El Gobierno pisa el acelerador para llevar al Congreso la reforma constitucional que blindaría el derecho al aborto dentro de la Carta Magna, para hacerla coincidir con el inicio de la campaña a las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Con Juanma Moreno (PP) acariciando una nueva mayoría absoluta según todas las encuestas, fuentes del PSOE aseguran que la Mesa de la Cámara Baja calificó esta iniciativa y autorizó este jueves su tramitación urgente, como reclamaba el Ejecutivo. Son plenamente conscientes de las contradicciones que cabalga el partido conservador ante la interrupción voluntaria del embarazo.
La tramitación por la vía de urgencia permite acortar los plazos a la mitad, y por tanto rebaja de 15 a sólo siete los días el periodo en los que los grupos pueden presentar enmiendas. La idea que hoy contemplan interlocutores parlamentarias socialistas es que el texto llegue al debate de totalidad, la prueba de fuego de la iniciativa, en el pleno del 21 y 22 de abril. Y que su votación definitiva se produzca inmediatamente después, siempre que logre superar la fase de totalidad.
Fuentes de la dirección socialista especulan incluso con conseguir “la tercera reforma constitucional” en la legislatura, aunque saben que este escenario se antoja prácticamente imposible. El Ejecutivo aprobó el martes el texto en segunda vuelta en Consejo de Ministros. Y la idea que reiteran es que el PP, que ha apoyado el pacto de Estado contra la violencia machista, debería poder avalar este blindaje, que se articularía con la inclusión de un nuevo apartado en el artículo 43 de la Constitución.
Más allá del desgaste que aspiran a generar a los conservadores forzándoles a explicar sus decisiones -“Que se retraten”-, en el PSOE se muestran convencidos de que no tienen argumentos sólidos para sustentar su oposición. Fuentes de Moncloa repiten con frecuencia que no pueden dar “por amortizado” el desprecio del PP a cualquier iniciativa que planteen, independientemente de su contenido. De facto, suelen hacerlo.
Por su parte, los populares han rechazado en varias ocasiones avalar esta reforma, que consideran “una cortina de humo” de la coalición de Pedro Sánchez. “Ya lo intentaron en Aragón [elecciones del 8-F], meterlo en campaña”, abundan fuentes de la dirección del PP. Como ellos, el PNV cree que esta modificación, cuestionada desde el prisma técnico por distintos juristas, podría debilitar el derecho de las mujeres a abortar, logrando el fin contrario al que persigue la reforma.
“Tenemos dudas del interés político que pueda tener este debate en estos momento, en estas fechas electorales. Porque parece que responde más al interés de un partido político para confrontar con otro partido a nivel del Estado que a asegurar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, argumentó el miércoles la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, en una entrevista en Onda Vasca.
Tampoco ERC lo ve claro. A finales de octubre, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, vendió las bondades de esta reforma en la comisión del ramo en el Congreso. Pilar Vallugera, diputada republicana, reprochó a Redondo que les hiciera perder el tiempo, informa Europa Press, toda vez que no contaban con los votos necesarios. Hoy siguen en la misma situación.
Una reforma imposible sin el PP
Dada la aritmética parlamentaria actual, PSOE y Sumar saben que requieren de los votos del PP para congregar una mayoría de 3/5 en ambas cámaras, Congreso y Senado. Y que el Partido Popular, que evita desde hace años cualquier mención al aborto en sus congresos y ponencias políticas, se encuentra en plenas negociaciones con Vox para formar gobiernos en Extremadura y Aragón. También recuerdan que la ultraderecha se opone rotundamente a este derecho.
El Gobierno cuenta con generarles dificultades, como también aspira a hacerlo con el propio Moreno. Un candidato que se aleja de las formas más bruscas y de los debates más ideológicos, al que pretenden poner entre la espada y la pared llevando a la palestra una cuestión espinosa para su partido a las puertas de la campaña electoral. Si se cumplen los plazos que han proyectado, la votación definitiva de la reforma podría producirse el jueves 30 de abril. Esto es, escasas horas antes del comienzo oficial de la campaña, el 1 de mayo.
Los socialistas no olvidan la oposición del PP a la ley de plazos de José Luis Rodríguez Zapatero, que se materializó en movilizaciones sociales y en un recurso ante el Tribunal Constitucional. Tampoco obvian que el fracaso de la contrarreforma del ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón (PP) desembocó en su dimisión. Ni disimulan que el pulso mantenido durante meses con las comunidades gestionadas por los conservadores, que rechazaban desarrollar un registro de objetores en la sanidad pública -como les exige la ley-, les granjeaba rédito político.
Una batalla que viene de largo… y que también enfrentó a Sumar y al PSOE
En concreto, la modificación incorpora un cuarto apartado al artículo 43 de la Constitución, que reza: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio”.
Fue Sumar quien propuso en primer lugar una modificación constitucional a través de este artículo en 2024, para recibir un portazo del PSOE y de la propia Redondo. La ministra de Igualdad asumiría esta idea como propia tiempo después, y su Ministerio, el de Presidencia y Justicia y el de Sanidad pactarían un texto de mínimos que fue aprobado en primera vuelta en octubre. A posteriori fue enmendado por el Consejo de Estado, para enfado de Sumar, y finalmente resultó aprobado en segunda vuelta, el martes.
Hace poco más de mes y medio, la portavoz de Sumar en la Cámara Baja, Verónica Barbero, afirmó en entrevista con Artículo14 que a los suyos no les contentaban los cambios propuestos por el Consejo de Estado, y amenazó con presentar batalla al socio mayoritario. Hoy, fuentes del socio minoritario en el Gobierno rebajan estas palabras, se muestran moderadamente satisfechos del texto pactado con los socialistas, y anticipan que propondrán algunos cambios durante su tramitación parlamentaria. Ambos socios reconocen que es muy difícil que el PP modifique sus posiciones, y que por tanto todo apunta a que la reforma constitucional nace muerta.
Para algunos dirigentes de ambos partidos, en un contexto de expansión de las fuerzas de ultraderecha, es necesario dar esta batalla política en público. Incluso sabiendo que el PP sentenciará esta modificación con sus votos.
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