El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) se alzó victorioso en las elecciones celebradas en Sajonia-Anhalt el pasado domingo. Sin ser una región extensa ni densamente poblada, los resultados cosechados por esta formación en el reciente proceso electoral son destacables, a pesar de no haber alcanzado la mayoría absoluta para gobernar en solitario. El hito principal estriba en que se trata de la primera organización de extrema derecha que logra triunfar tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial.
Así pues, esta fuerza política –que ha desafiado todos los pronósticos– promete “hacer que Alemania vuelva a ser grande”. Esta inquietante soflama representa un desafío tanto a nivel interno como externo. Desde este último prisma, el suceso en cuestión supone una nueva constatación de cómo Europa se está transformando a lo largo de los años ante la oleada constante de fuerzas políticas radicales que logran imponerse. En este sentido, cobra interés señalar que todas ellas comparten un elemento común: la especial aversión que muestran hacia los movimientos migratorios. Esta aseveración encaja a la perfección con uno de los mensajes más repetidos por el mencionado partido alemán durante su campaña electoral: “Alemania para los alemanes”.
En sintonía con esta peculiar deriva europea a la que la nación alemana parece haberse sumado para sorpresa de muchos, debe traerse a colación el frente judicial que mantiene al país bajo el foco internacional y que, en estos días, ha sido objeto de una renovada atención. Me estoy refiriendo al procedimiento judicial que Alemania afronta ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como consecuencia de la denuncia interpuesta por Nicaragua en su contra hace ya un tiempo en la que alegó que había desempeñado un papel esencial en la actuación bélica desplegada por el Estado israelí en la Franja de Gaza a raíz de los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre del 2023. Concretamente, acusó a Berlín de haber contribuido a perpetrar el delito de genocidio; una implicación que se habría materializado mediante el suministro de ayuda militar y financiera a Tel Aviv.
Esta causa judicial, formalizada en 2024, no fue una protesta simbólica. Muy al contrario. Este asunto ha pasado por distintas fases. En su momento, Nicaragua solicitó la implementación de medidas urgentes con el objeto de paralizar la ayuda proporcionada por Alemania a Israel. Esta petición fue desestimada por la CIJ al considerar que, de acuerdo con la “información fáctica y los argumentos jurídicos presentados”, no concurrían las circunstancias necesarias para proceder a su aplicación. No obstante, ello no conllevó el cierre del procedimiento judicial. Como hemos visto esta semana, sigue “vivo” y su objeto es escudriñar si existe o no una eventual responsabilidad internacional por parte de Berlín.
Managua, como es lógico, se ha valido –inter alia– de la Convención para la Prevención y la Sanción del delito de genocidio de 1948 para hacer valer sus argumentos ante la CIJ. Esta estrategia resulta de lo más apropiada, puesto que sus disposiciones fueron diseñadas para evitar y perseguir conductas similares a las perpetradas durante la Segunda Guerra Mundial por el régimen nazi. Este marco jurídico faculta, por tanto, a los Estados para intervenir ante actos de una crudeza excepcional. Cobra interés señalar que el espíritu de este acuerdo fue impulsado –de manera indirecta– por voces como la de Winston Churchill, quien se alzó como uno de los primeros líderes en denunciar públicamente la brutalidad de Hitler y sus secuaces. Así lo expresó el 14 de noviembre de 1941: “nadie ha sufrido de manera más cruel que el judío los males indescriptibles infligidos en los cuerpos y espíritus de los hombres por Hitler y su vil régimen (…). El sufrimiento del judío y su papel en la lucha no serán olvidados”.
Así las cosas, resulta llamativo que –ochenta años después– Alemania e Israel aparezcan vinculados a un mismo procedimiento judicial por unos hechos que vuelven a evocar, aunque en circunstancias radicalmente distintas, la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Alemania, que décadas atrás perpetró crímenes de tal magnitud que impulsaron la adopción de –inter alia– el célebre acuerdo de 1948, se encuentra hoy bajo escrutinio. Israel, por su parte, emergió a finales de los años cuarenta como el hogar de un pueblo convertido en una víctima con mayúsculas. Ahora, sin embargo, el Estado creado para salvaguardar a su población es señalado por vulnerar aspectos esenciales de ese miso marco jurídico.
Las lecciones del pasado parecen caer en el olvido. Esta desmemoria no sólo se proyecta en la arena internacional, sino que también ésta afectando la política doméstica alemana. Es, precisamente, en esta convergencia entre lo externo y lo interno donde conviene volver al principio. Que una formación como la AfD haya logrado imponerse en unas elecciones regionales no significa que la historia se esté repitiendo de forma idéntica, pero sí constituye un síntoma claro de los turbulentos tiempos en los que nos encontramos.
Y es aquí donde la mirada de Stefan Zweig cobra de nuevo sentido. En su “mundo insomne”, retrató con dolorosa lucidez una Europa que se deslizaba, sonámbula, hacia el abismo. Hoy, como entonces, el peligro no radica necesariamente en el estallido repentino de la barbarie, sino en el lento proceso por el que determinadas ideas dejan de percibirse como una anomalía y terminan normalizándose e integrándose en el tablero institucional democrático.