El caso de Julio Iglesias no es solo la historia de un ídolo caído. Es, sobre todo, el espejo incómodo de una realidad que preferimos no mirar: la vulnerabilidad extrema de las mujeres que trabajan como internas en hogares privados.
Las denuncias presentadas ante la Audiencia Nacional por Women’s Link, que acusan al cantante de trata de personas con fines de explotación laboral, abuso de poder y agresión sexual, nos obligan a preguntarnos por qué estas violencias siguen siendo posibles en pleno siglo XXI y, sobre todo, por qué tantas veces quedan impunes.
Lo que importa es la imagen
Las últimas informaciones publicadas por Eldiario.es y Univision describen con crudeza los presuntos métodos de contratación en la casa de Iglesias. Según una de las denunciantes, de entre las mujeres candidatas a trabajar en su hogar, a Julio Iglesias lo que más le interesaba eran las fotografías. Ese detalle, aparentemente menor, revela una lógica de cosificación: no se habría buscado una trabajadora, sino, en el mejor de los casos, una imagen, en el peor, un cuerpo.
Es fácil pensar que hablamos de una excepción, de un famoso rodeado de lujos y excesos. Pero esa es una ilusión peligrosa. El abuso no necesita mansiones caribeñas para prosperar. No es difícil encontrar empleadas del hogar internas en España que trabajan hasta 16 horas al día, los siete días de la semana, por pocos euros, sin vacaciones ni descanso, haciendo tareas que no les corresponden, entre gritos, desprecios y amenazas. A ello se suma el chantaje de su situación administrativa, porque muchas no tienen papeles.
Abundan las internas que sufren episodios de intimidación y violencia verbal y en algunos casos también agresiones sexuales, sometidas para no perder el trabajo. Según un estudio de Mujeres Unidas entre Tierras, el 80% de 600 trabajadoras del hogar encuestadas aseguraron haber sido víctimas de acoso sexual o agresiones. Ocho de cada diez.
No es un problema marginal: es un patrón estructural
El vínculo con el caso Julio Iglesias es evidente. Cuando una mujer vive en la casa donde trabaja, depende de sus empleadores para todo: techo, comida, salario, a veces incluso su estatus legal. Esa dependencia crea un terreno fértil para el abuso de poder.
Lo que se denuncia en las mansiones del cantante —control, imposición, violencia física, psicológica y sexual— sería una versión extrema de lo que ocurre cada día en miles de hogares españoles, invisibles para la inspección laboral y para la mirada pública.
De hecho, la intimidad del hogar protege al agresor. Todo sucede entre cuatro paredes, no hay cámaras, no hay compañeros que puedan dar fe, no hay supervisión externa y, por tanto, es difícil que haya pruebas. La inviolabilidad del domicilio dificulta el control de una inspección de trabajo e incluso el acceso de los servicios sociales o policiales.
Tampoco hay respaldo para las empleadas del hogar que quieran denunciar. Los recursos para violencia de género solo contemplan las agresiones en el seno de la pareja, no cuando quien agrede es el empleador, ni contemplan casas de acogida en caso de emergencia. Por eso la práctica totalidad calla y los abusos no solo resultan impunes, sino que se repiten.
Y no olvidemos un hecho que no es menor, la práctica totalidad de víctimas son extranjeras, inmigrantes y racializadas, cosa que agrava su vulnerabilidad: se las percibe como prescindibles, se las trata con mayor desprecio y se normaliza que soporten abusos que no se tolerarían a otras.
El caso Iglesias ha tenido un enorme eco mediático porque implica a una celebridad. Pero sería un error quedarnos solo en el morbo o en la caída del mito. Si algo bueno puede salir de este escándalo de Julio Iglesias es que nos obligue a mirar hacia dentro, hacia nuestras propias casas.