos a buscar conexiones. ya sea con acceso a información clasificada o con actores extranjeros. Si encontramos indicios de conducta ilícita o conspiración, actuaremos”.
Pese a la creciente inquietud política, los investigadores insisten en que las circunstancias de cada caso son diversas y, por ahora, no existe evidencia concluyente de una trama común. Algunas muertes han sido clasificadas como homicidios aislados; otras corresponden a desapariciones sin señales de violencia; y en varios casos las familias apuntan a problemas de salud o situaciones personales.
El punto de partida se sitúa en 2023, con la muerte de Michael David Hicks, investigador del JPL especializado en cometas y asteroides. Tenía 59 años y, según su hija, sufría problemas médicos previos. “No entiendo la conexión entre la muerte de mi padre y otros científicos desaparecidos”, declaró Julia Hicks a Los Ángeles Times, reflejando el desconcierto de los familiares.
Más desapariciones
A este caso se sumaron otros en los años siguientes. Frank Maiwald, experto en investigación espacial, falleció en Los Ángeles en 2024. En 2025, la ingeniera aeroespacial Monica Reza desapareció durante una excursión en California. Ninguno de estos casos ha sido vinculado oficialmente con actividades criminales coordinadas.
Más inquietante resulta la desaparición de William Neil McCasland, exgeneral de la Fuerza Aérea con acceso a programas avanzados de investigación. Abandonó su domicilio en Albuquerque dejando atrás objetos personales esenciales. Meses después, sigue sin rastro. Su esposa rechazó públicamente las teorías conspirativas. “Es muy improbable que alguien lo haya secuestrado por secretos antiguos”.
El laboratorio de Los Álamos
Varios de los casos más sensibles se concentran en Nuevo México, epicentro histórico de la investigación nuclear estadounidense. Melissa Casias y Anthony Chavez, ambos vinculados al laboratorio de Los Álamos, desaparecieron en 2025 en circunstancias desconcertantes. Las autoridades locales han señalado que no hay indicios de delito, aunque las investigaciones siguen abiertas.
“Es hora de que se investigue en serio”, afirmó Carl Buckland, amigo de Chavez, reflejando una percepción creciente de que estos casos no han recibido, hasta ahora, suficiente atención.
El interés político ha aumentado a raíz de estas desapariciones. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, aseguró que los informes “plantean preguntas sobre una posible conexión siniestra” y calificó la situación como una amenaza potencial para la seguridad nacional. “Es muy poco probable que sea una coincidencia”, declaró.
A la lista de desapariciones se suman muertes violentas que han contribuido a alimentar las sospechas. El físico Nuno F. G. Loureiro, profesor del MIT, fue asesinado en 2025 en un tiroteo que también dejó víctimas en un campus universitario. En California, el astrofísico Carl Grillmair murió a tiros en su domicilio; el sospechoso fue detenido y las autoridades no saben si se trata de un ataque relacionado con su trabajo.
Otro caso que ha generado controversia es el de Matthew James Sullivan, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, fallecido antes de testificar en un proceso federal. El congresista Eric Burlison sugirió que su muerte, que calificó de suicidio “sospechoso”, debe ser investigada.
En paralelo, la muerte en 2022 de Amy Eskridge ha vuelto a la actualidad. Su familia pidió cautela. “La gente debería entender que los científicos también mueren y no sacar conclusiones precipitadas”.
La Casa Blanca ha optado por un enfoque prudente, aunque activo. La portavoz Karoline Leavitt aseguró que el Gobierno está “trabajando con todas las agencias pertinentes para revisar los casos de forma integral e identificar posibles elementos comunes”. En la misma línea, Trump ha insistido en que espera resultados en un plazo breve. “Espero que sea algo aleatorio, pero lo sabremos pronto”.
El presidente ha convertido el caso en una prioridad política, en parte impulsado por la presión mediática y la proliferación de teorías en redes sociales. Sin embargo, las agencias federales han tratado de contener las especulaciones. La NASA subrayó que “en este momento no hay indicios de amenaza para la seguridad nacional”, aunque confirmó su cooperación con las autoridades.
Desde el ámbito científico, varias voces han pedido evitar conclusiones precipitadas. “No hay evidencia que sugiera una conexión entre estos casos más allá de la naturaleza de los trabajos de las víctimas”, explicó un investigador familiarizado con los procesos de seguridad en laboratorios federales. “La coincidencia es llamativa, pero no necesariamente significativa”.
Las mujeres de estos casos
Entre los casos que han captado la atención se encuentran varias mujeres científicas, cuya trayectoria y circunstancias reflejan tanto la relevancia de su trabajo como la vulnerabilidad de su exposición pública. Monica Reza, ingeniera del JPL, dirigía un grupo clave en el procesamiento de materiales avanzados cuando desapareció en 2025. Melissa Casias, vinculada a Los Álamos, también formaba parte de proyectos sensibles en el ámbito nuclear. A ellas se suma Amy Eskridge, joven investigadora que fundó un instituto dedicado a la ciencia experimental.
Expertas en el ámbito científico han advertido del riesgo de instrumentalizar estos casos. “Las mujeres en ciencia ya enfrentan barreras estructurales; convertir sus muertes en material de especulación sin pruebas añade otra capa de distorsión”, señala una investigadora del sector energético que pidió anonimato. Al mismo tiempo, subraya la necesidad de investigaciones rigurosas. “La transparencia es esencial, pero también lo es el respeto a los hechos”.
🇺🇸 Anti-gravity researcher Amy Eskridge was found shot dead… ruled a suicide.
One month earlier, she texted a friend: “If you see any report that I killed myself, I most definitely did not.”
She also said she was being hit with “energy weapons” and needed to “disclose soon.”… https://t.co/tL3cUI06di pic.twitter.com/wLFHbQZPZh
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 22, 2026
El caso ilustra la tensión entre la necesidad de investigar posibles riesgos para la seguridad nacional y la tentación de construir narrativas sin base empírica. La implicación de científicos con acceso a información clasificada ha amplificado el interés político, pero también ha alimentado teorías donde se habla de espionaje extranjero hasta encubrimientos gubernamentales.
Por ahora, las autoridades insisten en que cada caso debe analizarse de forma individual. Sin embargo, la decisión de centralizar la investigación en el FBI responde a la presión institucional. La promesa presidencial marca el tono de una investigación que avanza entre preguntas sin respuesta y la exigencia de resultados.