Prohibiciones para salir de la casa. Jornadas sin límite horario. Control de las comunicaciones con familiares. Agresiones sexuales reiteradas. Humillaciones constantes. Exámenes médicos impuestos. Vigilancia del cuerpo, de la menstruación y de la intimidad. Vivir y trabajar en el mismo lugar, sin posibilidad real de huida.
Eso es lo que relatan las mujeres que han denunciado a Julio Iglesias. Y eso, en términos jurídicos y de derechos humanos, encaja en lo que se conoce como trata doméstica: una forma de trata de seres humanos con fines de explotación que se produce principalmente en el ámbito del trabajo doméstico y de cuidados en espacios privados y bajo relaciones extremas de poder.
Así lo resume la magistrada Victoria Rosell: “Estamos ante relatos de servidumbre doméstica, con rasgos de esclavitud y de trata. En la trata doméstica se mezclan la violencia sexual con otras violaciones graves de derechos: explotación laboral, control de la intimidad, de las comunicaciones, de la salud, todo ejercido por el ‘dueño y señor’”.
No es tráfico: es control y explotación
Suele confundirse con el tráfico de personas, en parte por el uso del término inglés trafficking. Sin embargo, el traslado o la inmigración no son un elemento esencial, explica Rosell. Puede haber trata doméstica sin cruce de fronteras, sin mafias visibles y sin secuestros.
“Como ocurre en muchas violencias machistas o crímenes de género, se mezclan distintas violencias y privaciones de derechos”. La clave, apunta, es la explotación sostenida mediante el abuso de una situación de vulnerabilidad y de poder, hasta anular la capacidad real de la persona para decidir sobre su vida.
Servidumbre doméstica y esclavitud moderna
El régimen interno es uno de los principales factores de riesgo: vivir en el lugar de trabajo borra cualquier frontera entre tiempo laboral y vida personal y refuerza la dependencia total del empleador.
“A menudo estas personas no perciben un salario justo, no tienen días libres y sufren abusos físicos y psicológicos, incluido el control de su vida personal hasta los aspectos más íntimos”, advierte Rosell. “La naturaleza privada del entorno dificulta enormemente la detección de este tipo de explotación, lo que agrava la situación de las víctimas”.
En los casos de las mujeres que han denunciado a Julio Iglesias, ese control se habría manifestado, según las denunciantes, mediante mediante restricciones a la movilidad, jornadas sin descanso, control de las comunicaciones y de la salud, además de episodios de violencia sexual. “No se trata solo de trabajar muchas horas”, señala la magistrada. “Es la imposibilidad práctica de decir que no, de irse, de tener autonomía. El control se ejerce con la excusa de la intimidad del hogar o de la seguridad del empleador, pero lo que se anulan son derechos fundamentales”.
La trata doméstica es una de las formas de explotación más invisibilizadas. Ocurre en espacios privados, sin testigos, con víctimas aisladas y dependientes, lo que dificulta las denuncias y la intervención institucional.
Una deuda legislativa pendiente
La falta de una regulación específica sobre la trata doméstica no se debe, según explica la magistrada Victoria Rosell, a la inexistencia de trabajos previos. Durante la pasada legislatura, el Ministerio de Igualdad presentó un anteproyecto de ley integral contra la trata, en el que se abordaban distintas formas de explotación. Sin embargo, el Ministerio de Justicia paralizó ese texto y promovió un proyecto alternativo, encargado a la Comisión General de Codificación, que finalmente no llegó a aprobarse antes del final de la legislatura.
“De esto hace ya tres años y no se sabe nada más de su aprobación”, señala Rosell. Según explica, el anteproyecto se trabajó de forma transversal entre Interior, Igualdad, Justicia e Inclusión, pero la complejidad de la norma y su vinculación con el debate sobre la abolición de la prostitución dificultaron el consenso político necesario para sacarla adelante. “Si se plantea como ley orgánica y se mezcla con la abolición, no cuenta con el apoyo de la mayoría progresista que sostiene al Gobierno”, añade.
“Cuando se habla de ‘desincentivar la demanda’, se piensa en los puteros”, critica la magistrada, “pero no en las empleadas internas ni en las temporeras agrícolas. Y hasta hoy, me temo que el proyecto de ley sigue paralizado”.
Una violencia invisible y masiva
Las cifras internacionales permiten dimensionar el alcance del fenómeno, aunque con una limitación clave: no existe un indicador global que contabilice de forma específica y desagregada los casos de trata o trabajo forzoso en el ámbito doméstico. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que al menos 75,6 millones de personas trabajan como empleadas domésticas en todo el mundo, un sector altamente feminizado, ya que alrededor de cuatro de cada cinco son mujeres y niñas, y donde además se concentra un elevado número de menores en situación de trabajo infantil.
Las Estimaciones Globales de la Esclavitud Moderna, elaboradas por la OIT junto con la Organización Internacional para las Migraciones y la fundación Walk Free, señalan que en 2021 había 27,6 millones de personas en situación de trabajo forzoso a nivel mundial. De ellas, 17,3 millones se encontraban en el sector privado, lo que incluye actividades como la agricultura, los servicios y el trabajo doméstico.
Aunque los informes internacionales no permiten precisar cuántas de esas personas son explotadas específicamente en hogares privados, los organismos advierten de que el trabajo doméstico es uno de los ámbitos donde se producen formas graves de explotación y servidumbre, caracterizadas por el aislamiento, la dependencia y la dificultad extrema para ser detectadas. La ausencia de datos desagregados no reduce la magnitud del problema, sino que pone de relieve su profunda invisibilidad, en un sector donde la mayoría de las víctimas son mujeres, lo que refuerza su carácter de crimen de género.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.