La sala de lo contencioso administrativo decide este martes sobre un recurso interpuesto por la Asociación Independiente de Fiscales que sostiene que Álvaro García Ortiz no puede seguir al frente de la fiscalía general del Estado. La APIF destaca entre los motivos la “sucesión de errores jurídicos, despropósitos y errores graves” de quien está al frente del Ministerio Público.
Piensan desde esta asociación que su nombramiento fue “progubernamental” y que el Ejecutivo incurrió en una “arbitrariedad” porque es la primera vez que se designa a un fiscal general sin el aval de idoneidad del Consejo General del Poder Judicial. Añaden a su lista de razones que el Alto Tribunal tumbó uno de los movimientos clave realizados por García Ortiz a su llegada a la fiscalía: el ascenso a fiscal de sala de Dolores Delgado, quien fuera ministra de justicia.
El último motivo que dan para pedir, al menos su cese temporal, es que está en curso una investigación penal: “Si continuara siendo fiscal general del Estado durante el transcurso del procedimiento, él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir en la causa”.
Los integrantes del tribunal que adoptará la decisión final de lo contencioso administrativo son, mayoritariamente, conservadores. El ponente es es el magistrado José Luis Requero, al que acompañarán Pablo Lucas , Pilar Teso, Luis María Díez -Picazo y Antonio Jesús Fonseca-Herrero . Fuentes del Alto Tribunal consultadas por Artículo14 aseguran que no será una decisión unánime porque hay debate interno sobre si puede inmiscuirse en este asunto.
“La suspensión se regula en el artículo 383 de la ley orgánica del Poder Judicial. Pero en el estatuto orgánico del ministerio fiscal no hay previsión de quién acuerda la suspensión respecto del fiscal general del Estado. Puesto que el estatuto orgánico atribuye la competencia de cesar al fiscal general por incumplimiento grave de sus obligaciones al Consejo de Ministros, creo que lo debería abordar este”, estima uno de los magistrados consultados por este periódico. Por tanto, de seguir esta tesis la decisión de apartar a García Ortiz de la fiscalía solo la tendría el Consejo de Ministros. Pero hay discrepancias, de ahí que crean que la sala llegará a una decisión con votos particulares; es decir, con diversidad de opiniones.
El caso del novio de Ayuso
El segundo frente de García Ortiz es el caso que lo investiga por revelación de secretos. Sobre él también habrá noticias esta semana porque el juez Ángel Hurtado lo citó este miércoles a las 10 de la mañana para aclarar si fue él el filtrador de los datos fiscales de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
García Ortiz intentó posponer la declaración porque quería que el juez primero tomara declaración a más periodistas como testigos e interviniera el móvil del jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, que fue el que primero difundió información fiscal sobre González Amador. En concreto, el contenido de un correo del doce de marzo que daba a entender que era la fiscalía quien ofreció un pacto al novio de Ayuso y no al revés. Sin embargo, había un correo del dos de febrero entre la fiscalía de delitos económicos y la defensa de González Amador que dejaba claro que la pareja de Ayuso reconocía los delitos y ofrecía un pacto. Este mail llegó a la prensa y es el que podría haber filtrado el fiscal.
El juez contestó a la petición del aplazamiento con un duro auto en el que denegó casi todas las peticiones de la defensa del fiscal. Reivindicó “la relevancia delictiva que se encuentra en la quiebra de la confidencialidad” al desvelar el contenido del correo del 2 de febrero porque considera que esa información llegó a los medios a través de un tercero que “quien, más que divulgarlo, lo filtra subrepticiamente a la prensa”.
Concluyó Hurtado rompiendo una lanza a favor del novio de Ayuso: “Aparece en determinados medios y ámbitos que a Alberto González Amador se le considera un defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva”, reza el auto.
A este preámbulo nada halagüeño para el fiscal, se añaden los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que sitúan al fiscal general con un “papel preeminente” en la filtración. Además de haber certificado su empeño por no dejar rastro borrando mensajes de sus dispositivos y cambiando de terminal tras su imputación.
Asimismo, queda acreditado que García Ortiz conocía el contenido de los correos electrónicos desde las 21:59 del trece de marzo y justo esa noche algunos medios publicaron el contenidos de esos mails. También se sabe, por el volcado de móvil de Juan Lobato, que desde las siete de la mañana el Palacio de la Moncloa tenía la información.
Por último, otro de los indicios que cercan a Ortiz, que insiste en su inocencia y asegura que no dimitirá, son sus mensajes en los móviles de otros fiscales implicados en los que queda retratado que se afanó en que la información del correo del dos de febrero saliera a la luz para “desmentir un bulo” e intentar “ganar el relato” a Miguel Ángel Rodríguez.