María Jesús Montero deja la Vicepresidencia del Gobierno y el Ministerio de Hacienda para emprender una carrera de futuro incierto como candidata del PSOE a las elecciones para la Presidencia de la Junta de Andalucía. Atrás quedan ocho años de gestión de la Hacienda española caracterizados por una voracidad recaudatoria y un entreguismo al victimismo fiscal del independentismo catalán. Nadie puede discutir su eficiencia en ambos frentes. Más discutible ha sido su disciplina para presentar el proyecto de Presupuestos General del Estado al Congreso.
Montero es sanchismo puro, en toda su esencia. Ha acompañado sin desmayo y con todo entusiasmo los cambios copernicanos de opinión de su jefe con la inquebrantable fe del carbonero. Se ha dejado la piel y ha sudado la camiseta, como gustan caracterizar su entrega los personeros gubernamentales. Igual ha dado la amnistía para los separatistas catalanes, que la financiación autonómica a medida de Cataluña, que la condonación de la deuda catalana. Fidelidad y lealtad a Pedro. Como premio, o castigo, Sánchez le ha mandado a cruzar Despeñaperros y allá que va lista para despeñarse.
María Jesús es una mujer inquieta, abnegada, dispuesta, jovial, locuaz y espontánea. Nada en su biografía parecía indicar que dirigiría durante ocho años la sala de máquinas de la Hacienda española. Sevillana, del mismo barrio de Triana, procede de una familia de profesores, mostró desde su juventud una inclinación social que le llevó a militar en los movimientos cristianos de base e, incluso, en las Juventudes Comunistas. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, orientó su carrera profesional y política a la gestión hospitales como los sevillanos Virgen de Valme y Virgen del Rocío, hasta que dio el salto a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Allí fue nombrada por Susana Díaz consejera de Hacienda, hasta que Pedro Sánchez coronó con éxito su moción de censura y la designó ministra del ramo. Su ascenso en el planetario sanchista ha sido imparable. Diputada, portavoz del Gobierno, vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE de Andalucía. Sin duda, la número 2 de Pedro Sánchez.
El Ministerio de Hacienda ocupa un lugar nodal en cualquier administración pública. Ya se sabe que el núcleo central lo conforman Defensa, Exteriores, Interior y Hacienda. En la historia de España ha habido más de 230 ministros de Hacienda o similares desde que la cartera se creara en 1714 bajo la denominación de Veedor General, aunque ya con antelación parecidas funciones fueron desempeñadas por el Superintendente General de Hacienda o el Mayordomo Mayor del Rey. Para dar una idea de la importancia capital de la cartera baste decir que sólo en la democracia la nómina de ministros de Hacienda ha estado compuesta por nombres como Fernández Ordóñez, García Añoveros, Miguel Boyer, Carlos Solchaga, Pedro Solbes, Rodrigo Rato, Cristóbal Montoro, Elena Salgado y la propia María Jesús Montero. En su conjunto, y hemos de reconocerlo con satisfacción, España ha sabido crear un sistema tributario, basado en el criterio de progresividad, que funciona con extraordinaria eficiencia
Una carrera dilatada como la de una ministra tan fogosa como María Jesús Montero está llena de luces y sombras. Incluso, dado el abismo que separa la actual política española, lo que para unos son luces para otros son sombras. Su balance está dominado por las subidas fiscales, y el consiguiente aumento de la capacidad recaudatoria del Estado, su incumplimiento de la obligación constitucional de la presentación de los Presupuestos Generales y, sin duda, por abrazar el relato de la orfandad de financiación esgrimida por el independentismo catalán.
