El magistrado del Tribunal Supremo que instruye el ya conocido como caso Cerdán, Leopoldo Puente, se dirige a la Audiencia Nacional para que investigue las presuntas ilegalidades cometidas por la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y el ex director general de Carreteras Javier Herrero.
En el mismo auto judicial donde ha ordenado citar como investigado a Santos Cerdán, el juez señala que el informe realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) arroja “indicios consistentes” de que Pardo de Vera y Herrero “hubieran podido prestar, en el marco de las indebidas adjudicaciones”, asistencia a José Luis Ábalos, a través de Koldo García, “para que las adjudicaciones proyectadas por ellos pudieran llegar a buen término”, facilitando de manera inmediata la información conveniente que obraba en los diferentes expedientes, o la salida a licitación de otros, siguiendo las directrices que el Ministro, a través de su asesor, les impartía.
Sin embargo, considera que las conductas presuntamente ilegales de ambos, por ser “instrumentales o accesorias” a la finalidad esencial perseguida indiciariamente por Ábalos, no deben investigarse en el Alto Tribunal, de modo que acuerda deducir testimonio del informe de la UCO al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional para que, si lo considera justificado, investigue los hechos incluidos en el citado informe.
Señala también el juez Puente que en el informe de la citada unidad de la Benemérita se refieren determinadas conductas, eventualmente delictivas, que pudieran haber protagonizado los empresarios Francisco Javier Lorente y Miguel Moreno Purroy. El magistrado considera que en este momento no se halla vínculo alguno entre dichas conductas y los comportamientos que cabe atribuir, en términos indiciarios, al exministro, por lo que también deduce testimonio para el esclarecimiento de dichas conductas por la Audiencia Nacional.
En este contexto, Puente identifica también las obras que, durante el periodo en el que Ábalos fue titular de la cartera de Transportes, pudieron haber sido adjudicadas irregularmente. Con el fin de profundizar en el modo en que se produjeron dichas adjudicaciones, el instructor acuerda requerir a ADIF y a la Dirección General de Carreteras para que le remita, en un plazo máximo de quince días, los expedientes de adjudicación de diversas obras. En concreto, solicita toda la documentación relativa a la licitación de cinco obras a ADIF (San Feliú de Llobregat, El Mayor, Murcia, Monforte y Asturias) y de seis a la Dirección General de Carreteras (Logroño, Sevilla, Asturias, Úbeda, Teruel, Camino de Santiago).