Laura participa en una campaña contra la violencia sexual. En una entrevista pública explica por qué muchas mujeres no denuncian y critica prácticas institucionales que, según colectivos feministas, revictimizan a las víctimas. Días después recibe un burofax. Un hombre que se da por aludido —sin ser nombrado, sin existir denuncia penal— le exige una rectificación inmediata y le reclama 500.000 euros por daños. No hay condena. No hay sentencia. Pero el mensaje es claro: hablar tiene un precio.
Casos como el de Laura se repiten cada vez con más frecuencia en el ámbito feminista, activista y periodístico. No buscan justicia, sino silencio. Son las llamadas SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), demandas estratégicas contra la participación pública.
Para entender cuándo una demanda deja de ser un conflicto legítimo y se convierte en una herramienta de intimidación, es necesario observar el fenómeno en conjunto.
La abogada Laia Serra lleva más de una década investigando y trabajando sobre las SLAPP. A lo largo de estos años ha revisado contenidos periodísticos, campañas comunicativas, guiones, investigaciones académicas y libros, y actualmente asesora a medios de comunicación, activistas, sindicatos y defensoras de derechos humanos. Según explica, no se trata de episodios aislados, sino de un patrón que se repite.
Estas demandas se mueven en una zona gris jurídica. No suelen ser manifiestamente infundadas, porque si lo fueran no prosperarían. Al contrario, se formulan con apariencia de legalidad suficiente para ser admitidas a trámite. Es precisamente ahí donde reside su eficacia. “Si estas demandas no tuvieran ningún recorrido, no funcionarían”, explica. “Se fabrican pretensiones con ciertos visos de legitimidad cuyo único objetivo es desgastar, neutralizar o represaliar”.
El castigo no es la sentencia, sino el proceso. En España, estas demandas se admiten y abren recorridos judiciales que pueden alargarse durante cuatro, cinco o incluso más años. Durante ese tiempo se acumulan costes económicos, desgaste emocional y daño profesional. Aunque la resolución final sea favorable, el impacto ya se ha producido. Recuperar las costas, cuando llega, no repara el daño.
Asimetría de poder
Este desgaste se apoya en una profunda asimetría de poder. Quien demanda suele contar con recursos económicos, tiempo y financiación para sostener litigios largos sin temor a las consecuencias. Quien es demandada, en cambio, afronta el procedimiento en soledad. A la demanda inicial se suman periciales en cascada —de reputación, informáticas, psicológicas— que no buscan tanto probar un daño como elevar los costes y hacer el proceso insostenible. No todo el mundo puede permitirse pagar los costes derivados de litigar hasta llegar a instancias superiores. Muchas personas abandonan antes por falta de recursos.
Serra señala que estas dinámicas no responden solo a iniciativas individuales. Empresas y actores con gran capacidad económica recurren cada vez más a la litigación abusiva como estrategia. Sindicatos, colectivos de inquilinas, organizaciones antirracistas o LGTBI se enfrentan a procedimientos similares cuando denuncian explotación laboral, racismo institucional, políticas de vivienda o recortes de derechos. No hace falta una gran sofisticación jurídica: basta con un burofax intimidatorio para generar miedo.
La Unión Europea y su directiva que deja fuera la vía penal
Aunque la Unión Europea ha aprobado una directiva específica contra las SLAPP, su alcance es limitado. La norma deja fuera la vía penal, precisamente en un país donde los delitos de injurias y calumnias se utilizan con frecuencia. En España, estas figuras se emplean de forma recurrente para frenar denuncias públicas, y en ese ámbito la protección es todavía menor. En el caso de la jurisdicción civil, en las demandas por supuesta vulneración del honor , la Fiscalía no actúa como contrapeso efectivo y su papel en estos procedimientos es tenue y poco proactivo a la hora de defender la libertad de expresión.
Para la abogada, el problema no es tanto la ausencia de herramientas legales como la cultura jurídica con la que se aplican. El abuso del derecho y la litigación de mala fe están previstos en la legislación desde hace décadas, pero los tribunales nunca usan estos mecanismos, tienden a analizar estos casos como conflictos privados entre personas, sin incorporar una perspectiva de derechos humanos ni valorar el impacto estructural sobre la libertad de expresión y la participación democrática.
Este tipo de tensiones ha llegado también a casos de gran visibilidad pública. Hace unos días, el cantante Julio Iglesias anunció una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz por unas declaraciones en las que ella respaldaba públicamente testimonios de mujeres que denunciaron abusos. Iglesias reclama una retractación y una compensación económica por daños a su honor, mientras Díaz ha respondido que no se callará ante la denuncia de violencias. El caso ha reabierto el debate sobre los límites entre el derecho al honor y la libertad de expresión en asuntos de interés público.
Lo sufren más las mujeres comunicadoras y activistas
La abogada insiste en que no todas las demandas son automáticamente SLAPP, pero advierte de que lo relevante es analizar el contexto, la asimetría de poder la intención de silenciamiento. Tratar estos procedimientos como disputas personales oculta su dimensión democrática.
El impacto es especialmente intenso sobre mujeres comunicadoras y activistas. Denunciar violencias, interpelar a actores políticos o cuestionar instituciones suele generar respuestas judiciales inmediatas. El patrón se repite: se ataca a una mujer visible y el resto observa. El efecto es una mordaza colectiva que restringe la participación política de las mujeres.
Incluso cuando estos procedimientos se ganan, el daño persiste. Serra explica que muchas mujeres que han obtenido sentencias favorables prefieren no hacerlas públicas por el nivel de desgaste, miedo y trauma acumulados durante años. El no poder ni tan solo comunicar las victorias también forma parte del castigo.
Reducir estos casos a ofensas individuales desactiva el debate de fondo. No se trata de conflictos privados, sino de sino de acción política discursiva, de disputas estructurales sobre quién puede hablar, denunciar y participar en el espacio público. Sin una protección efectiva de la libertad de expresión —especialmente de quienes denuncian desigualdades y violencias— la igualdad y la democracia quedan seriamente comprometidas.
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