La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha informado al Tribunal Supremo de que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán adquirió 1.350 participaciones de la empresa Servinabar 2000 por valor de 6.000 euros.
Así consta en un oficio emitido el lunes y registrado este mismo martes ante el alto tribunal en el que los agentes dan cuenta del contrato privado de compraventa de participaciones fechado el 1 de junio de 2016 y firmado por el propio Cerdán y por el empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola.
La Guardia Civil ha aportado a la causa el documento que incautaron el pasado 10 de junio en el registro realizado en el domicilio de Alonso Egurrola por orden del magistrado Leopoldo Puente, que está cargo de la investigación al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.
Se trata del documento que los agentes encontraron en el registro del domicilio del empresario ahora investigado Joseba Antxón Alonso Egurrola, administrador único de dicha empresa, que revela que Cerdán era dueño del 45% de Servinabar. Según los investigadores, dicha compañía se hizo con adjudicaciones del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.
Aunque la UCO ya había informado al Supremo se había incautado de dicho contrato privado de compraventa, este mismo martes ha presentado un oficio en el que da cuenta del contrato fechado el 1 de junio de 2016, “firmado en sus cuatro páginas” por el propio Cerdán y por Alonso Egurrola, “y estampado en su hoja final con el sello de la sociedad Servinabar”.
La Guardia Civil ha aportado esta documentación después de que el magistrado Leopoldo Puente -que investiga al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García por el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública- le pidiera que le entregase copia del contrato “a la mayor brevedad posible”. “Atendiendo a dicho requerimiento, se aporta, junto al presente oficio, copia de dicho contrato de participaciones”, señalan los agentes.
En el documento consta que Joseba Antxón Alonso Egurrola -titular de de 3.000 participaciones sociales “con valor nominal de un euro”- “vende y transmite” 1.350 dichas participaciones de la sociedad mercantil Servinabar 2000 SL a “Santos Cerdán, que las compra y adquiere, libre de cargas, por el precio de 6.000 euros, que el vendedor declara recibido, dando la más completa y eficaz carta de pago”.
En el contrato, Cerdán y Alonso Egurrola también firman que “ambas partes se someten a los juzgados y tribunales de Navarra para la resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir en relación con el presente contrato”.
La semana pasada la defensa de Cerdán pidió al magistrado instructor que reclamase a la Policía Judicial que remitiera “de forma urgente” al Supremo la “escritura privada” en cuestión “con el fin de realizar las comprobaciones pertinentes” sobre dicho documento, así como para “poder acudir a la notaría pertinente a cotejarlo” y poder declarar al respecto en su comparecencia como investigado.
El ‘Informe Cerdán’
La llegada de Cerdán al procedimiento tuvo lugar a raíz del informe, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, en el que la UCO sitúa a Cerdán como origen de una presunta trama de cobro de comisiones por obra pública.
Según los agentes, su protagonismo varió: menguando primero, para “gestionar pagos” a Ábalos y a Koldo –solo las mordidas que habrían obtenido de Acciona ascenderían a 620.000 euros–; para finalmente volver a ascender.
La Guardia Civil sostiene que la operativa habría comenzado en Navarra, área de influencia de Cerdán y Koldo, quienes tenían “una estrecha relación” a cuenta de la política local; y en el año 2015, desde cuando la UCO observa “una continuidad temporal” en las relaciones de García con Acciona.
El detonante sería “una explotación minera de potasa entre Navarra y Aragón vinculada a la mercantil Geoalcali”, que “contrató los servicios de Acciona” en una Unión Temporal de Empresas (UTE) con “otra pequeña mercantil, Servinabar”, una de las empresas registradas el pasado martes en el marco de estas pesquisas. La UCO explica que “el valor añadido” de esta última cobra “sentido” por “la relación existente entre Santos, Koldo y ambas empresas”.
La UCO llama la atención sobre “la discrecionalidad con la que se adjudicaban obras en el Ministerio de Transportes” y, en concreto, le “resulta de especial relevancia” que Ábalos ordenara a Koldo que “hablara con Santos antes de decidir nada”, cuando “éste no ostentaba cargo alguno dentro del Gobierno”.
En esa nueva tesitura, Cerdán habría quedado relegado a “gestionar pagos“. La Guardia Civil da detalle en su informe de algunas de estas “contraprestaciones económicas”. En concreto, las “dimanantes presuntamente de Acciona, percibidas por Ábalos y Koldo, y gestionadas por Cerdán, ascenderían a 620.000 euros, si bien a criterio de Koldo aún quedarían 450.000 euros pendientes de abono”.
En una conversación intervenida, Koldo explicó a Cerdán que Ábalos habría percibido 550.000 euros de dos adjudicaciones de Murcia, quedando por abonarle 450.000. Cerdán se comprometió con García a conseguir ese dinero: “Voy a ir a por todo, voy a ir a pedir todo”.