El instructor del Caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, citado como investigado al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para el próximo 30 de junio. Asimismo, el juez ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar su patrimonio, tras el informe que le sitúa en el epicentro de una supuesta trama de amaño de obras, y ha ordenado al PSOE que facilite el acceso y clonado del correo corporativo de Cerdán.
Ahora, Puente explica que la citación no será voluntaria, como acordó inicialmente, dado que Cerdán perdió su aforamiento al dejar su acta de diputado, de modo que el Supremo ya no necesita recabar el permiso de la Cámara Baja para actuar en su contra.
El Alto Tribunal expone asimismo que retiene la competencia para investigar a Cerdán, ya sin ser aforado, dada su conexión inescindible con los hechos referidos al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, que sigue siendo diputado.
A este respecto, recuerda que Cerdán “pudiera haber participado, actuando de consuno con el aforado (Ábalos), en la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas, al punto que pudiera ser éste, Santos Cerdán, quien se encargara de distribuir entre los diferentes partícipes las cantidades recaudadas”.
En un paso más, informa Europa Press, el magistrado autoriza a la UCO a investigar cuentas y productos bancarios en los que el ex secretario de Organización del PSOE figura como titular, autorizado o representante, con exclusión de las vinculadas al PSOE y a la Fundación Pablo Iglesias, así como bienes inmuebles o vehículos.
El instructor también se requiere información tributaria del hasta hace una semana ‘número tres’ del PSOE para conocer su situación financiera, así como la evolución de la misma.
Más de 500 cuentas a rastrear
Además, ha citado como investigados a cinco empresarios, entre los que destacan Joseba Antxón Alonso Egurrola, de Servinabar, la empresa de la que Cerdán tendría el 45% y que recibió más de 75 millones de euros en obras presuntamente adjudicadas de forma irregular por el Gobierno navarro.
Destaca igualmente Fernando Merino, ex directivo de Acciona Construcción, una de las principales constructoras implicadas, de acuerdo con el informe de la UCO. Según los investigadores solo sus presuntas mordidas supusieron 620.000 euros.
Entre los empresarios investigados se encuentran también los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos (OPR), y José Ruz, vinculado a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), otras dos empresas que la UCO sitúa en los presuntos amaños.
Todos ellos tendrán que declarar ante el Supremo entre el 4 y el 7 de julio, “en su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles” que “habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de éstas de concretas obras públicas a cambio de precio”.
Puente explica que, “tratándose de personas que, siempre en los términos indiciarios que corresponden a la fase procesal en la que nos encontramos, pudieran haber participado en la realización de pagos que, en parte, habría podido recibir la persona aforada en esta causa especial”, en alusión a Ábalos, “la conducta de aquellos aparecería también indisociablemente unida a la de éste”, por lo que debe investigarlos el alto tribunal.
Respecto a ellos, el juez también accede a la petición de la UCO de requerir la información bancaria con relación a las cuentas o productos que aparezcan a nombre de cualquiera de los mencionados investigados o al de las empresas, Acciona Construcciones, Servinabar, OPR y LIC, en cuyo beneficio podrían haber actuado, así como a nombre de Fiadelso, “fundación estrechamente vinculada” a Ábalos. En total, ordena indagar en más de 500 cuentas bancarias.
Posible investigación de Pardo de Vera
El magistrado Puente explica que del informe de la UCO del 5 de junio resultan “indicios consistentes” respecto a que la entonces presidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero “hubieran podido prestar, en el marco de las indebidas adjudicaciones”, asistencia a Ábalos, a través de Koldo, “para que las adjudicaciones proyectadas por ellos pudieran llegar a buen término”, facilitando de manera inmediata la información conveniente que obraba en los diferentes expedientes, o la salida a licitación de otros, siguiendo las directrices que el Ministro, a través de su asesor, les impartía.
Sin embargo, considera que las conductas de estas dos personas, por ser instrumentales o accesorias a la finalidad esencial perseguida indiciariamente por el aforado, no deben investigarse en el Supremo, de modo que acuerda deducir testimonio del informe de la UCO de 5 de junio al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional para que resuelva, si lo considera justificado, investigar los hechos incluidos en el citado informe relativos a ambos.