En Santa Cruz de Tenerife, este sábado 7 de junio, tendrá lugar la conmemoración del día de las Fuerzas Armadas. Un acto que presidirán los Reyes y, como es lógico, la ministra de Defensa, Margarita Robles.
La ministra presenciará el desfile más emblemático del Ejército, junto con el del 12 de octubre, en un contexto complicado para la máxima autoridad del ministerio.
Tanto a nivel internacional como nacional. Si desde fuera la OTAN exige no ya llegar al cumplimiento del 2% del gasto, sino al 5%, -refiriéndose expresamente a España- mientras el gobierno rescinde los contratos con las empresas israelíes en aras de contentar a sus socios de gobierno y cumplir con su acción exterior propalestina, se le suma el fallo en los protocolos de acoso de los que hace gala el ministerio, según los testimonios de las denunciantes a las que ha tenido acceso este medio.
Si a mediados de mayo este medio publicó el primer artículo de una investigación que se ha mantenido desde entonces, a través del caso de la capitán Cebollero, distintos testimonios han llegado a este medio. Entrega de datos confidenciales al denunciado cuando por ley deben ser anónimos, casos de agresiones sexuales en los que el agresor permanece meses en la misma unidad, acoso en los cuarteles por haber denunciado, incluso el testimonio de una cabo, Deborah, que pensó en suicidarse en el mismo cuartel para “demostrar por lo que estaba pasando”. Negación de servicio, expediente médico que las declara incapacitadas para servir en el Ejército, y si la denunciante tiene un empleo de rango menor, a la calle sin pensión. Liz, Lourdes Castellanos, Cristina Valdearcos, María… Y más casos que, como afirma María, “No se atreven a hablar por miedo a las represalias”.
Durante todo este tiempo, este medio se ha puesto en contacto en varias ocasiones con el ministerio de Defensa, con el objetivo de conocer su versión. En un inicio, la ministra no hizo declaraciones, hasta que el asunto adquirió la repercusión necesaria. Desde entonces, pese a que este medio ha aportado testimonios desgarradores, como el de María, que tras una violación afirmó que los protocolos “ni la protegieron ni la defendieron”, y que la dejaron “seis meses sola”, el de Liz, que tuvo la mano de su superior a escasos centímetros de su cara y tras denunciarlo por ese y otros motivos de acoso la aislaron, o el de Cristina, que por denunciar la acusaron de ser actriz porno y tuvo que desnudarse delante de un médico militar para demostrar que no lo era. Pese a ello, la postura del ministerio es negar la mayor y explicar que la UPA funciona, sin tomar parte. “La privacidad de la víctima está garantizada. Las denunciantes reciben medidas cautelares de protección y apoyo integral”.
Las vías ante una situación de acoso
El Ejército es una institución respetada por el conjunto de los españoles. Es más, estas mujeres afirman haber pasado años muy buenos dentro de las FAS, a las que, explican, entraron por vocación y ganas de servir a España. Pero ningún organismo está exento de casos de abusos, dado que están formados por personas.
Cuando un militar sufre acoso, puede denunciar directamente a la autoridad con competencia sancionadora, hacerlo a través de la UPA, o dirigirse directamente a la fiscalía o juzgado de la jurisdicción ordinaria o militar.
En caso de que denuncien a través de la UPA, se les entrega un formulario en el que rellenan los datos, que deberían ser anónimos, hasta que se inicie el proceso judicial. Como en muchos casos esto no se cumple, jurídicos del Ejército, en conversación con este medio, aconsejan directamente que actúen a través del juzgado militar. “Al menos son conscientes de lo que sucede y cómo pueden defenderse al formar parte del proceso. Mediante la UPA, sueltas el formulario y ya no sabes más”.
“Desde el momento en el que se recibe la denuncia por cualquiera de las tres primeras vías se activan todos los apoyos a la víctima que marca el Protocolo: inmediata adopción de medidas cautelares de protección y apoyo integral prestado por la UPA que resulte competente”, defienden en Defensa.
Un partido de tenis entre el ministerio y las víctimas que parece no tener fin. “Se necesita un debate para poner los fallos encima de la mesa. Y arreglar la ausencia de confianza en el sistema militar y la UPA”, demandan las víctimas.
No sólo se trata de ellas. Distintas asociaciones, con intervención en el COPERFAS -Consejo de Personal de las FAS- han dado el paso para exigir que el ministerio actúe. La ATME ha registrado una pregunta en la sede electrónica, por el siguiente motivo: “La mayoría de las víctimas dentro de las Fuerzas Armadas, como se desprende de los testimonios que han salido a la luz, se sienten invisibles, faltas de apoyo, como si su voz no tuviera valor y uno de los mayores objetivos fuera que no saliera a la luz”. Por lo que exigen: “La labor del Ministerio de Defensa y sus responsables no puede limitarse a la mera publicación de protocolos y guías para las víctimas”, y desde la UMT anuncian que llevarán a pleno la exigencia de que el ministerio investigue el funcionamiento, y en caso de negativa podrían emprender acciones legales. La asociación mayoritaria y transversal AUME, en conversación con este medio, afirma: “Yo les digo directamente a las víctimas que acuden a nosotros que acudan al Tribunal Militar y no a la UPA porque no es efectivo”.