El debate sobre la financiación singular para Cataluña ha vuelto al centro de la política española tras el anuncio de un acuerdo político entre el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El pacto, cerrado en la Moncloa, establece las bases de un nuevo modelo que, según los republicanos, supondrá 4.700 millones de euros más para Cataluña y un incremento de hasta el 12 % en su capacidad presupuestaria.
Sin embargo, la financiación singular para Cataluña aún está lejos de ser una realidad efectiva. El acuerdo anunciado es, por ahora, estrictamente político. Para que la financiación singular catalana entre en vigor deberá ser validada en el Congreso de los Diputados. Un trámite parlamentario que se prevé complejo y lleno de obstáculos. Especialmente por la oposición de Junts, cuyos votos son imprescindibles y que ya ha advertido de que podría tumbar la iniciativa.
El principio de ordinalidad, eje del acuerdo
El núcleo del pacto sobre la financiación singular para Cataluña es la aplicación del llamado principio de ordinalidad. Según explicó Junqueras tras su reunión con Sánchez, este criterio implica que las comunidades autónomas que más aportan al sistema común deben mantener una posición equivalente a la hora de recibir recursos. “Si Cataluña es la tercera en aportar, también debe ser la tercera en recibir”, defendió.
Este principio, recogido en el Estatut de Cataluña, ha sido una reivindicación histórica del nacionalismo catalán y de otras comunidades de la franja mediterránea, que consideran que el sistema actual las penaliza. Hasta ahora, su aplicación se había descartado para no erosionar la solidaridad interterritorial. Uno de los pilares del modelo autonómico. ERC sostiene que la financiación singular para Cataluña puede implementarse sin que ninguna comunidad salga perdiendo. Siempre que el Estado compense a las regiones con menos recursos, claro.
Lo que no incluye la financiación singular
Pese a su alcance, el acuerdo sobre la financiación singular para Cataluña deja fuera una de las demandas más simbólicas de ERC: el traspaso a la Generalitat de la recaudación y gestión del IRPF. Junqueras reconoció que no ha sido posible cerrar ese punto con el Gobierno. Aunque insistió en que sigue siendo una cuestión “pendiente y pactada”.
Para los republicanos, la capacidad de gestionar el principal impuesto directo es clave para avanzar hacia un modelo más autónomo. El hecho de que la financiación singular para Cataluña no contemple aún este aspecto alimenta las críticas de quienes consideran el acuerdo insuficiente y demasiado limitado en comparación con el concierto económico vasco y navarro.
Junts, el principal escollo parlamentario
Una vez anunciado el pacto, todas las miradas se han dirigido a Junts. La formación independentista cuestionó de inmediato el contenido de la financiación singular para Cataluña, preguntándose públicamente “dónde está el concierto económico” que, según recuerdan, se prometió durante negociaciones previas.
👀On és el concert econòmic que es va pactar per investir Salvador Illa? pic.twitter.com/4Rfw1wlusA
— Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) January 8, 2026
Para Junts, el acuerdo representa una rebaja de las aspiraciones iniciales y no cumple con lo pactado en el bloque independentista. Esta división interna añade incertidumbre al recorrido parlamentario de la financiación singular para Cataluña, que necesitará una aritmética muy ajustada para salir adelante en el Congreso.
La defensa del Gobierno y el choque territorial
Desde el Ejecutivo, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, salió al paso de las críticas asegurando que con la financiación singular para Cataluña “todas las comunidades van a estar mejor financiadas”. El Gobierno insiste en que el sistema actual lleva 13 años caducado y que la reforma es imprescindible para reforzar la sanidad, la educación y las políticas sociales.
No todos los barones socialistas comparten ese optimismo. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, criticó la reunión con Junqueras y alertó de que no contribuye a generar un consenso territorial amplio. El debate, además, ha abierto un nuevo pulso con el PP de Alberto Núñez Feijóo, al que Moncloa reclama coherencia si defiende el Estado del Bienestar y el modelo autonómico.
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