Me escribía hoy una amiga que “vivimos como la rana hervida acostumbrados a que nos suban la temperatura del agua cada día, perfectamente acostumbrados a los cambios antidemocráticos”. Y no le falta razón, puesto que la avalancha de atropellos es tan grande ya ni tan siquiera damos importancia a cosas que, de producirse en forma aislada, originarían escándalos de importantes dimensiones.
Efectivamente, se toman decisiones al margen de los órganos competentes para tomarlas, en el extranjero, en negociaciones con prófugos de la justicia. ¿Qué ha sido del Consejo de Política Fiscal y Financiera? ¿De las comisiones bilaterales? ¿De las comisiones sectoriales? ¿O de la Conferencia de Presidentes? Se cede a los chantajes que acuerdan entre los herederos del terrorismo y el secesionismo, explicitando que van a aprovechar todo lo que puedan la debilidad de un Gobierno desnortado en el que no se sabe ya qué hacen ahí ministros que van contando a todo el que los quiere oír que la coalición ya no existe.
Seguimos sin presupuestos por tercer año consecutivo, porque quienes tienen que presentarlos, cumpliendo los mandatos constitucionales, son incapaces de preparar un proyecto que pueda ser adoptado por los mismos que les auparon al ejecutivo y que ahora reniegan de todo aquello que no concuerde con las propuestas populistas que dieron origen a la táctica de ir aprobando decretos, incluso aumentando la deuda, sin base legal cuando existe reserva de ley en la mayor parte de las materias afectadas. Además, se pretende singularizar el modelo de financiación para Cataluña, incluso extenderlo a otras comunidades, al estilo del concierto y el cupo que la Constitución únicamente tiene previstos para el País Vasco. Nos sobra tanto el dinero, por añadidura, que no aplicamos más que el 30% de los fondos europeos, teniendo que devolver el resto. ¿Será porque ni tan siquiera se ha creado la oficina independiente exigida por la UE para su distribución y gestión? Huele bastante mal que sea desde la Moncloa dónde se pretenda hacerlos efectivos. Puede que ni sepan cómo.
Continuamos troceando la administración y cediendo competencias indelegables a unas comunidades autónomas que más bien se asemejan a las entidades integrantes de una confederación, engañando directamente a la ciudadanía y presentándolas como una cesión progresista de naturaleza federal. Nada más lejos de ello, puesto que el federalismo se fundamenta en la cooperación y colaboración, no en la centrifugación competencial que ni en circunstancias excepcionales, como la DANA o los incendios, han merecido la atención de quienes son los únicos con capacidad para hacerles frente en forma eficaz. Si necesitan algo que lo pidan…. Ese es el lema adoptado por los responsables de las políticas públicas que no pueden ser dejadas al albur de administraciones que no tienen, por su propia naturaleza, la capacidad de hacerles frente en forma aislada. Ya lo hicieron durante la pandemia, donde un inconstitucional estado de alarma estuvo acompañado de una grave disfunción competencial en la que era prácticamente imposible saber con qué medidas regulatorias de los confinamientos o relativas a la libre circulación o al comercio se iban a encontrar quienes tuvieran que desplazarse de una comunidad autónoma a otra. Como si se hubiera proclamado un ¡Viva Cartagena!, al estilo del cantonalismo decimonónico.
El Parlamento sigue ninguneado, puesto que, como afirma el presidente del Gobierno, se puede gobernar sin él. Cuando una institución le “estorba”, hace como que no existe. Y como el Senado le estorba todavía más que el Congreso, hace que este último se niegue a tramitar lo que del otro le llega, en clara confrontación con las disposiciones constitucionales y legales. Hasta tal punto hemos llegado al respecto, que el Senado tiene interpuestos dos conflictos de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, alegando que está impedido de ejercer las funciones que la Constitución le atribuye. Y al que se puede controlar, es decir, al Congreso, se le hace utilizar fraudulentamente la proposición de ley para intentar sacar sin cortapisas ni controles la legislación que no va a obtener el acuerdo de la mayor parte de la sociedad civil.
Qué decir del Poder Judicial…. El mismo GRECO nos ha advertido que no han sido atendidas ni una sola de las 19 recomendaciones que nos han hecho en los últimos tiempos. La misma Comisión Europea ve con asombro cómo los indicadores del Estado de Derecho van cuesta abajo, deslizándose peligrosamente hacia la senda del incumplimiento sistémico.
No se cumplen los acuerdos sobre el necesario cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptar el Consejo General del Poder Judicial a los estándares europeos, prefigurados y reafirmados también desde la Comisión de Venecia. Tampoco se cumplen las sentencias que no placen a la coalición gubernamental, especialmente a los golpistas. Miembros del ejecutivo acusan a los jueces de lawfare mientras se instaura una “opinión sincronizada”, en los medios afines, dirigida a minusvalorarlos socialmente con el fin de que las sentencias que puedan dictar, en su momento, sobre altos cargos y familiares del presidente del Gobierno, sean vistas como ilegítimas por la ciudadanía. El Tribunal Constitucional es de lo más predictible que ha existido nunca, atravesado por la falta de deliberación y la ausencia de la obligada deferencia hacia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por pretender condicionarlo y que no puedan ser cuestionadas ante este último las sentencias por aquel dictadas. Y tenemos a un ex Fiscal General del Estado apartado judicialmente del cargo, condenado penalmente y del que no se sabe a ciencia cierta si puede continuar o no perteneciendo a la fiscalía.
Y, en política exterior, cada vez contamos menos. Lejos del “idilio” que decían que existía entre Pedro y Úrsula (que no me he creído nunca), estamos apartados de las grandes decisiones europeas. En vez de centrar en lo necesario las propuestas y aportaciones, declaramos prioritario el uso del catalán en las Instituciones europeas. Como si no hubiera problemas mayores que resolver en la UE. Y así nos va. No digamos de las relaciones trasatlánticas, decisivas en el actual contexto, donde ni estamos ni se nos espera, con tanta amistad sinófila cruzada en modo bolivariano, pese a que ya incluso en la Internacional socialista, presidida por quien la preside, se muestran recelos hacia esa gestión interesada y dirigida únicamente ad majorem gloriam del autor principal de tanto desaguisado.
Tiene razón mi amiga. La de la ranita. Sobre la falta de capacidad de asombro de nuestra adormecida ciudadanía. Con todo lo descrito, y otras cosas que me dejo en el tintero, no puedo menos que transcribir también el final de su misiva, en relación con la designación de los altos cargos judiciales. Textualmente: “El 25 de diciembre se publicó en el BOE la nueva norma que regulará los nombramientos discrecionales durante los próximos 20 años …. La fecha elegida lo dice todo”.