Hay una cita en los tribunales casi a diario y en La Moncloa nadie se atreve a anticipar cuál puede tener mayor coste político. No todas pesan igual. Una eventual condena de David Sánchez no preocupa especialmente en el Ejecutivo. “Las causas que afectan a la familia nos dan oxígeno en las verdaderas causas de corrupción”, sostienen fuentes del Gobierno. La primera prueba llegará este lunes, cuando la Audiencia Provincial discuta si revoca las medidas cautelares del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez. Si las anula, el Ejecutivo lo interpretará como un correctivo a la instrucción y una victoria; si las mantiene, asumirá que el caso seguirá abierto políticamente con otra terna de jueces avalando un exceso injustificado.
De los fiscales a Mercedes González
La mayor preocupación en el Gobierno sigue siendo la investigación sobre la trama de Leire Díez por las derivadas para el PSOE y la proximidad con el Ejecutivo y el propio Sánchez. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tomará declaración esta semana al teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, y a su adjunta, Beatriz López, por las reuniones en la sede de la Fiscalía General a petición de Santos Cerdán. El contenido de ambos interrogatorios será determinante para decidir si la investigación se amplía y alcanza al ex fiscal general del Estado. Un peldaño de momento descartable pero, por la cercanía con el Gobierno, acercaría la causa a la Moncloa.
Al día siguiente, Mercedes González tendrá que explicar a Pedraz como investigada por qué se reunió Díez y de qué habló en los encuentros como directora general de la Guardia Civil. La más interesante será la defensa que haga Manuel Llamas, director adjunto operativo, sobre su papel en la causa. La explicación más comprometida es por qué pidió a los agentes no ser proactivos en las causas que afectaban al presidente. El teniente general mantiene fuertes apoyos dentro de la Guardia Civil tras décadas de servicio, incluida la UCO, y mandos próximos a Llamas sostienen que su declaración servirá para aclarar el alcance de aquellas instrucciones.
Son tramas complejas para la opinión pública. A estas alturas no es fácil seguir los nombres, las reuniones y las imputaciones. Como ocurrió con Kitchen, ocupan durante semanas la conversación política y judicial, pero rara vez marcan por sí solas el pulso político.
Con ese cálculo, el Gobierno ha concentrado una intensa agenda política esta semana. Pedro Sánchez abrirá el lunes en Los Gallardos (Almería), con el incendio controlado y la tensión institucional rebajada. El choque entre Miguel Tellado y Óscar Puente ha dado paso a una coordinación sin fricciones entre el Gobierno y la Junta de Andalucía, mientras el criterio técnico de no activar la alerta ES-Alert ha prevalecido en la gestión de la primera gran crisis de Juanma Moreno desde su pacto de coalición con VOX. La visita será breve. Por la tarde, el presidente viajará a París para participar en la reunión convocada por Emmanuel Macron sobre Ucrania, en la víspera de la semifinal con Francia y todavía con el revuelo diplomático provocado por las palabras de Mariano Rajoy, al calificar a la selección francesa como un equipo “sin franceses”. El miércoles llegará otro momento de alto contenido simbólico: el acto que escenificará la desaparición definitiva de la verja de Gibraltar.
El fracaso de senda a los últimos Plenos
El Gobierno quiere cerrar julio con iniciativa política y exhibiendo cierta capacidad legislativa antes del parón de agosto. La agenda estará marcada por la financiación autonómica, la dependencia, los Presupuestos y la amnistía, con el foco puesto en aumentar la presión sobre el PP y trasladarle el coste político de los bloqueos parlamentarios. En La Moncloa dan por perdida la votación de la senda de déficit, paso previo a la elaboración de los Presupuestos. El rechazo de Junts y del PP aboca al Ejecutivo a una derrota en los plenos extraordinarios del 14 y el 23 de julio. El argumento del Gobierno es que ese voto impedirá a las comunidades autónomas disponer de un margen adicional de 5.890 millones de euros. Si los objetivos de estabilidad decaen, sostienen, las autonomías tendrán que ajustar sus cuentas en esa misma cuantía.
Blindar el sistema de dependencia es otro de los objetivos de la semana. La reforma de la ley, que le obliga al Estado a asumir el 50% de su financiación, se vota este martes en el Pleno del Congreso. El decreto impulsado por el ministro Pablo Bustinduy incorpora una exigencia que el PP planteó durante la negociación y que ahora rechaza, apuntan fuentes de La Moncloa. Tendrá que esperar, en cambio, el real decreto de vivienda, todavía en negociación en el departamento de Isabel Rodríguez y previsto para el penúltimo Consejo de Ministros antes del verano.
El regreso de la legislatura
La cita más relevante llegará el jueves, cuando la justicia europea se pronuncie sobre la ley de amnistía. De algún modo, la legislatura regresa al punto en el que comenzó. El ciclo se abrió el 17 de agosto de 2023, con la constitución de la Mesa del Congreso gracias al acuerdo con Junts, y culminó en junio de 2024 con la publicación de la ley en el BOE, tras meses de un elevado desgaste político para Pedro Sánchez. “Por siete votos” fue durante meses el principal argumento de la oposición contra el Gobierno, antes de que llegaran la cascada de causas judiciales.
Desde entonces, el tablero ha cambiado. El PP mantiene una relación contradictoria con Junts, mientras el partido de Carles Puigdemont escenificó en diciembre la ruptura de su alianza con el Ejecutivo. Si Luxemburgo avala la norma, la primera valoración institucional corresponderá previsiblemente al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. En La Moncloa aún no han decidido quién fijará la posición del Gobierno si el fallo del TJUE respalda la ley y despeja el camino para un eventual regreso de Carles Puigdemont, una vez que el Tribunal Supremo adapte su doctrina al pronunciamiento europeo.
Es la semana de la cuenta atrás hacia el último acto institucional de Sánchez antes del verano: el despacho con el Rey en Marivent. Cada jornada vale por siete, como los años de perro. Con la presión puesta en copar la actualidad con política, en el ambiente solo se mide el termómetro judicial y si las causas avanzan contra el PSOE como entidad jurídica y Sánchez como presidente. Tanto por el partido como por el Gobierno, todo está en la escalada.
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