El caso de la capitán Lourdes Cebollero es el ejemplo claro de cómo un conflicto de “tamaña nimiedad”, como expresó el juez militar que dictó sentencia, puede convertirse en un ataque de galones contra una denunciante, a la que se le cerraron las puertas del cuartel de Torrero (Zaragoza) para abrírsele las del Tribunal Europeo de Estrasburgo. La corte internacional sólo admite el 3% de las denuncias particulares que le llegan. Entre ellas, la de Lourdes.
Ya no está en activo. Fue declarada discapacitada psicológica para su profesión por “trastorno adaptativo ansioso depresivo” y dada de baja en el Ejército sin reconocer que la enfermedad fue contraída en un acto de servicio. Dice que no va a callarse ya. El objetivo de su denuncia es “demostrar la farsa de la UPA” –Unidad de Protección frente al Acoso“- del Ministerio de Defensa. Su batalla se ha convertido en un ejemplo para otras militares que, explican, han vivido cómo presentar una denuncia por acoso se convierte en un revulsivo contra ellas que las relega al silencio y a la calle sin reconocimiento de servicio y sin pensión, en caso de ser una soldado raso. “Me contactan por privado. En redes sociales”. Asegura que, más de un centenar de casos han llegado a sus manos en 20 años de servicio. “Esto no lo hago sólo por mí, lo hago por todas las mujeres vejadas y silenciadas”, afirma. “Alguien tiene que explicar por qué de 84 denuncias presentadas en los dos últimos años –según datos del Observatorio de Vida Militar– no hay ninguna condena”.
De cómo una disputa por unas bicis termina en un asunto penal
En la actualidad, la mujer apenas representa un 13% del Ejército. Lo que tiene lógica: en 1988 se reguló por Real Decreto la incorporación femenina a las Fuerzas Armadas. Lourdes (1968), abogado, fue de las pioneras. Se inscribió junto a tres amigas. Atleta, no le costó superar las pruebas, y entró en el Ejército en 1993. Eligió Caballería porque estaba en Zaragoza, su tierra natal. “Fue una época apasionante. Se trataba de integrar mujeres universitarias, y conseguimos ganarnos el respeto de todos”. Ocho años en una Unidad de Fuerza, y 20 en expedientes administrativos. “Jamás tuve un problema con nadie, en el Ejército hay gente admirable con verdadera vocación de servicio”.
El viraje de 180º empezó en 2016, cuando se le destina al Acuartelamiento “San Fernando” de Zaragoza. Nunca pudo imaginar, que una mañana de mayo, exactamente hace nueve años, al salir de la ducha como todos los días, la visión de un hombre montado en una bici en su propio vestuario cambiaría el relato para siempre.
Unas bicis, el desencadenante de la batalla
“Era un brigada subteniente. Vi que había otras dos. Le pregunté qué hacía ahí”. Simplemente, me respondió que tenía permiso de su jefe. Asegura que no daba crédito. Máxime, cuando en el cuartel había un aparcamiento pegado al vestuario. “Nos ensuciaban el vestuario con el barro de las ruedas”. Informa al comandante, y plantean la coyuntura al delegado de Defensa en Aragón del momento, Félix Allo Flores, dado que el delegado, era el responsable del cuartel.
La solución fue que el vestuario se quedaba reducido a las duchas y a las taquillas, pero las bicis permanecerían en la zona de los aseos. “Entonces no podíamos ir de la ducha al baño porque estaban los hombres ahí”.
La capitán no se arredró y decidió denunciar al delegado. “Al día siguiente, me pidió reunirme con él y el asesor jurídico. Como no quería que trascendiera del cuartel, hacemos un trato: yo retiro la denuncia y él las bicis”.
Pero, explica, aquello no fue el final. Era sólo un parón para coger carrerilla: el vestuario de mujeres se convirtió en un gimnasio para que civiles hicieran pruebas físico deportivas para acceder a soldado profesional. “Durante un mes nos quedamos sin un vestuario para cambiarnos, donde poner nuestro uniforme reglamentario, no nos dejaban hacer deporte porque no teníamos un lugar donde ducharnos. Le llegué a pedir a mi comandante la llave de su baño”, explica. “Era surrealista, el cuartel tiene un polideportivo”.
En 2017, se lanzó. Presentó una denuncia individual -como así lo establece el Ejército- al subsecretario de Defensa, el inmediatamente superior al delegado de Aragón.
Y lo hace a través de la UPA -unidad de protección frente al acoso-, “accesible para todo militar víctima de acoso sexual o por razón de sexo y acoso profesional”. Esta unidad se creó en 2016, con el objetivo de dar apoyo a las mujeres víctimas de acoso sexual o de género, un año después de que el entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés, acometiera la reforma del Código Penal Militar que se aprobó en Consejo de Ministros, y en la que por primera vez se incluía el acoso sexual como delito.
