“No nos podemos contener”. El Gobierno desoye las críticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de dos asociaciones judiciales, y mantiene posiciones contra el procesamiento de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.
Que el Ejecutivo considera que la causa contra Gómez no tiene razón de ser es algo que repiten en público y privado desde hace poco menos de dos años, cuando Gómez fue imputada. Que Sánchez midió al máximo sus palabras el martes, en rueda de prensa desde Pekín, marcando perfil bajo para no eclipsar las novedades de su viaje oficial a China, también.
Lo que no estaba programado, reconocen fuentes de La Moncloa, es que tres integrantes del Ejecutivo -Félix Bolaños, Elma Saiz y Óscar Puente- escenificaran en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros su total rechazo al último auto de Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra Gómez. El magistrado del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que ha acercado al banquillo a la esposa del presidente y pide juzgarla por cuatro presuntos delitos, ha generado un profundo malestar en el Gobierno y en el PSOE.
Fuentes del Ejecutivo afirmaron tras esta exhibición de hartazgo que los ministros no siguieron ningún esquema preestablecido, que las ruedas de prensa no se pueden guionizar. Y enfatizaron que Bolaños, Saiz y Puente estaban “dando opiniones” sobre un acto público por el que fueron preguntados. La imagen, en cualquier caso, fue atípica.
El siguiente capítulo tampoco se ha quedado corto. Fuentes de Moncloa piden al órgano de gobierno de los jueces que “ponga orden”. Creen que esta “ventanilla” es la única que les queda para oponerse a las resoluciones de Peinado, que consideran arbitrarias. En la rueda de prensa del martes, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Bolaños, reveló que desde junio de 2025 ha denunciado ante el CGPJ “diferentes irregularidades” que atribuye a Peinado. No le consta que el Consejo haya tomado en consideración sus advertencias, siempre según sus palabras.
“Esto ha ido demasiado lejos”
El nivel de enfado en el Gobierno tiene escasos precedentes. Cuando el magistrado del Juzgado 41 imputó a Gómez, el presidente anunció un “periodo de reflexión” de cinco días, en el que incluso llegó a contemplar tirar la toalla y abandonar La Moncloa. Optó por dar batalla.
Dos años después, en sus filas se muestran convencidos sobre el fondo del asunto, y no aprecian hallazgos significativos en la instrucción pese al considerable número de diligencias ordenadas por el magistrado. La resolución de este lunes, que todavía puede ser recurrida, les ha irritado, y hoy dejan en segundo plano la contención y reivindican su derecho a “opinar. No interpretan, sin embargo, que el último auto suponga un salto cualitativo.
“La línea ya se cruzó hace mucho tiempo. Esto ha ido demasiado lejos”, expresan fuentes del Ejecutivo. Sostienen que la actividad política que desarrollan ya es bastante “dura” para sus familias, como para que sus seres queridos estén “expuestos a que les persigan judicialmente por sus actividades privadas. Sin justificación alguna”.
La agenda de Moncloa estaba a rebosar este martes. A los 19 acuerdos rubricados entre España y el gigante asiático se sumó la petición de Sánchez a China para que se involucre más en las situaciones de inestabilidad generadas por Donald Trump y así favorezca la paz. También la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por real decreto. Y Bolaños compareció para vender la presentación de tres anteproyectos de ley.
Estas normas, que aún están en un estadio lejano a su aterrizaje en el Congreso, representan avances para cumplir con los compromisos del plan de acción por la democracia que diseñaron meses después de la imputación de Gómez, en septiembre de 2024.
El procesamiento de Gómez, sin embargo, copó la mayoría de las preguntas que tuvieron que afrontar los ministros en rueda de prensa. “No hay viaje que no tenga su correspondiente resolución [de Peinado]; “si está Begoña Gómez”, “ya está garantizado”, afirmó Puente.
El mismo que dio a entender que esta causa está entre las que buscan “violentar el espacio de los representantes elegidos legítimamente”. O quien consideró que la investigación tiene elementos “prospectivos”, entre otras apreciaciones.
La dirección del PSOE lleva tiempo situándose en el “peor” escenario
En la cúpula de Ferraz interpretan que el caso de Gómez, pero también la presunta corrupción de José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Koldo García, ya no les “afectan” de cara a su electorado. Que están “amortizados”. A diferencia de los frentes judiciales que cercan a la esposa del presidente o a su hermano, David Sánchez, en la dirección socialista no ponen en duda las supuestas corruptelas de dos de los secretarios de Organización de Sánchez.
Un dirigente de primer nivel anticipa desde hace semanas que están preparados para el “peor” escenario, tanto en ésta como en el resto de causas que les señalan. Esto es: se han mentalizado de que Gómez, como el hermano del jefe del Ejecutivo, tiene muchas papeletas para acabar sentándose en el banquillo.
Ni siquiera descartan que puedan ser condenados en primera instancia. De igual modo que en el Gobierno, están convencidos de que una instancia “superior”, como la Audiencia Provincial o el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, acabarán corrigiendo las resoluciones que están por venir. En ningún caso son optimistas con los plazos.
“El tiempo pondrá todo y a todos en su sitio”, vaticinó Sánchez desde Pekín. En sus filas, como en las de sus socios de izquierdas, no le contradicen. Al menos, en lo que tiene que ver con este frente. Aquí, el frente contra Peinado aglutina a todos los socios de izquierdas, los cohesiona. No está tan claro si servirá también como pegamento con sus socios de derechas si se confirman estos hechos.
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