La gestión política del accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha abierto un nuevo frente para el ministro de Transportes. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado la dimisión de Óscar Puente por sus declaraciones sobre el responsable de circulación de Adif que autorizó la marcha de uno de los trenes siniestrados. La organización considera que el ministro ha señalado prematuramente a un trabajador cuando todavía se investigan las causas de la tragedia.
En un comunicado publicado el 28 de octubre, CSIF exige al Gobierno que garantice el respeto a la investigación y a la presunción de inocencia del empleado. El sindicato acusa a Óscar Puente de utilizar al trabajador como «chivo expiatorio» en lugar de asumir responsabilidades políticas por el funcionamiento del sistema ferroviario.
La organización ha reiterado sus críticas este jueves, cuando el balance provisional del accidente se ha elevado a 69 fallecidos. Miguel Borra, presidente nacional de CSIF, ha considerado inaceptable que se señale públicamente a un empleado antes de esclarecer lo sucedido y ha insistido en que las responsabilidades deben determinarse mediante una investigación rigurosa.
Las declaraciones de Óscar Puente que han provocado la polémica
El enfrentamiento surge después de la comparecencia de Óscar Puente en el centro de control ferroviario de Atocha, desde donde se gestionaba la circulación de los trenes que colisionaron en las inmediaciones de Urda.
Según la reconstrucción inicial del Ministerio de Transportes, alrededor de las 8:30 horas del miércoles se produjo un fallo informático que dejó fuera de servicio el sistema de seguridad LZB. La incidencia provocó la detención automática de varios convoyes que circulaban por ese tramo de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.
Sin embargo, a las 8:36 horas, desde el centro de control de Adif se autorizó a un AVE de Renfe a reanudar la marcha con normalidad. El tren recorrió aproximadamente 25 kilómetros antes de alcanzar a un Iryo que permanecía detenido cerca de la estación de Urda.
Puente calificó aquella autorización de «inexplicable» y «a todas luces errónea». El ministro explicó que los protocolos ferroviarios exigían circular con precaución y a una velocidad que permitiera detener el tren ante cualquier obstáculo. También confirmó que el trabajador responsable de transmitir la autorización estaba identificado.
No obstante, el ministro precisó que no atribuía todavía responsabilidades personales y que correspondería a la investigación determinar lo sucedido. Esta distinción resulta fundamental: las declaraciones de Puente apuntaban a una decisión operativa, pero no establecían formalmente la culpabilidad del empleado.
CSIF ya había denunciado jornadas de hasta 12 horas en Adif
La petición de dimisión de Óscar Puente recupera además una advertencia sindical anterior al accidente. En septiembre, CSIF había denunciado las condiciones laborales de determinados trabajadores de Adif, especialmente en los departamentos de circulación e infraestructuras.
La organización alertó entonces de jornadas de hasta 12 horas diarias y turnos de cinco noches consecutivas. A su juicio, estas condiciones podían provocar un desgaste físico y mental especialmente preocupante entre profesionales que desempeñan funciones directamente relacionadas con la seguridad de los trenes.
La denuncia, publicada originalmente por El Debate el pasado 3 de septiembre, también recogía quejas por la sobrecarga de trabajo, la falta de personal y las condiciones de determinados turnos. CSIF considera que estas advertencias deberían formar parte del debate sobre la seguridad ferroviaria.
Sin embargo, no se ha acreditado que el trabajador implicado en el accidente de Toledo estuviera sometido a esas jornadas ni que la fatiga desempeñara algún papel en el siniestro. Establecer esa relación sin pruebas supondría anticipar conclusiones que corresponden a los investigadores.
El sindicato exige responsabilidades y una investigación independiente
Más allá de la dimisión de Óscar Puente, CSIF reclama aumentar la inversión en mantenimiento, revisar los protocolos de seguridad y mejorar las condiciones laborales del personal ferroviario. También exige explicaciones sobre las incidencias recurrentes y los retrasos que afectan a la red española.
Las críticas no proceden únicamente de esta organización. UGT también ha cuestionado que se señale a los trabajadores antes de concluir la investigación y ha reclamado examinar los factores organizativos y laborales que puedan resultar relevantes.
Mientras continúan las diligencias judiciales y técnicas, la prioridad es establecer qué ocurrió entre el fallo del sistema LZB y la colisión. La autorización de circulación constituye una pieza esencial de esa reconstrucción, pero todavía queda por determinar qué circunstancias permitieron que desembocara en el accidente.
CSIF ha trasladado igualmente sus condolencias a las familias de las víctimas y ha reconocido el trabajo de los servicios sanitarios, emergencias y seguridad desplazados hasta Urda. Su reclamación política permanece, entretanto, sobre la mesa: que se investiguen todas las responsabilidades sin convertir anticipadamente a un trabajador en el único culpable de la tragedia.
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