Treinta y tres años después del histórico registro por el caso Filesa, la sede del PSOE en la calle Ferraz ha vuelto a convertirse en escenario mediático por una causa judicial. Esta vez, no se investiga -de momento- una trama de financiación ilegal del partido, sino una presunta red de comisiones y adjudicaciones públicas que gira en torno a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos. La investigación ha puesto el foco sobre Santos Cerdán, hasta hace muy poco número tres del PSOE. Este viernes, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron a Ferraz para clonar su correo electrónico, y abandonaron el edificio en tras tres horas de intervención.
El juez también ha reclamado al Ministerio de Transportes que aporte el correo del exministro de dicha cartera José Luis Ábalos, motivo por el que agentes de la UCO también se han personado en el departamento que dirige Óscar Puente. Lo mismo han hecho, además, en la sede de Adif y la Dirección General de Carreteras.
El paralelismo con el pasado no es menor. El 18 de noviembre de 1992, el caso Filesa irrumpía en la política española: la Guardia Civil accedía a la sede nacional del PSOE para investigar una red de empresas pantalla —Filesa, Malesa y Time Export— que, según la instrucción, se utilizaron para financiar campañas del partido fuera del control del Tribunal de Cuentas. Aquella operación fue un símbolo del desgaste del felipismo, el principio del declive político de Felipe González.
La trama fue destapada en 1991 por el diario El Mundo, lo que dio pie a la apertura de una instrucción judicial y, meses después, al histórico registro de Ferraz: la primera vez que se actuaba judicialmente en la sede de un partido político en democracia. Según la investigación, entre 1987 y 1989 la red logró recaudar cerca de 1.200 millones de pesetas —más de 7 millones de euros actuales— destinados a sufragar campañas socialistas de manera ilegal.
Tras casi seis años de instrucción, el juicio por el caso Filesa se celebró en septiembre de 1997. En una de las sesiones declaró como testigo el expresidente del Gobierno Felipe González, y ante el Tribunal Supremo comparecieron también líderes de grandes bancos y empresas implicadas. La causa ganó fuerza gracias a la querella impulsada por las acusaciones populares, ejercidas por el empresario José María Ruiz-Mateos y el abogado del PP Juan Ramón Montero.
El 28 de octubre de ese año se conoció la sentencia: el exdiputado socialista Carlos Navarro fue condenado a once años de cárcel; el senador Josep Maria Sala, a tres —pena que el Tribunal Constitucional rebajaría más tarde a dos—; los empresarios Luis Oliveró y Alberto Flores, responsables de Filesa, a diez años; y Aída Álvarez y Miguel Molledo, excoordinadores de Finanzas del PSOE, a dos años y cuatro meses. Otros empresarios, como Juan Antonio Molina Vivas (Enasa) y Eugenio Marín (Cepsa), fueron condenados a seis meses de arresto.
El entonces secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, pidió públicamente disculpas a militantes y votantes. Y en 2001, el Tribunal Constitucional confirmó la mayoría de las penas, y avaló que la información publicada era veraz. Aunque González logró mantenerse en el poder hasta 1996, el caso Filesa marcó el inicio de un declive que culminaría con la llegada de José María Aznar y del Partido Popular a La Moncloa.