La actualidad política de este viernes sigue centrándose en el accidente ferroviario de Adamuz. La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “no estar a la altura de gobernar ese país” por no haber tenido el “coraje” para acudir al funeral en memoria de las 45 víctimas del accidente de tren, y ha criticado al ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha definido como una persona “insensible”, “soberbia” e “incompetente”, reclamando de nuevo su dimisión.
Asimismo, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha acusado a Puente de “faltar el respeto a las victimas” en su comparecencia en el Senado “cuando dice que todo lo ha hecho bien”. “Salió la ‘bestia de Twitter’ que ha demostrado ser”, ha sentenciado la popular.
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El PP critica la "falta de coraje" de Sánchez por no ir al funeral y a Puente por soberbio: "Le salió la bestia de Twitter"
La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "no estar a la altura de gobernar ese país" por no haber tenido el "coraje" para acudir al funeral en memoria de las 45 víctimas del accidente ferroviario en Adamuz, y ha criticado al ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha definido como una persona "insensible", "soberbia" e "incompetente", reclamando de nuevo su dimisión.
Asimismo, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha acusado a Puente de "faltar el respeto a las victimas" en su comparecencia en el Senado "cuando dice que todo lo ha hecho bien". "Salió la 'bestia de Twitter' que ha demostrado ser", ha sentenciado la popular.
Manuela Carmena, el fiscal presidente de la UPF y otras 148 personas firman firman un manifiesto en el que cuestionan la "inquientante" sentencia que condenó a García Ortiz
La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, el fiscal presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Félix Martín, y otras 148 personas han firmado un manifiesto en el que cuestionan la "inquientante" sentencia que condenó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a una pena de multa de 12 meses e inhabilitación para el cargo de Fiscal General del Estado por dos años por un delito de revelación de datos reservados.
El texto señala que la condena impuesta por el Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado ha suscitado "serias inquietudes" desde la perspectiva del Estado de Derecho, "al tiempo que ha dado un golpe muy serio a la confianza en el Alto Tribunal". "La sentencia no descansa en pruebas directas, sino únicamente en indicios, es decir, en conjeturas basadas en hechos indirectos", agregan los firmantes.
"En un proceso penal no bastan las sospechas, ni las imaginaciones: es preciso acreditar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, exigencia que, en este caso, no se cumple", añaden.
Además, vuelven a criticar la labor de algunos magistrados al expresar lo siguiente: "A ello se añade un problema de fondo: la condena descansa en una interpretación sumamente distorsionada del delito de revelación de secretos previsto en el artículo 417.1 del Código Penal. La sentencia califica como delictiva la publicación de una nota de prensa oficial que no reveló ninguna información nueva y que se limitó a reproducir datos ya difundidos por los medios de comunicación".
Carmen Pano y su hija declaran en la Audiencia Nacional
La empresaria Carmen Pano y su hija Leonor González Pano declaran este viernes en el caso Hidrocarburos ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama de fraude del IVA en la venta de combustible y de tráfico de influencias para que el Gobierno diera una licencia de operador a la sociedad Villafuel.
Además de estas declaraciones, el magistrado ha citado al empresario Álvaro Gallego García, relacionado con el círculo de contactos de Carmen Pano y Claudio Rivas.
La UCO sitúa a Carmen Pano en el núcleo económico del llamado caso Hidrocarburos, al atribuirle el papel de recaudadora de fondos en efectivo procedentes de la trama y su entrega a intermediarios con influencia en el Ministerio de Transportes.
Los investigadores sostienen que Pano habría recibido dinero de Rivas, presunto impulsor de la trama de Hidrocarburos en colaboración con Víctor de Aldama, para conseguir autorizaciones de venta de combustible. La empresaria se habría encargado de canalizar diversas cantidades en metálico para tratar de obtener licencias y facilidades administrativas en favor de la operadora Villafuel y otras sociedades del grupo.
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