El Congreso afronta la votación definitiva de la reforma que modifica a la vez la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Dependencia. Pero una parte de su contenido no llegará a votarse. El Gobierno ha invocado el artículo 134.6 de la Constitución para negar su conformidad a una serie de enmiendas incorporadas por el Senado, al entender que suponen un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios. Y la Mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Sumar, ha aceptado ese veto.
El resultado es que mejoras que sí obtuvieron mayoría en la Cámara Alta quedan fuera del texto sin que los diputados puedan pronunciarse sobre ellas. Por ello, este martes, desde las diez de la mañana, más de un millar de familias tienen previsto concentrarse frente al Congreso para reclamarlas.
En ese sentido, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, acusó al PSOE y Sumar de actuar “como testaferros del sanchismo en la Mesa del Congreso”. Calificó de “cobardía absoluta” que ambos grupos impidan el debate “para no retratarse votando en contra de quienes más necesitan el Estado del bienestar”. “Estas personas y sus familias no necesitan propagandas, ni discursos, ni promesas. Necesitan apoyo, recursos y un gobierno que no les dé la espalda”, concluyó.
Pese a los vetos del PSOE y Sumar en el Congreso, en el @ppopular seguiremos defendiendo los avances y cuidados para las personas con ELA.
Hoy con la @AsociacionELA: contáis con nosotros para seguir exigiendo lo que es justo frente a los retrocesos de este Gobierno. pic.twitter.com/cjDxnKRyvO
— Carmen Fúnez (@carmenfunezdg) September 15, 2026
El recorrido del conflicto está documentado en el propio escrito remitido por el Ejecutivo, firmado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y registrado el 14 de septiembre. El Gobierno ya había comunicado su disconformidad al Senado en tres ocasiones: el 29 de julio, el 4 de septiembre y el 9 de septiembre. La Mesa de la Cámara Alta rechazó las tres, el 28 de agosto, el 8 y el 9 de septiembre respectivamente. Las enmiendas se debatieron, se transaccionaron y el Pleno del Senado aprobó el dictamen el 9 de septiembre.
Al llegar el texto al Congreso, el Ejecutivo reiteró su criterio y esta vez la Mesa lo hizo efectivo. La decisión se habría adoptado pese al criterio contrario de los servicios jurídicos de la Cámara, a la vista de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los límites del veto presupuestario.
Las familias CUME
El bloque que ha generado una mayor movilización es el relativo a la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME). Las enmiendas aprobadas por el Senado permitirían prolongar excepcionalmente la prestación más allá de los 26 años cuando el causante tenga reconocida una discapacidad igual o superior al 65%, dependencia de grado III o condición de gran discapacitado, y sigan siendo necesarios cuidados directos, continuos y permanentes.
Incorporan además el reconocimiento de la hospitalización domiciliaria y otras modalidades asistenciales equivalentes, y avanzan en corresponsabilidad: que ambos progenitores puedan compartir la prestación. Hasta ahora solo puede percibirla uno de los dos, lo que en la práctica hace que recaiga mayoritariamente sobre las madres. El paquete busca también evitar que la pérdida del empleo de un progenitor arrastre automáticamente la prestación del otro y fijar criterios comunes para mutuas y entidades gestoras.
El coste lo calcula el propio Gobierno. Según su escrito, la prolongación afectaría a una media de 134 prestaciones anuales, con un importe medio de 17.543 euros, y supondría 2,36 millones de euros en 2027, 4,80 en 2028, 7,32 en 2029, 9,93 en 2030 y 12,62 en 2031. Ni siquiera al quinto año llegaría a los 13 millones.
El texto del Ejecutivo introduce, eso sí, una objeción: advierte de que la modificación sobre hospitalización domiciliaria no se ha trasladado al artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores, de modo que, tal y como está redactada, los cuidadores no tendrían derecho a la reducción de jornada en ese supuesto.
Medidas a las que se opone el Gobierno
El escrito gubernamental cuantifica una por una las medidas a las que se opone. La equiparación entre dependencia y discapacidad a efectos tributarios -la enmienda 110 del PP– afectaría a unas 97.000 personas con dependencia reconocida que hoy no aplican el mínimo por discapacidad, con un coste estimado de 58,2 millones.
La financiación estatal del 50% del coste efectivo del sistema —enmienda 130— obligaría, según los cálculos del Ejecutivo, a que la aportación de la Administración General del Estado alcanzase los 5.639,85 millones en 2026 sobre un gasto total proyectado de 14.522,6 millones, muy por encima de los créditos actualmente consignados.
La supresión del copago para las personas con grado III+ de dependencia extrema afectaría a unas 2.000 personas cuando la medida esté desplegada, con un sobrecoste anual de 66,4 millones, de los que 33,2 corresponderían al Estado.
Las mejoras vinculadas a la ley ELA -ampliación de servicios financiables y del uso de la prestación vinculada al servicio- alcanzarían a las 824 personas con grado III+ reconocido a 30 de junio de 2026 y elevarían la partida en 48,7 millones anuales.
En el capítulo fiscal, la aplicación de tipos reducidos de IVA a productos y servicios de autonomía personal supondría 144 millones menos de ingresos, y la rebaja al 4% en obras de accesibilidad y adaptación de vehículos, 321 millones.
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