Women’s Link Worldwide y Amnistía Internacional ofrecieron este miércoles una rueda de prensa para informar sobre la denuncia presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España por presuntos delitos cometidos por Julio Iglesias contra dos mujeres, Rebeca y Laura, entre enero y octubre de 2021. La organización explicó los fundamentos jurídicos de la denuncia, el estado actual del procedimiento y las medidas de protección solicitadas para las denunciantes, que ya han sido reconocidas por la Fiscalía como testigos protegidas.
La conferencia fue moderada por Lizeth Arévalo, oficial senior de comunicaciones de Women’s Link, y contó con la participación de la directora ejecutiva de la organización, Giovanna Ríos Cisnero; la directora legal para Europa, Gema Fernández; la asociada legal Eliana Cala de Ávila; y Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistía Internacional España, entidad que respalda a las denunciantes.
¿Qué delitos se incluyen en la denuncia contra Julio Iglesias?
Según explicó Ríos Cisnero, la denuncia fue interpuesta el 5 de enero ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional y pone en conocimiento hechos ocurridos fuera del territorio español, concretamente en República Dominicana y Bahamas. La directora ejecutiva señaló que Women’s Link decidió involucrarse en el caso porque “contribuir con el acceso a justicia que Rebeca y Laura merecen es central a nuestra misión organizacional”.
En la denuncia se incluyen presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, en concurso con delitos contra la libertad sexual, entre ellos acoso sexual y agresión sexual, además de un delito de lesiones y posibles delitos contra los derechos de los trabajadores. Ríos Cisnero subrayó que existe una “diferencia diametral de poder” entre el denunciado y las denunciantes, derivada de su capacidad económica e influencia, lo que fundamenta la solicitud de medidas de protección.
“Somos víctimas y sobrevivientes”
Entre esas medidas, la organización solicitó evitar cualquier contacto entre las denunciantes y el denunciado, proteger su intimidad para impedir su identificación, garantizar condiciones adecuadas si deben declarar (teniendo en cuenta que no residen en España) y evitar la revictimización de otras trabajadoras que continúan empleadas por él.
Women’s Link informó que, aunque la Fiscalía aún no ha decidido sobre su competencia definitiva para conocer el caso, dos de esas medidas ya están en marcha. Por un lado, la Fiscalía ha decidido tomar declaración a las denunciantes y, por otro, les ha concedido la condición de testigos protegidas. “Poder ser escuchadas por la Fiscalía es un paso muy importante en la búsqueda de justicia de Rebeca y de Laura”, afirmaron.
Las palabras de Rebeca y Laura, las denunciantes
Durante su intervención, la directora ejecutiva compartió las motivaciones de las denunciantes. Rebeca explicó: “La primera, por mí misma. Por todo lo difícil que ha sido este proceso y por todo lo que he tenido que enfrentar para poder superarlo. La segunda, por las mujeres que trabajan en las casas de él. Quiero decirles que sean fuertes, que alcen la voz, que recuerden que él no es invencible. Y la tercera, por mi país, República Dominicana, para que algo así no vuelva a ocurrir, para que él entienda que no puede venir a hacer lo que quiera sin asumir las consecuencias”.
Por su parte, Laura afirmó: “Mi propósito es que ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos por parte de él. Quiero llevarles el mensaje de que las mujeres somos víctimas y sobrevivientes, no victimarias ni culpables”.
El plano legal
Gema Fernández detalló los elementos jurídicos de la denuncia y explicó que, según los testimonios, los hechos habrían ocurrido en un contexto de intimidación, en algunos casos con presencia de encargadas de las mansiones, lo que habría incrementado la presión psicológica sobre las denunciantes. Describió un patrón que incluiría captación, traslado y alojamiento con fines de explotación, así como condiciones laborales abusivas como jornadas de hasta 16 horas, ausencia de contrato, falta de intimidad, control de comunicaciones y exposición constante al acoso sexual.
Fernández explicó que la legislación española permite investigar determinados delitos cometidos fuera del territorio nacional mediante el principio de extraterritorialidad, especialmente cuando se trata de violaciones de derechos humanos recogidas en convenios internacionales ratificados por España, como el Convenio de Varsovia y el Convenio de Estambul.
“Desmantelar la impunidad”
Eliana Cala de Ávila situó el caso dentro de una estrategia de litigio feminista, antirracista y anticolonial. Señaló que la acción legal busca no solo justicia para las denunciantes, sino también “desmantelar la impunidad sostenida por estructuras de poder que han colocado a la riqueza, el estatus y la fama por encima del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias”. Insistió en que la protección de los derechos humanos “no es una concesión, es un deber ineludible”.
También confirmaron que el caso no se limita a las dos denunciantes: “Hemos sido contactadas por otras mujeres que alegan haber sido trabajadoras del denunciado”.
Desde Women’s Link Worldwide y Amnistía Internacional insistieron en la necesidad de preservar la seguridad y la privacidad de las denunciantes, así como en la importancia de que la Fiscalía continúe investigando los hechos con la debida diligencia.