“Me estoy enterando por ti que estos centros existen”, esto es lo que Marta* respondió a Amnistía Internacional al preguntarle si desde alguna de las instituciones a las que acudió se le informó sobre la posibilidad de acudir a un servicio especializado que pudiera darle asesoramiento y acompañarla, tras sufrir una agresión sexual. Los agentes de policía que acudieron no solo omitieron esa información sino que, además, ella sintió que la trataron de manera humillante.
Un reciente informe de la organización nos alerta de los obstáculos que siguen enfrentando las mujeres para acceder a atención especializa y multidisciplinar, cuando han sido víctimas de violencia sexual. Han pasado cuatro años después de que el gobierno central y todas las comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, responsables directas de este servicio, alcanzasen un acuerdo por unanimidad para el establecimiento de los centros de atención 24 horas como recursos especializados para garantizar una atención integral. Sin embargo, su implantación está siendo desigual, incompleta y en muchos de los casos sin respetar los requisitos exigidos por la Ley Integral de Libertad Sexual y los estándares internacionales de derechos humanos.
A través de los testimonios de mujeres que sufrieron una agresión sexual, de sus familiares y de las entrevistas con trabajadoras y profesionales expertas, Amnistía Internacional alerta de que no se está garantizando adecuadamente el derecho de estas mujeres a la asistencia psicológica, legal y social, según los estándares internacionales. En primer lugar, estos recursos no están abiertos 24 horas los siete días a la semana. Teresa* lo sabe bien: agredida por un desconocido llamó a las diez de la noche y la operadora de un teléfono 900 de Andalucía le dijo que mandase un correo electrónico a la dirección que le facilitaba y que esperase la respuesta, porque el centro a esas horas estaba cerrado.
Tampoco están garantizando que la atención telefónica que reciben sea especializada en todos los casos. Para Susana* violada por un compañero de trabajo, esa llamada fue como hablar con ChatGPT: fría e impersonal. Tanto que le dejó paralizada y tardó tiempo en volver a pedir ayuda. Cuando por fin recibió esa ayuda especializada, fue cuando encontró las fuerzas necesarias para, en sus propias palabras, “pasar de víctima a superviviente”.
Algunas comunidades autónomas ocultan la dirección del recurso alegando temas de seguridad. Pero, en realidad, la ocultación solo abunda en el estigma y el silencio que ha rodeado siempre a las víctimas de violencia sexual, al temor a represalias o a que se les haga culpables de lo ocurrido.
Tiritas
No basta con inaugurar un edificio o decir que la comunidad autónoma en cuestión tiene este servicio en marcha. Hay que hacerlo accesible, sostenible y con personal cualificado y especializado en violencia sexual o trauma. Pero aquí nuevamente Amnistía Internacional señala la falta de equipos estables, multidisciplinares y adecuadamente formados. La organización se ha encontrado con plantillas insuficientes y trabajadoras desbordadas.
Ya lo advirtió el grupo de expertas del Comité GREVIO, organismo dependiente del Consejo de Europa: España no puede seguir con un modelo de externalización de servicios esenciales que premia principalmente la oferta económica más baja, porque esto tiene consecuencias en la calidad del mismo.
La madre de una niña de 12 años en Zaragoza lo sabe bien porque le dijeron que “la psicóloga del centro estaba de baja”. También lo ha sufrido otra superviviente de violencia sexual en la infancia que vive en Madrid, ya que, cuando dio el paso de buscar ayuda para denunciar y procesar lo que había vivido, en el centro de crisis le dijeron que para asistencia psicológica había una lista de espera de al menos tres meses. Seis meses después seguía esperando. La falta de recursos suficientes se hace más patente cuando estos no llegan a todas las mujeres como en el caso de mujeres en el ámbito rural, o no se cuenta con profesionales que garanticen que la atención también llega a mujeres que enfrentan barreras específicas como mujeres migrantes, mujeres con discapacidad o trabajadoras sexuales.
Se acabaron ya las prórrogas y las promesas que no terminan de cumplirse. La violencia sexual es una de las formas de violencia de género cuyas secuelas físicas y psicológicas pueden persistir de por vida. Una violencia extendida ya que, según la última macroencuesta del Ministerio de Igualdad, una de cada dos mujeres residentes en España mayores de 16 años han sufrido violencia a lo largo de sus vidas. La ausencia de recursos especializados y de calidad no solo impide a las víctimas su recuperación, sino que ahonda en su revictimización. Aunque el informe analiza la situación en seis comunidades autónomas, las recomendaciones son extensibles a las demás. Estamos todavía a tiempo de superar estos obstáculos y garantizar el derecho a la asistencia, recuperación y reparación a las mujeres víctimas y supervivientes de violencia sexual. Las mujeres lo necesitamos.
* Los nombres han sido cambiados por razones de confidencialidad.