Vayamos por partes. El informe anual del Instituto Juan de Mariana concluye en su edición de 2025 que desde 2018, los españoles “han sufrido 94 subidas de impuestos y cotizaciones, soportando además la no deflactación del IRPF y otros gravámenes”. Se dice pronto, 94 retoques tributarios. En este periodo, España ha incrementado su carga fiscal en 1,9 puntos del PIB, mientras que el promedio de la Unión Europea arroja un descenso de 0,9 puntos. Mientras España ha subido el peso de los impuestos y las cotizaciones, 14 de los 27 países de la UE han reducido su presión fiscal, entre ellos Alemania, Dinamarca, Francia, Países Bajos o Suecia. En 2024, se alcanzó una recaudación récord de 294 mil millones, frente a los 208 mil de 2018, es decir, un aumento superior al 41%. Con toda seguridad, en 2025 se superarán los 300.000 millones. En este periodo, el IRPF creció un 37%, Sociedades, un 57% y el IVA, un 29%.
Para atacar el mito de que en España se pagan pocos impuestos, María Jesús Montero se ha afanado en tomar medidas muy decididas. Datos de la OCDE, indican que la presión fiscal en España alcanza al 37,1% del PIB, frente al 40,4% de la media europea o al 34,1% de la OCDE. Pero esta distancia se ha recortado significativamente en los últimos años. En 2010, España estaba en un 32%, frente al 39% de la media europea. Por tanto, la convergencia fiscal con Europa es una realidad palmaria, pues tanto en IRPF como en Sociedades estamos a la par que el núcleo central europeo. La diferencia se centra en una menor recaudación por consumo, un mercado laboral más débil y una mayor economía sumergida.
En 2026, España se sitúa entre las economías de los países desarrollados que más grava a los contribuyentes a través de su Impuesto sobre la Renta. El tipo impositivo más alto del IRPF, al sumar el autonómico y el estatal, se sitúa en un 54%, unos 16 puntos puntos por encima de la media europea, que está en el 38%. Con un 55%, nos superan Dinamarca, Francia y Austria. Muchos expertos consideran un acto confiscatorio todo lo que supere el 50%. Un contribuyente medio español paga de media al fisco 10 puntos más que el promedio de la OCDE. La recaudación por habitante, según el Instituto Juan de Mariana, ha pasado de 4.157 euros en 2018 a 6.573 en 2025, un 58% más. A esto se llama voracidad recaudatoria, aunque María Jesús Montero prefiere llamarlo “fiscalidad justa y progresiva”.
Lo que no estoy convencido de que sea ni progresista ni justo es no presentar sistemáticamente al Congreso la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Cientos y cientos de veces, la ministra ha dicho que estaban trabajando con denuedo en su redacción, pero pasó 2023, pasó 2024, pasó 2025 y está pasando 2026, y no ha sido capaz, porque no ha podido o porque no ha querido su jefe, de hacerlo. Así que, incumpliendo la Constitución, España se desgobierna con los Presupuestos prorrogados de 2022, que para más inri corresponden a la anterior legislatura. No pasa nada. Este Gobierno normaliza como si tal cosa la irregularidad.
Ahora, Montero cruza Despeñaperros para ser presidenta andaluza. Va a tener que sudar tinta china para explicar su inclinación a favorecer la denominada singularidad y ordinalidad del relato del independentismo catalán. Ha firmado la cesión del IRPF a la Generalitat, la creación de una Hacienda catalana, la gestión compartida de impuestos y un nuevo modelo de financiación autonómica que claramente favorece a Cataluña y ha provocado el rechazo del resto del país. Un chorro de dinero para el bolsillo de los catalanes a cambio de unos sudados votos parlamentarios.
Montero dejará su huella en la Hacienda española. Ha aumentado la recaudación por el crecimiento económico, por la inflación, pero también por subidas de tipos efectivos y por nuevos impuestos y cambios normativos. Ha perdido la disciplina constitucional de disponer de unos Presupuestos Generales. En el otro lado, el país que ha vivido crisis de envergadura como la pandemia, las guerras, las danas, donde el Gobierno ha arbitrado medidas especiales para crear su querido “escudo social”. Pero también un país, en el que crecen las paguitas, al tiempo que aumenta la impresión de que se depaupera la sanidad y la educación y se caen a trozos las infraestructuras. Y una sociedad, en la que domina la sensación de que se vive peor por la caída del poder adquisitivo del bolsillo medio. No parece un resultado muy progresista. Mucho ruido y pocas nueces.