El Congreso afrontó la votación definitiva de la reforma que modifica a la vez la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Dependencia. Pero una parte de su contenido no llegó a votarse. El Gobierno ha invocado el artículo 134.6 de la Constitución para negar su conformidad a una serie de enmiendas incorporadas por el Senado, al entender que suponen un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios. Y la Mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Sumar, aceptó ese veto.
Entre lo bloqueado, la prestación CUME -el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave- se extingue a los 26 años, y las enmiendas aprobadas en el Senado permitían prolongarla más allá de esa edad cuando la enfermedad continúa.
El veto ha causado una indignación en muchas familias CUME. Por ello, la asociación ASFACUME las convocó para concentrarse frente al Congreso este miércoles. El grito era unánime: poder seguir cuidando a sus hijos mientras les necesiten.
Se manifestaron cerca de 900 personas y los cánticos se repitieron durante toda la mañana frente a la verja del Congreso. “Somos padres, no delincuentes”, decían. “Manos arriba, esto es un recorte”, corearon las distintas familias llegadas de todos los puntos de España. “Somos personas, no somos cifras”, añadieron.
En conversación con Artículo14, una de las madres explicaba su caso mientras sostenía el cartel: “Estoy aquí porque me han recortado la CUME después de solo 6 meses de haber tenido esta prestación, cuando mi hija sigue necesitando cuidados constantes, continuos y permanentes, de forma acreditada por distintos especialistas médicos”.
“Reclamamos que podamos seguir cuidando a nuestros hijos mientras ellos nos necesitan y que no haya un límite de edad”, enfatizó esta madre. Y añadió un segundo frente, el de la desigualdad según el régimen laboral: “Independientemente de que trabajemos en una empresa, seamos autónomos o estemos en otro régimen, nuestros hijos siguen enfermos y necesitamos la misma protección indistintamente, madres y padres”.
El veto del Ejecutivo lo describe como un golpe duro. “Ni siquiera han permitido que se vote en el Congreso, algo que era muy fácil”, lamenta. “Este veto para nosotros ha sido un golpe muy duro porque hay muchísimas familias para las que la enfermedad de sus hijos no acaba”. A su juicio, el argumento económico no se sostiene: “El porcentaje de los presupuestos que el Gobierno destinaría a esto es ínfimo, irrisorio, y no entendemos cómo esto lo han podido sacar adelante”. Cuando se le pregunta por el motivo, apunta: “Creo que tienen unas situaciones ahora que los están desbordando y necesitan recursos económicos destinarlos a otras cosas”.
Conversamos contra familia que llega desde Sevilla. “Quieren recortarnos el poder cuidar a nuestros hijos y luchamos para estar con ellos y darle los cuidados que ellos necesitan”, argumentan. “Por favor, que no nos quiten la ayuda para poder seguir llevándolo a terapia, a los especialistas…”, exclaman.
Una familia valenciana se había quedado en Madrid toda la semana. El lunes habían intervenido a su hija; al conocerse la concentración, decidieron aprovechar el viaje. Su padre explica el día a día de su hija: “Todos los días terapias, terapia ocupacional, logopedia, va a piscina, a rehabilitación… sin parar”. La madre es quien está con la prestación y quien la lleva. “Si no tuviésemos esta prestación, tendría que volver a trabajar”, explica. Y remata con una pregunta: “¿De dónde sacamos el tiempo todas las familias para poder llevar a nuestros hijos a las terapias? Es que no hay más, es que es muy sencillo”.
Por último, una mujer de Ciudad Real expone a este periódico la dura realidad que se enfrentan muchas madres que están separadas y tienen que cuidar solas a sus niños con discapacidad. “Yo me tendría que incorporar a trabajar y no tengo quien me la cuide porque estoy separada”.
Explica que tiene que ir a tres hospitales en distintas comunidades, cada uno con sus terapias y, además, tiene una operación pendiente por epilepsia. “Es dependiente al 100%, no mastica, no habla, tiene pañal. Necesita de mi ayuda para todo”. Aunque camina un poco, dice, tiene que vigilarla constantemente porque colapsa a lo largo del día.
“Mi hija está viva. No es un expediente, no es un papel que se mete en una estantería, en un cajón para que coja polvo. Tiene sentimientos, sabe llorar, sabe reír. ¿Por qué la tienen que dejar a un lado? Mi hija tiene derechos, como todos los niños. Y yo tengo derecho a cuidar de mi hija como madre trabajadora”, sentencia.
En este sentido,la vicepresidenta de ASFACUME, Ainhoa Urones, explica que “nuestros hijos no se curan cuando llegan a los 26, nos encantaría, pero no”. “El sistema y la sociedad no están preparados para atenderles y entonces tenemos que seguir ejerciendo el cuidado sobre ellos”, argumenta. De ahí la concentración frente a la Cámara Baja en un día tan simbólico como la votación final de la ley.
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