Según establece el principio 3.7: “El Ministerio de Defensa se compromete a salvaguardar el derecho a la intimidad y confidencialidad ante la presentación de todo parte militar o denuncia en materia de acoso, así como en los procedimientos que se inicien al efecto protegiendo todos los datos que sirvan para identificar a la víctima de acoso”. Recoge el mismo precepto que dicho “derecho a la intimidad y confidencialidad no podrán limitar los derechos e intereses legítimos de las partes implicadas”. Una normativa que afianzaba la ley de Igualdad 3/2007, que exige a todas las administraciones garantizar un protocolo de actuación a las FAS.
La capitán Cebollero se acogió a la discriminación por razón de sexo, dado que sólo el vestuario de las mujeres era el invadido: primero por las bicis, después por los militares en sus entrenamientos.
El subsecretario en aquel entonces (2016), Arturo Romaní, pidió que se abriera una investigación para esclarecer los hechos, que acabó con el archivo de la denuncia y la no apertura del procedimiento sancionador contra nadie.
Dado que el sistema militar le impide recurrir, la capitán acató la resolución. “El nuevo jefe de Acuartelamiento nos buscó otros vestuarios y fin del asunto”.
O eso creyó. Porque a los dos meses fue llamada por la Justicia Militar para decirle que estaba imputada penalmente. Por supuestos delitos de injurias, calumnias y denuncia falsa, denunciados por el Delegado de Defensa en Aragón y su secretario.
Y fue aquí cuando a la capitán Cebollero se le saltaron las alarmas. En la propia denuncia se aporta la denuncia de ella en la UPA -que supuestamente debía ser anónima y que se les entregó sin que hubieran sido imputados- de forma íntegra, hasta su número de teléfono. “Se saltaron la ley”, afirma.
Y de forma consciente según las pruebas, ya que, además, presentan un tercer documento: la resolución de Romaní del 27 de febrero de 2018, que les deniega la entrega de la copia al no ser parte interesada dado que no se había abierto procedimiento.
“Y nadie se investigó a estos señores por revelación de secretos”, se indigna.
Según dictaminó el juez: “Suscita interés que tamaña nimiedad como la restricción en el uso de un vestuario provoque en la inicial denunciante capitán Cebollero tal desazón que, sin faltar a la verdad en los hechos expuestos, considere que son inadmisibles (…) lanzando el parte formulario de denuncia de acoso por razón de sexo, con la creencia de obtener un resultado más favorable por esta extraña vía creada al socaire de las sensibilidades del momento imperantes en la sociedad”.
“Si el juez hubiera dictaminado que falté a la verdad, habría terminado en prisión”, afirma Lourdes. Pero sí pidió que se abriera una investigación contra ella por haber utilizado la vía administrativa para “coaccionar” un superior. Finalmente, el general Rodríguez archivó la resolución del magistrado por “no tener recorrido alguno”, explica Lourdes. Quien contraatacó con una denuncia ante el subsecretario alegando la desobediencia de la orden de 2018, dictaminado por Romaní. En 2019, el subsecretario Alejo de la Torre, emite una resolución en la que avala la entrega de la denuncia de la capitán.
Las consecuencias de interponer la denuncia
Según cuenta Lourdes, en la unidad “se promueve un revuelo que se le echan encima”. Pese a ser una mujer de temperamento fuerte frases sin florituras, se le quiebra levemente la voz al recordar. “Estos señores provocan mi baja psicológica porque es día tras día insultos durante dos años”. Asegura que los propios cesados iban al cuartel a provocar al resto. “Yo les contestaba, pero luego me quedaba en el despacho llorando”.
Finalmente, la situación puedo con ella y se dio de baja psicológica. La llegada de la pandemia permitió un break emocional, hasta que recibió la llamada de un psiquiatra a su despacho. “Me tuvo desde las 9:00 de la mañana hasta las 13:20 horas en la puerta del despacho, para luego decirme que no le tengo que contar nada. Y yo le digo que para evaluarme tendrá que saber lo que ha pasado. Me pone la mano en el hombro y me dice que cobre mi sueldo, me relaje y sea feliz. Esa fue la evaluación pericial del hospital de Zaragoza”.
Pese a que se reconoce que la génesis de su depresión psicológica viene las denuncias, el ministerio de Defensa alega que según la sentencia de la Audiencia Nacional a la denuncia de Lourdes, esto es un incidente entre militares. “Dijeron que no tenía que ver con mi labor militar y me negaron el acto de servicio. No es una cuestión de dinero, porque no me iban a pagar más por reconocérmelo. Simplemente, me quitaron el prestigio y mi honra. Me obligaron a irme por la puerta de atrás”.
Pero quedó entreabierta. En la actualidad, la Audiencia Nacional está pendiente de fallo respecto a si se violaron o no los derechos fundamentales a la confidencialidad. Y, el Tribunal de Estrasburgo, analiza igualmente si hubo delito de prevaricación por incumplir la indicación de Romaní de no hacer públicos los datos de Lourdes. Trebolle abogados, el despacho que condujo el caso de Ortega Cano, es quien se ocupa de su defensa.
“No voy a parar, quiero que se restaure mi honor y declaren el acto de servicio”, asegura. “Se lo debo a todas las que están sufriendo lo que yo he sufrido. Todas esas mujeres a las que se anima a denunciar y acaban en la calle con un informe de incapacitada psicológica”.